ZARAGOZA .- Más de mil comunicaciones previas de apertura en un año, un expediente de inicio de actividad cada día y medio, dos diarios (802 en 2015 por 583 en 2014) de acondicionamiento de locales y puesta en marcha de negocios. El volumen de asuntos relacionados con el pequeño comercio y la hostelería que llegan a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza indican que “la ciudad se mueve en otra dirección”, señala su responsable, Pablo Muñoz, de ZeC (Zaragoza en Común).

La actividad comercial comienza a rebrotar en los barrios tras varios lustros en los que los efectos de la crisis acabaron de agravar los efectos de unas políticas locales no del todo favorables al sector. “Zaragoza diseñaba la ciudad sin contar con los ciudadanos –sostiene Muñoz-. Se basaba en la apariencia de los grandes eventos, en buscar reconocimiento fuera en lugar de mirar hacia adentro y hacia su gente”.

Esas tendencias se reflejaron en la calle: 1.200 comercios bajaron la persiana entre 2008 y 2014, según Ecos (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios), mientras, en esos últimos tres años, solo 600 pedían licencias de apertura en una ciudad que iniciaba el 2015 con 628 metros cuadrados de superficie comercial por cada mil habitantes.

Esa oferta de hipermercados y complejos prácticamente duplica la media estatal (358) y sitúa a Zaragoza a mucha distancia de sus inmediatas seguidoras: Murcia, con 536, y Madrid, que no llega a 500. Los 16 centros comerciales de la capital aragonesa suman 628.112 metros cuadrados, casi un tercio de ellos en Puerto Venecia, la mayor superficie del país, gestionada por una empresa británica.

En las últimas semanas, un debate artificial sobre la idoneidad de habilitar más de 100.000 nuevos metros cuadrados de hipermercados en Zaragoza, lanzado por el PP y por algunos sectores empresariales, ha agitado la vida política de la ciudad.

Los conservadores, que han solicitado un pleno extraordinario para debatir este asunto, acusan a ZeC de paralizar proyectos que supondrían una inversión de 200 millones: sendos outlet en Plaza Imperial -34.000 metros cuadrados- y en la fábrica de Pikolín -60.000-, que ha iniciado la construcción de una nueva planta para trasladarse; la construcción de viviendas en el antiguo colegio L’Estonac, a cuyos dueños el Gobierno de Aragón ha denegado un concierto educativo, y en la antigua factoría modernista de Averly e, incluso, un proyecto para abrir una clínica junto al estadio de La Romareda cuyo promotor, el grupo Quirón, ha descartado.

Los populares consideran “absurdo”, “una temeridad” y “un despropósito” vetar proyectos de ese tipo “por motivos ideológicos”, ya que supone “perder oportunidades de desarrollo”. Y, entremezclado en el debate, aparece, de nuevo, el futuro del estadio municipal de La Romareda, cuyo principal inquilino, el Real Zaragoza, anda de capa caída desde que, hace una década, se convirtió en un instrumento de intereses urbanísticos.

“El Gobierno de ZeC no va a ir al dictado de ningún interés de los que han gobernado la ciudad”, señala Muñoz, partidario de centrar el trabajo en la Zaragoza consolidada y de frenar su expansión “porque ese tipo de proyectos se llevan el esfuerzo de la ciudad, generan desinversión, precarizan el empleo y, además, requieren inversiones públicas en infraestructuras y en transporte”.

Para el concejal de Urbanismo, “el problema no es que la ciudad esté paralizada, sino que ha cambiado de ritmo y ahora apuesta por el comercio de barrio, por potenciar los mercados en lugar de las grandes superficies, de las que hay un exceso en la periferia, y por reaprovechar los equipamientos existentes en lugar de construir otros nuevos”. En esa línea se enmarcan iniciativas como el rechazo a recalificar dos millones de metros cuadrados de suelo en una zona esteparia junto a la feria y por negociar con la comunidad la apertura de las escuelas como centros deportivos y sociales por las tardes.

ZeC intenta implementar una política urbanística alejada antitética de la que ha vivido la capital aragonesa en las últimas décadas, con iniciativas como abrir procesos de participación ciudadana para definir el futuro de los “vacíos urbanos” –el primero será el de los depósitos de Pignatelli, que permitirá duplicar, de 30.000 a 60.000 metros cuadrados, el parque del mismo nombre-, reactivar los comercios de barrio e impulsar la construcción de uno nuevo de referencia, similar al de Valdespartera.

