Publicado: 22.01.2014 07:00 |Actualizado: 22.01.2014 07:00

Castilla y León recorta hasta en un 90% las ayudas a cuidadores familiares de dependientes

La Junta justifica el tijeretazo con su apuesta por los servicios profesionales, que "fomentan el empleo y garantizan la atención a largo plazo"

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El día de Mari Carmen Albillo empieza a las tres de la mañana. Es a partir de esa hora cuando lee, escucha música o pone la radio. Cuando se olvida de que está agotada, de que se siente sola, de que no sabe de dónde va a sacar el dinero para adaptar la bañera de su casa. Esta mujer de 63 años ha dedicado los últimos cuatro a cuidar de su marido, de 68, dependiente de grado 3.  Recibía 489 euros al mes tras el tajo del Real Decreto-ley que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio de 2012, que recortó un 15% la prestación de cuidados en el entorno familiar y retiró de la Seguridad Social a estos trabajadores. Pero hay más. En diciembre de ese mismo año, la ayuda que reciben Mari Carmen y su marido se redujo hasta los 107,84 euros mensuales. El motivo: vivir en Castilla y León.

A través de una orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicada a finales de julio de 2012 que modifica el baremo para otorgar las ayudas a los cuidadores familiares, esta prestación ha menguado un 30%. Un porcentaje que alcanza el 90% en algunos casos de dependientes menores de edad, según la Asociación de Ayuda a la Dependencia de Castilla y León. De hecho, el nuevo cálculo ha dejado a muchos grandes dependientes con la cuantía mínima que marca la Junta: 31,9 euros mensuales. Y eso a pesar de que el PP presumió de que uno de sus 40 logros desde la llegada de Rajoy a la Moncloa era haber conseguido que "las prestaciones por dependencia por fin llegan a quien más lo necesita".

Mari Carmen sólo puede bañar a su marido —en silla de ruedas y con el lado derecho del cuerpo paralizado—con ayuda de sus hijos, que viven lejos. Necesita una bañera adaptada, pero con lo que cuesta el logopeda, el fisioterapeuta y la medicación, los escasos 1.000 euros al mes de pensión que recibe su marido, sumados a los 107 de la Dependencia, no dan para más. "Es que no pedimos ni un sueldo ni una limosna, lo que pedimos es que se nos reconozca un derecho porque nos sentimos desamparados", cuenta Mari Carmen, que ha sido siempre ama de casa y necesita ayuda para desplazarse porque no conduce. "Yo soy dependiente de todo, como mi marido", describe.

Éste es uno de los 17 casos (ver cuadro abajo) con los que el PSOE de Castilla y León ha ejemplificado el recorte en las ayudas a los cuidadores familiares. Público ha hablado con tres de estas víctimas. El portavoz socialista de Familia y Servicios Sociales, Jorge Félix Alonso, señala que "la filosofía" del Ejecutivo regional es que los dependientes soliciten las prestaciones vinculadas al servicio, es decir, que pidan plazas en residencias porque "el Gobierno ha eliminado los conciertos que tenía con los centros privados y éstos se les han echado encima". De hecho, en las respuestas a algunos dependientes, la consejería defiende el recorte a los cuidadores familiares para "evitar la pérdida de empleo de profesionales en el sector [por cada millón de euros invertido en Servicios Sociales se generan entre 25 y 30 puestos de trabajo, según el Ejecutivo regional], garantizar una atención de calidad de las personas en situación de dependencia mediante la atención profesionalizada y favorecer el acceso a servicios profesionales, reduciendo progresivamente los cuidados informales considerados en la ley como excepcionales".

Estos mismos argumentos son los que ha dado la consejería a Público para justificar la reducción de las prestaciones a cuidadores familiares y el aumento de las ayudas para los servicios profesionales. "Castilla y León dispone de más de 43.800 plazas residenciales y una ratio de 7,49 plazas por cada 100 mayores de 65 años, frente al 4,75% de la media de España —2,5 puntos por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud—", afirma en un comunicado. El PSOE, en cambio, denuncia que "la Junta ha recortado el 25% en subvenciones a plazas concertadas y el 40% en subvenciones para horas de ayuda a domicilio". Por otra parte, el departamento insiste en que la comunidad tiene un alto grado de envejecimiento de la población, de manera que quien atiende a un dependiente es una potencial persona dependiente. "Es previsible que en el año 2040 se haya reducido a la mitad el número de potenciales cuidadores familiares".

Inés Rodríguez, que pasó de cobrar 498 euros al mes a 199,21 para cuidar a su madre (en estado vegetativo, dependiente de grado 3 nivel grado 2), ni se plantea dejar de encargarse de ella. "Lo principal para atender a un dependiente con demencia [como su madre] es el cariño, los abrazos, los besos. En una residencia, ¿qué cariño le van a dar?", se pregunta. "Yo respeto todas las opciones pero mi madre nunca ha querido ir a una residencia y yo le prometí a mi padre que cuidaría de ella porque ella lo dio todo por mí y lo hago con satisfacción". Inés, de 59 años y divorciada, trabaja como limpiadora aunque es maestra y tiene formación de auxiliar de enfermería. "Atender a un dependiente es un trabajo muy duro, de 24 horas diarias, y tienen que reconocérnoslo, pero que quede claro que no lo hacemos por dinero", protesta. Como tiene una prótesis en la rodilla, Inés va a jubilarse en breve y cobrará 350 euros al mes hasta los 60 años y 580 en adelante. Su madre recibe 630 euros mensuales de la pensión de viudedad y pagan 445 de hipoteca."La cama de mi madre, que es especial, costó 700 euros y tuve que pagarla yo, pero es que a mí si no me ayudan, no salgo adelante", afirma. 

La Asociación de Ayuda a la Dependencia de Castilla y León, formada por 140 familias en su mayoría con menores dependientes, presentó una queja ante el Procurador de lo Común de la comunidad (Defensor del Pueblo) denunciando además un error en el cálculo de las ayudas a menores —en las que se contempla el patrimonio—  y éste les dio la razón. "Entre todos están destruyendo los cuidados en el entorno familiar", afirma la vicepresidenta del colectivo, Yolanda de la Viuda, que señala: "A un adulto puedes llevarle a una residencia pero si lo haces con un menor, le estás abandonando, no hay otra opción que cuidarlo en casa". Yolanda dejó de trabajar para cuidar de su hija de cinco años, que sufre una enfermedad rara. Antes de los recortes recibían 520,69 euros mensuales ("no lo cubría todo, pero era un alivio", recuerda), ahora, sólo 319,23. 

"Nuestra situación es caótica y desesperada. 15 meses después del decretazo, nadie nos ha hecho caso y ahí seguimos", denuncia De la Viuda, que considera que "los recortes en Dependencia demuestran el gran desconocimiento de los políticos sobre este tema, porque invertir en discapacidad es invertir en futuro".

*Nota: la subida de las pensiones en 2013 ha podido provocar reducciones adicionales de las ayudas otorgadas por la Junta de Castilla y León, no contempladas en el cuadro.