ZARAGOZA .- Las acusaciones contra Los 8 de Yesa menguan. Y lo hacen después de haber zozobrado al probar en la segunda sesión del juicio el forense Juan Antonio Cobo y el perito de la defensa Abel Gago que la mayoría de las lesiones por las que los guardias civiles piden cárcel para los acusados por la protesta contra el pantano del Pirineo eran anteriores a los incidentes (varias eran enfermedades óseas crónicas) y que algunos de ellos ocultaron al Instituto de Medicina Legal (Imla) accidentes posteriores que les causaron daños.

El fiscal Manuel Torralba y la acusación que ejerce el letrado Mariano Tafalla en nombre de los agentes redujeron por ese motivo las peticiones de condena (solicitaban penas de hasta seis años y medio de prisión) hasta los 24 meses de cárcel por el delito de atentado que imputan a los ocho acusados, pasaron a solicitar multas en lugar de encarcelamientos por las supuestas lesiones y que, en el caso de los guardias, retiraron el cargo de desórdenes públicos.

Eso supone que, incluso en caso de condena y siempre tras el pago de las eventuales indemnizaciones, los ocho acusados eludirán el ingreso en prisión, ya que ninguno de ellos tiene antecedentes y no puede serle impuesta una pena superior a los dos años de cárcel. Las peticiones de resarcimiento se mantienen en el entorno de los 22.000 euros.

Las defensas, a cargo de los abogados José Luis Lafarga y Gema Garreta, pidieron la absolución. “Si hubo alguna agresión, fue reactiva, pero no cumple los requisitos para que pueda ser considerada como delito. Aquí nadie tuvo actitud de atacar”, señaló Garreta, para quien “la carga fue absolutamente ilegal. Requería que la orden fuera legítima, y no lo era”.

Los incidentes se produjeron el 10 de octubre de 2012, cuando un pelotón de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil cargó contra un grupo de algo más de un centenar de vecinos de Artieda, y de activistas ambientales y sociales que se desplazaron hasta el pueblo del Pirineo para apoyarles, que se concentró en la carretera de acceso al pueblo para protestar por las expropiaciones para recrecer el polémico pantano que iba a llevar a cabo la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro).

Antes de la demoledora intervención del forense y el perito médico, el primero de los cuales declaró que varios de los agentes habían “perdido la credibilidad” tras constatar que habían ocultado datos, pasaron por la sala estos y sus mandos. Incurrieron en contradicciones en aspectos como la formación que habían desplegado en la carga, acerca de quién sacó de la refriega a un guardia que había perdido el casco y el escudo y, también, sobre la actitud del grupo, agresivo para la mayoría mientras un guardia describía “una manifestación pacífica, pero como no se despejan tuvimos que usar los medios que teníamos”.

Aunque también mostraron patrones comunes, como ratificar las identificaciones de las personas a las que imputan sus lesiones -ocho de los más de cien integrantes del grupo que cortó la carretera- al mismo tiempo que les resultaba imposible determinar delante de qué otros manifestantes habían estado esa mañana.

En la vista, no obstante, quedaron algunas lagunas. La principal: ¿quién dio la orden de cargar? El capitán de la Guardia Civil de Ejea explicó que entre su llamada a la comandancia de Zaragoza para informar de que las personas que participaban en la protesta rechazaban disolverse y el primer aviso de los antidisturbios al grupo pasaron “menos de cinco minutos”. El jefe de los GRS no lo aclaró: “la superioridad decide, supongo que consultarían con la Delegación del Gobierno”.

Ambos coincidieron, no obstante, en otra apreciación. “Posiblemente” la intervención no hubiera tenido lugar si hubieran localizado al alcalde, admitió el GRS. “¿Aquello se podría haber evitado de otra manera, sin usar la fuerza?”, preguntó Garreta al capitán. “Así es”, respondió. La cuestión es que el alcalde, Javier Giménez, estaba allí. “Estaba esperando a los funcionarios en la entrada de las parcelas, como me obliga la ley”, explicó. Pero nadie se dirigió a él hasta que cesó la carga, que soportó junto con sus vecinos y los activistas, ya que se integró en el grupo cuando vió que comenzaba.

Ni él, ni su teniente de alcalde, Alfredo Solano, ni su antecesor y sucesor, Luis Solana, daban crédito a sus ojos. “Esperábamos que hubiera un diálogo, pero no hubo opción. Se abalanzaron sobre nosotros”, declaró el primero. “Nunca pensé que fueran a cargar, creía que iban a dialogar”, anotó el segundo.

Tras la carga, el alcalde firmó un acta genérica de ocupación de terrenos con los funcionarios de la CHE, organismo al que una semana antes una delegación de los vecinos había adelantado que los propietarios de los terrenos que iban a expropiar no iban a firmar los documentos particulares. Tal y como había sucedido en otras ocasiones. La última, veinte días antes. No firmar ese trámite no afecta al proceso expropiatorio.

El jefe de los GRS, por su parte, sostuvo que la actuación de sus hombres no constituyó ningún exceso. Aunque su forma de exponerlo no fue del todo ortodoxa. “¿Cómo quiere que abramos un hueco en una masa? ¿Tirando flores?”, preguntó a las defensas poco antes de anotar que en las cargas “todo está permitido, hay que tener cuidado con los órganos vitales”.

“Si está grabado es que lo diría”, admitió, cuando la letrada le leyó la transcripción de una parte de la filmación que ese día hizo la propia Guardia Civil: “A ver, niños: empujones, los que haya que dar; y si hay que dar algún puntazo [golpe de porra], se da”.

Para el fiscal, “la fuerza que ejerce la Guardia Civil es legítima” en este incidente porque las personas que protestaban “no la obedecen y se enfrenta a ella a golpes”. “Los ocho acusados fueron identificados” por los agentes, añadió, “obrando de consuno”.