El PP esgrimió ayer la sentencia del Supremo sobre el caso Camps para pedir de nuevo al fiscal general del Estado que investigue por soborno al presidente del Congreso, José Bono, y su 'desconcertante situación patrimonial'.

Desde que el Supremo ordenó el día 12 la reapertura del sumario sobre los trajes regalados a Camps por la red Gürtel, el partido de Rajoy ha minimizado el alcance de la sentencia: nada ha cambiado, es el mensaje oficial. Sus dirigentes niegan incluso que Camps esté imputado, pese a que la sentencia lo deja claro, sin lugar a equívocos. A despecho de lo investigado, que acredita cómo los trajes fueron abonados por Orange Market, que logró en Valencia 14 millones de euros en contratos públicos, el PP atribuye el caso a una conspiración urdida por el Gobierno.

Los conservadores sostienen ahora que con la sentencia sobre el caso de los trajes, el Supremo 'clarificó' la semana pasada su doctrina sobre el delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y que castiga a la autoridad o funcionario que acepta regalos o dádivas ofrecidos por un tercero en virtud de su cargo.

Según el PP, que basa su acusación contra Bono en informaciones publicadas por distintos medios, el presidente del Congreso recibió 'dádivas' de empresarios vinculados a Castilla-La Mancha, comunidad que presidió Bono hasta 2003. 'Han sido aparentemente reiteradas y aparentemente opacas, pero, eso sí, muchísimo más cuantiosas' que en el caso de Camps, dice el PP.

Mientras su partido publicitaba su escrito al fiscal general, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, utilizaba el asunto para esquivar una pregunta del PSOE. Los socialistas le preguntaron en la Asamblea de Madrid si pagará ella el nuevo impuesto para rentas altas. 'Lo pagará Bono', respondió Aguirre para, a renglón seguido, añadir esto: 'Yo soy pobre de pedir'. Casada con un aristócrata, Aguirre reside en un palacete en el centro de Madrid.