Una vivienda para poder respirar: el desahucio que amenaza el trasplante de pulmón de Joucef

Joucef (54 años) padece una enfermedad respiratoria grave y necesita un trasplante de pulmón cuanto antes. Los médicos le han dicho que en los últimos tres meses su capacidad pulmonar ha disminuido del 27% al 11%. "Estuve el mes pasado en un hospital de Santander y me dijeron que debería operarme ya, pero no puedo hacerlo porque no tengo una vivienda adecuada donde recuperarme tras la intervención", relata él mismo.

Este vecino del barrio donostiarra de Amara se enfrenta a una orden de desahucio que podría hacerse efectiva en los próximos meses. En julio de 2024 se acordó, gracias a la moratoria antidesahucios, la suspensión del procedimiento, que volvió a reactivarse en marzo de 2026, en el peor momento posible. Su abogada calcula que el desalojo podría producirse a finales de año, aunque se está trabajando para retrasarlo todo lo posible.

A pesar de no existir per se una fecha concreta para su expulsión, la orden judicial puede complicar o retrasar gravemente sus opciones médicas. "Estoy intentando hablar con la inmobiliaria, con los servicios sociales… pero no me dan una solución. Estoy al límite, no puedo esperar más, no tengo tiempo que perder", advierte el afectado. 

El sindicato de vivienda Saretxe está acompañando a Joucef y tratando de conseguir una solución para él. La casa en la que actualmente reside, en la calle Salud, pertenece al fondo de inversión Azora, que cuenta con miles de viviendas en todo el país. De momento, el sindicato asegura que no han obtenido respuesta alguna por parte de la propiedad, a la que exige que paralice el desalojo de manera inmediata.

Desde las Administraciones la alternativa que han ofrecido a Jousef, según explica Saretxe, es pedir plaza en una residencia para personas mayores, una opción que podría retrasarse meses debido a las largas listas de espera. "Nos han comunicado que, por el momento, no pueden intervenir y que habría que esperar hasta el día del desahucio, argumentando que existen otras personas en situación de mayor vulnerabilidad y que actualmente se encuentran en la calle", explican a Público desde el sindicato.

Los voluntarios que están acompañando a Jousef y ayudándole con los trámites insisten en que para él es vital contar con un lugar de residencia estable antes de la operación y denuncian la dificultad burocrática y de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas. En este caso en particular, al realizarse la intervención en un hospital externo a la ciudad, la comunicación con el hospital está siendo más compleja. "Las instituciones públicas le piden tiempo y el hospital le advierte de la urgencia de la operación", insisten.

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con Azora para conocer los motivos del desahucio y confirmar si hay una vía de comunicación abierta entre ambas partes, sin que hasta el momento se haya obtenido contestación. De igual manera, se ha tratado de contactar con el Ayuntamiento de Donosti para conocer qué recursos existen cuando se dan este tipo de situaciones.

Toda esta incertidumbre está pasando factura emocional a este vecino donostiarra que "cada vez se siente más desanimado ante la imposibilidad de saber dónde podrá vivir y recibir el tratamiento que necesita". Jousef vive en la calle Salud desde 2013. Hace unos años su contrato de arrendamiento venció y los propietarios se negaron a acordar una renovación. Saretxe recuerda que, en esta misma calle, Azora tiene en posesión otros tres portales. "Llevamos años denunciando los abusos de este fondo en Donostia. Entre ellos se encuentran diversos procedimientos de desahucio, la aplicación de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler y la falta de mantenimiento y reparación de desperfectos en las viviendas",  subrayan.

El barrio de Amara es uno de los que más está sufriendo la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos en San Sebastián. El próximo 7 de septiembre Saretxe ha convocado una reunión vecinal para "profundizar en los siguientes pasos" para evitar que este vecino se quede en la calle. Afirman que "aunque la vía judicial parezca casi acabada, la lucha no ha hecho más que empezar". 

No tener vivienda pone en riesgo la salud

Los activistas que están acompañando a Joucef en este proceso insisten en la gravedad de que la situación habitacional de una persona condicione su salud, incluso su vida. Las asociaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión o en situación de calle tratan de concienciar de las consecuencias mentales y físicas de no tener un techo y una red de apoyo estable.

Un estudio de la fundación Arrels alerta de que la mayoría de personas sin hogar vuelven a la calle tras recibir un alta hospitalaria, uno de cada cuatro no puede tomar medicamentos recetados y un 25% no tiene cobertura sanitaria. De acuerdo con esta encuesta, poco más de un 13% de las personas sin vivienda recibe un alojamiento estable tras recibir el alta. Aunque estos datos se recopilaron en la ciudad de Barcelona, ayudan a dimensionar el problema en el resto del Estado.

La Fundación Aire explica a este medio que la decisión de entrar en una lista de espera para un trasplante es una decisión médica en la que influyen muchos factores, tanto físicos como emocionales o sociales. De igual manera, insisten en que son los servicios sociales de cada municipio quienes suelen gestionar las diferentes ayudas que necesitan recibir los pacientes. 

Una operación de este tipo es extremadamente compleja y conlleva un alto riesgo de infecciones y rechazo. Se necesita un lugar de reposo tranquilo e higiénico. Los comités de trasplantes suelen incluir como contraindicación relativa o temporal las intervenciones en personas sin un entorno sociosanitario o de un soporte domiciliario adecuado. Aun así, esto no debería implicar que una persona quede excluida del proceso.

Fuentes médicas consultadas por este medio explican que lo razonable ante este tipo de problemas habitacionales es activar lo antes posible los recursos sanitarios y sociales necesarios para poder garantizar tanto un seguimiento como los cuidados necesarios tras el trasplante. En casos como este, lo habitual sería que el equipo de Trabajo Social del hospital, junto con los servicios sociales, buscasen una alternativa para el postrasplante. En definitiva, no debería darse el caso de que una persona sea penalizada por no contar con los recursos necesarios.