Hace cuatro años, eran calificados como gastos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el transporte sostenible. Hoy, en cambio, se considera que son costes desmesurados e inasumibles. Es lo que está sucediendo con los servicios de bicicleta pública en varias ciudades españolas. Cuando se han agotado las subvenciones y las administraciones locales han tenido que rascarse más el bolsillo, las bicis han dejado de ser prioritarias.

Ha sucedido, por ejemplo, en Terrassa (212.724 habitantes, Barcelona). El Ayuntamiento implantó el llamado Ambicia't en abril de 2007. Hasta mediados de 2010, mientras duraba la prueba piloto (financiada en buena parte por subvenciones), los ciudadanos no tenían que pagar nada por utilizar las bicis.

En Pontevedra y Terrassa las han retirado por culpa de la crisis

Sin embargo, en enero de 2011, el Consistorio fijó un precio de 25 euros por utilizar el servicio todo el año. El Ayuntamiento dio de baja a los usuarios del modelo anterior para que se volvieran a apuntar asumiendo las nuevas condiciones del préstamo: sólo se inscribieron 98 personas, una cifra muy inferior a las 7.237 acumuladas entre 2007 y 2010. El Ayuntamiento, que suspendió el servicio en julio pasado, atribuye la caída a 'la aprobación de un precio público en una coyuntura económica muy desfavorable que afecta especialmente al colectivo usuario de estas bicis [jóvenes y estudiantes]', afirma un portavoz municipal.

Esther Anaya, coautora del estudio Balance general de la bicicleta pública en España, presentado recientemente en Santander, explica que algunos ayuntamientos han pecado de 'imprevisión en el cálculo de la viabilidad financiera' de estos sistemas de préstamo. 'Algunos municipios no han tenido en cuenta lo caro que es el mantenimiento de las bicicletas', cuenta Anaya.

La iniciativa en Jaén duró 15 días y en Torrelavega seis meses.

Desde 2005, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ofrece subvenciones de hasta 140.000 euros para empresas y de hasta 460.000 euros para corporaciones locales. Pero 'una vez agotadas estas ayudas', sigue Anaya, 'los ayuntamientos tienen que poner más dinero'. ¿Cómo? Con medidas impopulares: subiendo el precio del alquiler o bien implantándolo. Pero a veces, ni siquiera así se consigue financiar el préstamo de bicis.

Otro ejemplo: En 2010, el Ambicia't de Terrassa costaba 312.000 euros anuales a las arcas públicas y, aunque el Ayuntamiento tiene previsto retomarlo dentro de dos años, reconoce que ahora 'no puede ser ajeno a la crisis, que está afectando a la financiación de la Administración local'.

Algo parecido ha sucedido en Pontevedra (81.981 habitantes), donde el servicio de bicicleta pública fue suprimido el pasado julio. El Pillabici fue gratuito para los usuarios durante el primer año (2009). El Ayuntamiento sólo invertía 79.000 euros; los 134.000 restantes los ponía el Instituto Enerxético de Galicia. Desde 2010, por tanto, las arcas municipales tenían que asumir 93.845 euros anuales para mantener el servicio, 'un coste desmesurado y desproporcionado' si tenemos en cuenta que el préstamo anual de una bici asciende a 19,5 euros al año, explicó el concejal de Movilidad, Luis Bará.

En otros municipios, las bicicletas públicas fueron un fracaso desde el principio. En Torrelavega (55.888 habitantes, Cantabria), el préstamo municipal de bicis se puso en marcha hace más de dos años con una inversión de 180.000 euros y sólo funcionó durante seis meses. El Ayuntamiento (entonces del PSOE) tenía previsto retomar el sistema y hacerlo de pago, pero nunca más se supo. Aunque el fracaso más estrepitoso es el de Jaén (116.790 habitantes), cuyo servicio de bici pública duró 15 días en 2009, cuando se puso en marcha.

En Vic (40.422 habitantes, Barcelona), las 16 bicis públicas del sistema de préstamo municipal desaparecieron de las calles de la ciudad el pasado julio tras un año en funcionamiento, aunque no por culpa de la crisis. LaVicki no caló entre los vecinos: en el último mes, sólo la usaron dos usuarios. Un caso parecido es el de Granollers (59.691 habitantes, Barcelona), donde el sistema de bici pública sigue en periodo de pruebas desde que se implantó, a finales de 2008. El Ayuntamiento reconoce que el servicio 'no funciona' (tiene una media de 30 usos al día) y no garantiza su continuidad.

A las antípodas de este panorama decadente, están ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Vitoria. Todas ellas son ejemplos de buenas prácticas en la implantación de la bicicleta pública. Aun así, mantener este servicio es caro. En Barcelona, por ejemplo, el Bicing cuesta 18 millones de euros y sólo tres proceden de la tarifa, que ya ha sufrido aumentos para rebajar la aportación del Ayuntamiento. De hecho, el Consistorio está buscando más soluciones al déficit del servicio: desde hacer pagar a los que más usan las bicis hasta buscar un patrocinio estable.

Entrevista a Gianni Rondinella.

1- ¿Qué ha fallado en los sistemas de bici pública para que muchos hayan suspendido su actividad?

El error principal ha sido no enmarcar este servicio en una estrategia global de promoción de la bicicleta y de la movilidad sostenible. Como los primeros años de este sistema estaban subvencionados con fondos estatales, los ayuntamientos se lo tomaron como un regalo, en vez de integrarlo en las políticas locales.

2- Incluso el Bicing' de Barcelona, uno de los servicios que mejor funciona, tiene déficit. ¿Los ayuntamientos calcularon mal el gasto?

El problema es que muchos ayuntamientos ni siquiera calcularon los gastos en relación a los beneficios. Ha faltado planificación, un análisis previo para comprobar la viabilidad del sistema. Los consistorios no estudiaron si el servicio sería útil, si tendría éxito o si generaría conflictos.

3- ¿Entonces el sistema de bicicleta pública no es útil en sí mismo?

No. La bici pública es una herramienta para solucionar los problemas de movilidad en una ciudad pero no es la solución a todos los problemas de este tipo.

4- ¿Qué diagnóstico hace de los sistemas que quedan en funcionamiento?

Preveo que se van a suprimir muchos más servicios de bici pública. No se contemplan en los presupuestos municipales y, en plena crisis, es más lógico recortar en eso que en guarderías.