Descontento por los plazos "exagerados" para desclasificar los secretos oficiales

El anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado este lunes por el Gobierno no gusta, de entrada, a casi nadie. Ni los socios del PSOE, Unidas Podemos, ni el resto de aliados parlamentarios se muestran favorables a la norma pensada para superar una cuenta pendiente con la democracia en España: acabar con la actual ley franquista de secretos oficiales.

También, historiadores, politólogos, periodistas o asociaciones memorialistas han mostrado su descontento y estupor acerca de una norma que, en cualquier caso, solo ha sido aprobada en primera lectura, por lo que tendrá que volver a pasar por el Consejo de Ministros para después ser remitida a las Cortes, donde también podrá ser sometida a modificaciones.

Y es que, aunque la ley fija cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), el plazo más alto supera de lejos al margen fijado por la mayoría de democracias occidentales.

En esencia, el texto aprobado por el Consejo de Ministros fija un máximo de 50 años, aunque prorrogable otros diez años más, para la desclasificación de "altos secretos" de Estado, lo que complica que se pueda acceder rápidamente a los documentos de la Transición. Esto es, asuntos sobre los que aún pesan muchas dudas, como los GAL o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aún tendrán que esperar para ser desclasificados.

A raíz de esta cuestión surge una pregunta importante al respecto: "¿Qué tienen que ocultar los que gobernaron España los últimos 40 años?", ha resumido el cofundador de Podemos y politólogo Juan Carlos Monedero.

Asimismo, otras figuras públicas y profesionales de diferentes sectores han ironizado con estos plazos "exagerados" recogidos en la ley para "impedir que se conozca lo importante":