La rotura de la presa de Yesa sumergiría media Zaragoza bajo 7 metros de agua

ZARAGOZA .- Una lámina de agua de siete metros de altura cubriría los barrios zaragozanos del Actur y La Almozara tras una eventual rotura de la presa de Yesa una vez recrecida, en el río Aragón, una catástrofe que anegaría la mayoría de las poblaciones ribereñas navarras y aragonesas de ese río y del Ebro y que haría que el manto alcanzara los 2,5 metros en la basílica del Pilar y los 3,5 en la Expo.

Un accidente de ese tipo, tal y como indica la simulación que ilustra esta información, inundaría la práctica totalidad de los barrios de la margen izquierda de la capital aragonesa -150.000 habitantes- y los más cercanos al río de la derecha -73.000 vecinos solo entre La Almozara y Las Fuentes- en tan solo 25 horas, que es el tiempo que tardaría en llegar a la ciudad una riada de 16.000 metros cúbicos por segundo: casi el cuádruple de la histórica y devastadora crecida de enero de 1961 y más del triple de la máxima previsión estadística para periodos de 500 años.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la simulación efectuada por el geólogo Carlos Revuelto con una herramienta informática del Cédex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) a partir de datos oficiales de varias instituciones y que esta semana ha sido presentada, dentro de las Jornadas de Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, en una conferencia titulada Yesa: recrecimiento, problemática y ¿rotura? en la que también intervino Antonio Casas, profesor del departamento de Geodinámica Interna.

“Es una estimación, pero da una idea de la magnitud”, señala Revuelta, que explica que una eventual fractura de la presa, que tras su polémico recrecimiento tendrá capacidad para almacenar 1.079 hectómetros cúbicos de agua –equivale a un millar de veces el espacio que ocupa el Santiago Bernabéu y será el mayor pantano del Pirineo-, generaría una riada de 64.000 metros cúbicos por segundo que alcanzaría la punta en 18 minutos y se mantendría, en su zona de origen, durante nueve horas y media.

La avenida tardaría media hora en llegar a Sangüesa -5.000 habitantes- con un caudal de 55.000 metros cúbicos por segundo que haría que el agua alcanzara una altura de 24 metros en la zona del ayuntamiento con una velocidad vertiginosa; sumergiría bajo láminas de entre cuatro y siete metros poblaciones navarras como Caparroso, Peralta y Funes mientras otras como Carcastillo se salvaban por su ubicación elevada; y, tras pasar con 30.000 metros cúbicos por segundo a Castejón de Ebro, ocuparía toda la llanura del valle para alcanzar en las horas siguientes un grosor de tres metros en Novillas, 4,5 en Alcalá y Cabañas y llegar a los dos en Monzalbarba, el primer barrio rural de Zaragoza por el oeste.

“Habría que desalojar en 25 horas el Actur, La Almozara y parte de Las Fuentes”, explica Revuelto, de quien hay accesibles en youtube estimaciones sobre cómo evolucionaría la crecida en el valle del Aragón y en el eje del Ebro y que insiste en que la simulación es un trabajo teórico.

“El riesgo es mayor”, anota, si se tiene en cuenta que los cálculos no incluyen el efecto del arrastre de materiales por la corriente, los posibles taponamiento y roturas de puentes, el efecto de represa de las zonas de confluencia de afluentes si ocurriera en época de crecidas ni, tampoco, el hecho de que la mera presencia de edificios conlleva en la práctica un estrechamiento de la sección del cauce, circunstancias que contribuirían a elevar la lámina de agua en un itinerario fluvial de más de cien kilómetros que carece de presas y en un escenario en el que, en cualquier caso, la capacidad de reacción sería muy limitada en la ribera del Aragón. “Pocas estructuras podrían aguantar con estos calados de agua”, añade.

Las áreas de mayor riesgo que señala el trabajo de Revuelto ante una eventual rotura de la presa de Yesa coinciden con las que señala el portal del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para un periodo de cien años. Y se encuentran en una línea similar a las estimaciones que hizo la CHE en un informe sobre las riadas del invierno de 2015, en el que señala que, de no haber estado operativos embalses como Yesa e Itoiz, se habrían producido “inundaciones muy graves en cascos urbanos, polígonos industriales y en otras zonas residenciales y agrícolas de todo el tramo Gallur-Caspe, incluida la ciudad de Zaragoza”.

