ETA es el último residuo del franquismo instalado en la vida política 35 años después de la muerte del dictador. Su presencia ha contaminado la agenda pública desde los primeros años de la Transición hasta la consolidación de la democracia, ha cruzado todos los gobiernos, propiciado tantos acuerdos como disensos y servido una y otra vez de herramienta de confrontación entre partidos.

El 7 de junio de 1968, ETA asesinó al guardia civil José Antonio Pardines en su primer atentado, posteriormente reivindicado. El guión político se escribía entonces con los renglones torcidos de la dictadura. La lucha contra el franquismo pretendió lavar la cara de la banda, que calentaba su atentado más rentable desde el punto de vista propagandístico: el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno franquista, el 20 de diciembre de 1973.

En un régimen con los partidos vivos únicamente en la clandestinidad y el exilio, golpear en la esfera política era atacar a la dictadura. La operación Ogro fue el primer gran golpe en la vida institucional a manos de ETA. El régimen, que daba sus últimos coletazos, endureció meses después su aparato represor. Como consecuencia, en septiembre de 1975, Franco hizo oídos sordos al clamor internacional y, tras un juicio sin garantías, firmó la condena a muerte de cinco miembros de ETA y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), una organización fugaz de inspiración marxista-leninista que también recurrió a las armas contra la dictadura.

ETA sólo acababa de comenzar a condicionar la vida política y perseveró en ese chantaje una vez abiertas las puertas a la democracia tras la muerte de Franco en 1975.

La banda había cometido su primer atentado indiscriminado en 1974, en Madrid, causando 13 muertos y 80 heridos en la cafetería Rolando, situada junto a la Dirección General de Seguridad actual sede de la Presidencia de la Comunidad, centro de detención y tortura de la policía franquista. Su escalada habría de recrudecerse. Asesinó a 66 personas en 1978, a 76 en el año siguiente y a 92 en 1980.

Durante estos años de plomo, distintos grupos de extrema derecha combatieron a ETA con sus mismas armas, como el Batallón Vasco Español, que reivindicó 24 asesinatos. Son el sustrato del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), creado durante la primera legislatura presidida por Felipe González. Operaron entre 1983 y 1989 y se le atribuyen 27 asesinatos.

El Estado cruzó una línea infranqueable que acabó en la condena a diez años de cárcel del ex ministro del Interior José Barrionuevo y de su número dos, Rafael Vera, entre otros altos cargos. Las denuncias sobre el GAL endurecieron hasta el límite el enfrentamiento entre un PSOE embarrado en las postrimerías de su primera etapa en el poder y el PP, que se haría con él en 1996.

Meses antes, en una entrevista imborrable, Iñaki Gabilondo puso a González contra las cuerdas de la historia: '¿Organizó usted el GAL, señor González?', inquirió el periodista en la televisión pública. 'Jamás. Jamás se me hubiera ocurrido', respondió el entonces presidente. '¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA?', insistió Gabilondo. 'Nunca autoricé, ni nunca encubrí esa guerra sucia', solemnizó González.

ETA ha irrumpido en cuantas campañas electorales le ha sido posible para alterar el curso normal de la democracia. La banda intentó en 1995 asesinar a José María Aznar, aún al frente de la oposición, atentando contra su vehículo en plena precampaña de los comicios autonómicos y locales del 28 de mayo. Salió ileso.

No era la primera vez. Antes de las elecciones de marzo de 1979 acabó con la vida de seis personas en su ofensiva preelectoral más sangrienta y en la campaña electoral vasca de 1984 asesinó al senador socialista Enrique Casas. Esta intromisión ha sido una constante. En la precampaña de las generales de marzo de 1996 asesinó al socialista Fernando Múgica y al catedrático Francisco Tomás y Valiente. La campaña se frenó, igual que se suspendió la de las últimas generales de marzo de 2008, cuando, en su último día, ETA asesinó en Mondragón al concejal del PSE Isaías Carrasco.

Todos los gobiernos de la democracia han buscado negociar con ETA su fin y todos sus presidentes han fracasado en el intento. Distinta es, sin embargo, la actitud mostrada por los diferentes partidos políticos durante los procesos de negociación.

En junio de 2006, tres meses después de que ETA declarara una tregua, José Luis Rodríguez Zapatero anunció el inicio de conversaciones con la banda que se truncaron seis meses después con el atentado en la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas. El PP agitó todos sus altavoces políticos y periodísticos para hacer de la política antiterrorista el eje de su oposición con inusitada virulencia verbal, manifestaciones y una clara utilización de las víctimas.

Rajoy acusó al Gobierno de rendirse ante ETA, en contraste con la actitud diametralmente contraria que el PSOE mostró cuando Aznar negoció con ETA en 1998 brindando a los terroristas todo tipo de concesiones: el ex presidente del PP suavizó su política antiterrorista en beneficio de lo que él mismo definió como 'Movimiento de Liberación Nacional Vasco'.

Las treguas, precisamente, han sido una herramienta recurrente en manos de ETA para testar la reacción de las fuerzas políticas.

En junio de 1987, ETA cometió el atentado más sanguinario matando a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. La conmoción desatada tuvo efectos políticos y los partidos democráticos forjaron una primera imagen de unión frente al terrorismo. Como respuesta, la banda asesinó a 11 personas atacando el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza un mes después.

Esta unidad se ha resquebrajado y recompuesto después en reiteradas ocasiones al calor de la oportunidad política. El Pacto de Ajuria Enea nació en enero de 1988. El PSOE buscaba fuerza en estos acuerdos para gestionar la tregua que anunciaba ETA y que desembocaría en las fallidas conversaciones de Argel de 1989. El diálogo como camino hacia la paz se incluyó por primera vez en un acuerdo político en el denominado plan Ardanza, que no suscribieron socialistas y conservadores. Esta estrategia no frenó a la banda. En julio de 1997, después de que la Guardia Civil pusiera fin al secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el reloj de todo el país se detuvo para pedir la libertad del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, asesinado tras dos días de chantaje.

El denominado espíritu de Ermua, surgido después e inmediatamente fagocitado por los conservadores, no canalizó en unidad política. Los partidos se dividieron en dos bloques: el constitucionalista PP y PSOE y el nacionalista liderado por el PNV, que firmó el Pacto de Estella, el 12 de septiembre de 1998, tomando la referencia de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte.

En diciembre de 2000, PSOE y PP suscribieron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, consagrando el poder del Ejecutivo en la dirección de la lucha antiterrorista. La estrategia iniciada se volcó en la Ley de Partidos aprobada en 2002, que permitió la ilegalización de Batasuna un año después.

ETA ha protagonizado así medio siglo de influencia política. En este tiempo, la unidad sólo se ha cerrado con aparente fortaleza en los últimos años. El desencuentro ha sido un arma invisible al servicio de los intereses de la banda.