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El PSOE y el Gobierno se han hecho un lío con su oferta electoral estrella, los 400 euros para cada contribuyente. Empezó como devolución inmediata para incentivar el consumo y, por el momento, es una reducción de poco más de 30 euros en todas las retenciones mensuales.

El Gobierno trabaja desde el domingo para modificar la propuesta hasta hacerla viable, aunque sea a costa de diluir los efectos beneficiosos que pueda tener para la economía.

La última versión es la del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que explicó ayer que la intención del PSOE es aplicarla desde enero del 2008, pero aseguró que, previsiblemente, no entrará en vigor hasta el mes de junio. Así, ese mes se reducirá la retención en unos 200 euros (la cuantía correspondiente a los seis primeros meses del año) y los 200 euros restantes se irán descontando de las retenciones mensuales entre julio y diciembre. O sea, poco más de 30 euros mensuales.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó ayer en RTVE que "es un compromiso, no una promesa. Una medida programática con vocación de permanencia hasta que, en su caso, exista una reforma del IRPF".

El anuncio de la oferta ya provocó en sectores del PSOE cierto desconcierto por el fondo de la medida, por entender que entra al trapo de las propuestas de reducción de impuestos del PP y porque supone una ayuda lineal, sin importar los ingresos del contribuyente. La otra objeción es la exclusión de los autónomos y de los que perciben ingresos no sujetos a retenciones.

A ese malestar se ha unido la crítica por la forma en que se ha dado a conocer, con distintas versiones. A esta posición se han sumado algunos de los miembros del equipo redactor del programa económico y algunos que participaron en la discusión sobre la medida. Ya ocurrió algo parecido con los 2.500 euros por nacimiento que Zapatero anunció en el Debate sobre el estado de la Nación, que empezó como un decreto y terminó como una ley aplicada antes de aprobarse.

Medida de choque

La propuesta se aprobó el sábado por la tarde en la Conferencia Política, horas antes de que lo anunciara Zapatero. La decisión es que era una medida de choque, que se puede aprobar por real decreto para aplicarlo en junio e inyectar en los bolsillos de los ciudadanos 400 euros para facilitar el consumo, como medida de choque.

Se rechazaron otras alternativas como la elevación del mínimo exento a 12.000 euros porque precisa una reforma de la ley y un trámite que lo hace imperceptible por los ciudadanos hasta 2009, como mínimo. Ésta y otras reformas del IRPF quedarían para ser expuestas según avance la campaña. El propio Zapatero habló ayer en TVE de la futura reforma fiscal.

En las dos notas explicativas que hizo el PSOE el domingo se hablaba de devolución sobre la cuota y en ningún caso de reducción de la retención mensual. Una de ellas hablaba expresamente de "una deducción de 400 euros en la cuota del IRPF" y de junio como fecha de aplicación.Sin embargo, fuentes solventes explican que Economía llegó a la conclusión posterior de que la declaración que se hace en junio se refiere a impuestos de 2007, que no pueden ser modificados de forma retroactiva con un real decreto. Por eso, trabaja en una propuesta para que la devolución inicial sea en realidad una reducción de poco más de 30 euros mensuales en las retenciones de todos los ciudadanos.

Defensa de Solbes

Zapatero explicó ayer que, teniendo en cuenta la situación económica de España y el nivel de ahorro público, es "conveniente" hacer una nueva reducción del impuesto "eficiente económicamente y fiscalmente moderada" para ayudar a más de 13 millones de ciudadanos y 8 millones de hogares que afectará la propuesta. El presidente respondió a las acusaciones de Aznar sobre compra de votos y aseguró que no hay ni un sólo español al que se le pueda comprar. "Es un insulto a la ciudadanía", indicó.

Solbes hizo ayer una defensa cerrada de la medida. Según dijo, se trata de una idea "bien calculada, bien diseñada" y "coherente y consistente" con la reforma fiscal del Gobierno socialista, e insistió en que la recaudación del último año y el margen de maniobra fiscal permiten llevar a cabo la reforma con "absoluta tranquilidad".