Casas, por su parte, centró su intervención en las características geológicas del embalse de Yesa y la idoneidad de recrecer su presa, que calificó de “inadmisible para la seguridad de las poblaciones de aguas abajo” por los movimientos que registran sus laderas –un centímetro al año tras alcanzar los 20 en 2013-, la sismicidad de la zona y la –a su juicio- escasa solidez de la cerrada en la que se halla la pared, a lo que se añade el hecho de que su vaso no sea completamente impermeable al estar formado por margas.

El proyecto del recrecimiento incluye desde hace unos meses un nuevo factor de riesgo: una filial de la multinacional australiana Highfield Resources proyecta junto al embalse una mina de potasa de 1.472 hectáreas con galerías de 600 metros de profundidad, iniciativa que ha generado inquietud en la zona. “Embalse y mina son incompatibles”, señala Casas, ya que una explotación de ese tipo conllevaría excavaciones y voladuras subterráneas junto a la falla de Loiti –sobre la que se asienta la presa- y bajo zonas de margas, además de la necesidad de modificar el nivel freático.

El geólogo teme que una mina de esas magnitudes pueda acelerar los movimientos de las laderas del vaso, lo que elevaría el riesgo de una eventual rotura. “¿Cuántas presas han colapsado en el mundo?-se preguntó-. Un 5% ¿Cuándo dejará de moverse lentamente para pasar a un movimiento catastrófico? No lo sabemos ¿Esta noche? ¿Nunca?”.

Los opositores al proyecto de la mina mantienen que su apertura no se ajusta a la legalidad, ya que su tramitación no incluyó el concurso que el Gobierno central estaba obligado a realizar antes de autorizar su explotación.

El Ministerio de Industria ha confirmado a Publico.es la falta de ese trámite: “No hubo concurso para la explotación de dicha zona (mina Muga) realizándose únicamente trabajos de investigación por parte del Estado (a través del INI) durante la vigencia de su reserva a favor del Estado”. No obstante, fuentes jurídicas señalaron que el concurso sería preceptivo para la fase de explotación, que ahora se encuentra en las de investigación y exploración.

El mismo portavoz señaló que, tras la modificación de las zonas mineras reservadas al Estado en 1972, el área de Mina Muga “se encomienda al INI mientras que para del resto de zonas (C, D, E, F y G) se contempla la posibilidad de investigación por parte de empresas privadas”. La reserva estatal para el área cercana a Yesa, conocida como Javier-Los Pintanos, “ fue posteriormente levantada por el Real Decreto 1895/1993, de 25 de octubre”, que dejó ese amplio terreno “franco para los recursos de sales potásicas en las áreas no afectadas por otros derechos mineros” y “libres de las condiciones impuestas por la reserva” para los permisos de exploración, investigación y concesiones”.

Por último, uno de los flecos judiciales de las protestas contra el recrecimiento del embalse, el caso de Los 8 de Yesa, ha dado esta semana un giro inesperado al pedir la Fiscalía de Zaragoza que la parte de la causa que afecta a Jorge Luis Bail, miembro de Equo y diputado de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común por Huesca, sea desgajada y remitida al Supremo para que sea este quien lo enjuicie como presunto autor de un delito de resistencia.

Luis había renunciado al aforamiento y había solicitado sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza con el resto de los acusados en la vista señalada para el 23 de mayo. Alegaba que el juicio oral había sido abierto antes de que él resultara elegido, y que eso, según indica la jurisprudencia aplicada en temas como alguno de los flecos levantinos del caso Gürtel, reforzados por episodios recientes como la citación de la senadora Rita Barberá por un juzgado ordinario que investiga su conducta como alcaldesa, le permitía renunciar a lo que considera un privilegio.

La posición de la Fiscalía zaragozana, que obligará al Supremo a establecer el alcance del privilegio del aforamiento y las posibilidades de renunciar a él, contrasta con la de los guardias civiles que ejercen la acusación en este asunto, que respaldaron la renuncia del diputado oscense al privilegio.