Urbanismo también quiere abrir un proceso de participación para decidir el futuro del colegio de L’Estonnac de Torrero, que lleva años cerrado. “Si hay que plantear una reconversión de uso, debe ser teniendo en cuenta las necesidades del barrio”, señala, mientras muestra su rechazo a la instalación de un supermercado porque “crear un polo de atracción iba a perjudicar al pequeño comercio”.

Sobre la recalificación de la fábrica de Pikolín para generar 60.000 metros cuadrados de superficie comercial no hay debate. “Es el punto más antagónico”, indica, porque “consumiría recursos de la ciudad y afectaría al pequeño comercio”.

Otra fábrica, esta ya cerrada, es otro de los ejes del debate urbanístico de Zaragoza. Se trata de la factoría modernista de Averly, un emblemático recinto modernista en cuya finca el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) contempla ubicar 300 viviendas pese a que sus edificios llevan años catalogados como BIC (Bien de Interés Cultural, equivalente autonómico del monumento).

Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves, a propuesta de Podemos y con el apoyo de PP, PSOE, Par, Cha e IU, una resolución por la que instan a la comunidad a “velar” por la protección de “los elementos inmuebles que hoy forman parte del patrimonio cultural”, lo que llevaría a proteger también las naves, y reclaman al consistorio de la capital “que avance en la solución de la situación en pro de la inmediata puesta en valor de este céntrico espacio de Zaragoza”.

Muñoz considera Averly, propiedad de una inmobiliaria local, “un enclave estratégico que permitirá abrir un nuevo eje cultural junto con el palacio de la Aljafería y el Caixafórum”, por lo que se inclina por negociar con los propietarios de la parcela el traslado de esa edificabilidad a otras zonas de la ciudad. “Hay muchas áreas pendientes de desarrollar en la ciudad a las que podría ir, y el ayuntamiento tiene suelo disponible para permutarlo”, apunta. “Es una cuestión política –añade-, si la mayoría del pleno quiere, Averly se puede conservar”.

La Romareda, por último, es muchas cosas en Zaragoza. Entre otras, un estadio de propiedad municipal, un objeto de debate político y una codiciada palanca para accionar operaciones urbanísticas, que en la última década han fracasado. ZeC, que paralizó hace unos meses el proceso para entregársela 75 años, vía concesión, a la fundación que ahora gestiona el equipo de fútbol –liderada por varios empresarios locales, entre ellos el presidente de Telefónica, Mariano Alierta-, rechaza construir un nuevo estadio.

“No es ninguna prioridad política”, indica Muñoz. Tampoco es que la afición reclame una ampliación: los apenas 15.000 asistentes de media a los partidos del Zaragoza dejan libre más de la mitad del aforo. Sí es consciente de que, por el contrario, casi 59 años después de haber sido inaugurada, se está quedando obsoleta y requiere algunas reformas para garantizar la seguridad.

En este sentido, el ayuntamiento ha encargado ensayos sobre la capacidad de carga y de resistencia del edificio, especialmente sobre la calidad de los forjados de hormigón y las llamadas estructuras portantes. “Cuando finalice el estudio sobre la seguridad valoraremos su coste y evaluaremos si hay que acometer reformas puntuales o una integral”, señala el concejal.

“ZeC no va a dedicar ni un euro del presupuesto municipal a reformar La Romareda”

En cualquier caso, rechaza que los eventuales ingresos por venta de suelos de propiedad municipal cercanos al estadio, como la de la parcela cuyo interés algunos medios atribuyeron a la clínica, vayan a ser utilizados para remodelar el estadio. “El Real Zaragoza debería pagar la reforma y, además, un canon por el uso de un equipamiento municipal”, anota Muñoz, que marca una línea roja en este tema: “ZeC no va a dedicar ni un euro del presupuesto municipal a reformar La Romareda. Sí pueden llegar a destinarse recursos extraordinarios, pero como adelanto”.

“Si se llega a utilizar esa pastilla de suelo para financiar una obra, algo que solo ocurriría por necesidades de seguridad y con respaldo social –añade-, la sociedad anónima deportiva que ocupa el estadio debería devolver hasta el último euro”.

El concejal de Urbanismo está en sintonía con la Comisión Europea, que considera ilegales las ayudas millonarias que los equipos de fútbol españoles reciben de las administraciones públicas locales y autonómicas por la vía de las operaciones urbanísticas.