José Manuel Tourné (México, 1959) trabaja desde hace 25 años en la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), un lobby que agrupa a la industria del cine y de los videojuegos. Testigo de los cambios a los que ha tenido que enfrentarse la industria audiovisual desde la aparición del vídeo, considera que nunca se ha vivido un momento económico tan complicado como el actual, en parte provocado, dice, por las descargas a través de Internet. No sabe si la aplicación de la futura Ley de Economía Sostenible (LES), que contempla que una comisión administrativa investigue el cierre de webs, solucionará esta situación, pero se muestra esperanzado.

¿Las medidas de la LES son las que habían pedido al Gobierno?

No. El resultado es una legislación diferente que no nos parece mal porque, en este momento, cualquier cosa que mejore la situación ya es buena. España aparece en la lista 301 [que incluye a los países que no protegen los derechos de autor] como consecuencia de lo que no se ha hecho hasta ahora. Ya en 2004 nos reunimos con la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, para crear un plan antipiratería. La legislación estaba preparada para combatir la piratería profesional, pero aún hoy no lo está para combatir la piratería por Internet. Ya entonces, nosotros explicamos la gravísima situación. Han pasado seis años, y se ha difundido el mensaje de que descargar contenidos equivale a prestar algo a un amigo.

¿Por qué la industria cultural insiste en anular la circular de la fiscalía de 2006, que considera que las webs de enlaces a material protegido no cometen delito si no hay ánimo de lucro?

Porque es necesario unificar doctrina. No debería haber una pena para el usuario pero, literalmente, el que reproduce una obra en su disco duro sin la autorización de sus titulares está cometiendo una infracción de la propiedad intelectual. Y el ánimo de lucro, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo (TS), es obtener cualquier ventaja, incluso la de carácter contemplativo. Es lo que dice la jurisprudencia del Supremo, que la circular de la Fiscalía General del Estado ha tratado de cambiar.

La ha cambiado, de hecho, facilitando el archivo de las causas contra algunas webs.

Sí, pero la circular de la fiscalía no es fuente de derecho, aunque la estén utilizando para ello. Probablemente porque rechina la interpretación del TS, que al final lleva a aplicar una pena de privación de libertad al usuario por descargar, y eso es una barbaridad. Consideramos que no se debe perseguir penalmente al usuario.

¿Y por la vía civil?

Sólo cuando se trata de quienes ponen a disposición de otros contenidos con copyright sin autorización.

Eso lo hacen todos los usuarios de redes como eMule.

Hay que perseguir al que sea responsable de causar el daño. Hay un señor que graba la película en el cine y está en cooperación con quien la sube en primer término. Después hay un conjunto de personas incluidas en los llamados release groups, que son los que distribuyen el contenido. Es a ellos a los que hay que perseguir.

Los cines españoles lograron en 2009 la mejor recaudación de la década. Hay quien piensa que esta industria exige demasiado.

Una cosa es el estreno en cines y otra el resto de fuentes de las que antes obtenía dinero la industria, como el vídeo y la venta a televisión. El cine supone el 30% de los ingresos de una película y el vídeo ha llegado a suponer hasta el 40%. Ahora, es la mitad.

Algunos creen que ese modelo no se sostiene, y que la industria no ha creado alternativas.

No es lo que nosotros percibimos, cuando sabemos que los manteros han vendido 25 millones de discos en 2009. En cuanto a la distribución legal on-line, hay sitios como Pixbox, Filmotech, Yodecido... Lo que hay que preguntarse es quién quiere invertir en el futuro digital si se lanza un supermercado y hay gente que ofrece esos productos gratis.

Las operadoras dicen que no pueden controlar lo que pasa por sus redes. ¿Les cree?

Las posibilidades técnicas existen y están desarrolladas porque las están utilizando. Cuando la policía le dice a Telefónica que hay una página de pornografía infantil, le pone coto. No se controla la propiedad intelectual porque no se le da la importancia que tiene. Seamos serios, quienes pueden controlar la Red son los prestadores de servicios. Y si hay voluntad de perseguir determinados delitos, tiene que haber voluntad de perseguir otros. La propiedad intelectual es más importante de lo que se está transmitiendo.

¿Tan importante como para que se equipare con la defensa nacional o de la infancia?

Suficientemente importante como para representar en los países desarrollados hasta el 9% del PIB. En nuestro país, apenas llega al 4%. Y no se pone al mismo nivel. No se puede actuar ni con la misma agilidad ni con los mismos medios para unas cosas y otras. Pero a nivel legislativo, se tiene que poder actuar contra ambas.

¿Por qué es necesario que una comisión administrativa investigue si una web comete una ilegalidad?

A un señor de Alicante se le cierra una web en 2007, pero la jueza de instrucción, siguiendo la circular de la fiscalía, considera que no hay delito y archiva el caso. Eso se recurre, un juez ordena en diciembre que se bloqueen sus páginas y todavía no se ha hecho. Siguen abiertas, redireccionándose. Tres años después, este señor sigue viviendo de eso y sigue causando un perjuicio.

¿Y eso no seguirá pasando tras la aplicación de la LES?

Aspiramos a poder cerrar una web en cuatro meses. Si alguien puede abrir una web en 24 horas y a nosotros cerrarla nos cuesta tres años, estamos perdidos.