Historia con final feliz. Han sido meses de sufrimiento, prácticamente un año, pero finalmente el pequeño Diego, de solo 21 meses, ya puede tomarse un zumo con sus padres en una cafetería del valenciano barrio de Monteolivet. Detrás queda el surrealista calvario que retuvo al niño en Bolivia contra la voluntad de sus padres, que se toparon con un muro de burocracia, normativas draconianas y también mala suerte.

"Todavía no habla, y la pediatra reconoce que, a pesar de que es normal, puede tener relación con el hecho de haber estado separado de sus padres y con poca interacción con otra gente", explica la madre, Sara Murillo, "pero, al menos, ahora ya puede salir de casa sin problemas. Al principio de llegar a València, cada vez que salíamos de casa lloraba cómo si se hubiera hecho daño. Y es que en Bolivia estuvo casi un año sin salir de casa. Ahora, despacio, la situación se va normalizando".

La desventura de Sara, el padre, Fran Gonzales, y Diego, empezó hace año y medio, cuando el niño tenía justo cinco meses y decidieron viajar a Bolivia para que conociera la abuela, puesto que Gonzales es originario de este país. Como ya explicó Público en este artículo, la familia no esperó a tener la documentación que acreditaba la residencia de Diego en el estado español.

"Recomendamos a todo el mundo que se informe muy bien antes de hacer cualquier paso", destaca Murillo, "aunque nosotros lo hicimos, yo fui a la comisaría de Zapadores [que gestiona los temas de extranjería en València] y allí me aseguraron que si el niño había nacido aquí, no tendría problemas para volver. Pero claro, me lo dijeron solo verbalmente".

Pero mientras estaban en Bolivia, a Diego le denegaron la residencia, puesto que en aquel momento, el padre tenía la tarjeta de residente extinguida, hecho que desconocía. "Fue un conjunto de mucha mala suerte, puesto que también habríamos podido inscribir el niño a mi nombre, que yo sí que tenía la residencia", recuerda Murillo.

Así, cuando quiso volver a València le denegaron el acceso al avión. Después de muchos intentos frustrados no le quedó más remedio que dejar el niño, que entonces tenía solo cinco meses y tomaba exclusivamente leche materna, con la abuela y desde aquí pedir el reagrupamiento familiar.

Su sorpresa fue mayúscula cuando Extranjería le denegó el reagrupamiento porque sus ingresos según la declaración de la renta no llegaban al mínimo exigido. "Era todo muy desesperante, porque mis nóminas demostraban que sí que tenía los ingresos, pero la declaración de la renta era del año anterior, que con los cierres por la pandemia había visto reducidos drásticamente los ingresos", continúa Murillo, mientras que Gonzales en aquel momento se encontraba en paro.

En el mismo artículo de Público, Paco Solans, abogado experto con cuestiones de extranjería, explicaba que la petición de la declaración de renta no se encuentra recogida por ninguna norma y era "un requisito de más" que pedía la Oficina de Extranjería de València.

"El día siguiente de publicarse el artículo, nos llamó nuestro abogado del CAI [Centro de Atención a Inmigrantes, una ONG que ofrece ayuda jurídica en casos de extranjería] que le habían llamado desde Extranjería para pedirle un informe sobre nuestro caso", recuerda Murillo, "y nos recomendó de poner el énfasis, no en la parte económica, sino en el interés del menor. En poco más de una semana, el 1 de marzo, teníamos la notificación positiva para el reagrupamiento. Fue todo muy rápido, excepto conseguir los visados del Gobierno boliviano, que nos hicieron esperar dos meses más".

El momento más duro para Murillo fue cuando se reencontró con su hijo en el aeropuerto de Santa Cruz, en Bolivia, después de casi un año de solo verla por videollamada. "No me reconoció, no me quería abrazar y me daba la espalda. Fue muy doloroso, pero por suerte duró poco y el día siguiente ya quería ir conmigo en todas partes".

De hecho, recuerdan que los primeros días del retorno en València, "Diego nos seguía a todas partes, si íbamos al comedor, venía, si íbamos a la habitación, también. No se quería quedar solo".

Ahora confían en que el proceso de adaptación continue y en septiembre pueda empezar el curso en la escuela infantil con normalidad. Y solo tienen palabras de gratitud por toda la gente que se ha interesado por su caso: "En el trabajo me ayudaron con todo el que necesité, desde demostrar los ingresos hasta darme festivos para poder viajar a Bolivia, los abogados del CAI, la gente que recogió firmas... Fue muy duro, pero lo hemos conseguido".