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Carmen Balcells obliga a Cultura a cerrar sus archivos

Un requerimiento jurídico de la agente consigue que el Ministerio cierre su acceso "por cautela"

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Cuidó a sus autores para que no les faltara de nada. Pero más cuidó sus secretos. Sólo tuvo una máxima para todos sus colaboradores que trabajaran para ella en la mejor agencia literaria de este país durante cerca de medio siglo: confidencialidad. Los papeles la dibujan como implacable, pero también como excelente negociante. Fue por encima de estas dos virtudes, la mejor guardián de los secretos de autores como Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Rafael Alberti, Ana María Matute, Camilo José Cela, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda o Jorge Edwards. También hubo otros, como Ernesto Sábato, que prefirió seguir su camino sin la compañía de Carmen Balcells, la protectora.

Sin embargo, la tumba amenazaba con su apertura cuando el pasado mes de diciembre la agente literaria vendía todos sus secretos por 3.000.000 de euros al Ministerio de Cultura. Los archivos del boom pasaban así a ser públicos. Durante más de un año, los técnicos del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, han trabajado en la catalogación de más de 3.000 metros lineales de documentos de todo tipo. Los más sensibles, las cuentas y cartas que Balcells llevaba con sus clientes.

Pero la propia agente, molesta por la publicación de datos sobre sus clientes, remitió a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas un requerimiento jurídico para pedirle explicaciones por las informaciones aparecidas en Público y El País. La solicitud judicial es un comunicado legal, que suele ser el paso previo a una demanda formal. De esta manera, el Ministerio de Cultura, tal y como ha podido saber este periódico, ha decidido 'cerrar por cautela' el archivo.

Con autorización previa

Como anunció el pasado sábado este periódico, la aprobación del real decreto de Archivos por parte del Consejo de Ministros, en beneficio de una 'accesibilidad más sencilla para todos los ciudadanos', así como el refuerzo de 'la transparencia y la información pública', que garantiza 'el derecho de la ciudadanía de acceso a los archivos'.

Sin embargo, el nuevo decreto señala que regulará 'los documentos cuyo acceso está restringido y condicionado a la obtención de autorización previa'. Es decir, 'no podrán ser públicamente consultados sin que medio consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o de 50 años a partir de la fecha de los documentos', según el artículo 57 de la Ley de Patrimonio, quedando el archivo anulado hasta entonces.