Cerrar el almacén de gas Castor saldrá caro. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno contra una cláusula en la concesión de explotación del proyecto ubicado en el Delta del Ebro por el que se establecía que la empresa Escal UGS tiene derecho a una indemnización si hay una "caducidad o extinción" de las instalaciones, incluso si esto se produce por una negligencia de la empresa.

Concretamente, el Gobierno recurrió el último párrafo del artículo 14 del real decreto 855/2008 que establece este supuesto, irónicamente aprobado por el mismo Gobierno. Según la sentencia (consulta el Pdf), a la que ha tenido acceso Público, el Supremo considera que no se puede "declarar su nulidad", aunque deja la puerta abierta a una interpretación de la ley.

"No significa que en todo caso vaya ésta a percibir la indemnización prevista en el inciso litigioso", señala. "La efectiva percepción por parte de la empresa titular de dicha compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se han producido", añade.

El ministro de Industria ordenó paralizar todas las actividades en la planta del proyecto Castor, después de que centenares de microterremotos, el mayor de magnitud 4,2, sacudieran la zona a consecuencia de las inyecciones de gas que se estaban llevando a cabo en las rocas submarinas.

Pese a que fue el propio Gobierno el que aprobó el real decreto para la concesión de explotación a Escal UGS con esta cláusula, impugnó la norma ante el Alto tribunal en mayo de 2012. José Manuel Soria calificó el propio artículo 14 de "abusivo".

El proyecto Castor es el único almacén de gas en nuestro país que contempla una indemnización en caso de que el cierre se produzca por una negligencia de la compañía promotora.

Aunque esa indemnización no ha sido aún calculada por el Gobierno, Industria cifró hace pocos días en 1.700 millones de euros la inversión cometida, gastos financieros incluidos.

Escal UGS está participada en un 66% por ACS ( de Florentino Pérez) y en un 33% por la canadiense CLP.