La comisión del Parlamento andaluz para investigar las irregularidades en las ayudas públicas para los ERE comienza hoy a escuchar a las 23 personas que van a comparecer, con un método ante el cual los partidos que sustentan el gobierno regional (PSOE e IU) y el PP han mostrado sus diferencias.

Entre las comparecencias, que se prolongarán hasta el 31 de agosto, están las del presidente andaluz, José Antonio Griñán; el expresidente Manuel Chaves, los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana, exconsejeros del gobierno andaluz y exaltos cargos de la administración autonómica.

Los trabajos, que investigarán los ERE de la Junta entre 2001 y 2010, comienzan hoy con el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, imputado como asesor de la Consejería de Empleo; el jefe de servicio de ese departamento, Antonio Diz-Lois, y Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, imputado en los cuatro sumarios que investigan la gestión del mercado central sevillano. Díaz Alcaraz se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE y ha leído una declaración de diez minutos en la que ha defendido la bondad de las ayudas investigadas para mantener miles de puestos de trabajo.

Ha acudido ante la comisión asistido por su abogado, Manuel Navarro Lledó, y ha asegurado que ha asegurado que tiene 'la conciencia tranquila' y que 'jamás conoció una actuación ilegal, ni siquiera irregular', durante los cuatro años en los que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo. También ha lamentado que 'haya calado en la opinión pública una injusta relación entre fraude y ERE' porque las ayudas permitieron llevar 'una vida digna' a 'miles de trabajadores expulsados del mercado laboral'.

Pese a su negativa a declarar, el exparlamentario del PSOE ha dicho que 'cuando se sustancie el procedimiento judicial' no tendrá inconveniente en someterse de nuevo a la comisión y ha pedido que se le hagan llegar las preguntas que pensaban plantearle para decidir 'si las puede contestar'.

Griñán y Chaves cerrarán las comparecencias ante la comisión el 31 de agosto, mientras que Arenas y Zaplana lo harán un día antes. Pasados los 23 interrogatorios confirmados, la comisión de investigación se reunirá el 5 de septiembre para planificar el resto de trabajos que acuerden los grupos.

Antes de comenzar esas comparecencias, la comisión celebró ayer una reunión y su presidente, Ignacio Garcia, anunció que dos de los 25 citados no podrán acudir en la fecha que se les había convocado: el exalcalde de Cazalla de la Sierra, el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, imputado en el caso, que no ha podido ser localizado, y la exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, por problemas de agenda.

La comisión de investigación parlamentaria desarrollará sus trabajos mientras la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, no ha finalizado una instrucción que acumula 60 imputados entre intrusos, abogados y mediadores, y siete ex altos cargos acusados. Los representantes del PSOE e IU acordaron ayer, con el rechazo del PP, que cada compareciente pueda contar con una hora y media de intervención, la mitad de tiempo que tendrán los comisionados de los tres grupos para poder interrogarlos.

García ha explicado que no se trata de un interrogatorio judicial sino de obtener la 'máxima' información posible y que los grupos tendrán un 'amplio protagonismo' en la elaboración 'sin límites' de las conclusiones de la comisión. El presidente de la comisión ha recordado que todos los citados tienen la obligación de concurrir, salvo los casos justificados, para no incurrir en un delito de desobediencia, aunque los imputados pueden acogerse al derecho a no declarar.

Por su parte, el PP-A ha calificado de 'burla y engaño' el reparto de los tiempos en los interrogatorios y ha acusado al PSOE e IU de intentar provocar que los populares abandonen los trabajos de la investigación. Los populares, que han rechazado el método de comparecencias aprobado por socialistas e IU, han criticado que el reparto de tiempos 'pactado' por los dos partidos supondrá que los grupos solo podrán hacer entre ocho y seis preguntas por compareciente.

En una rueda de prensa el diputado del PP Rafael Carmona ha criticado las formas 'totalitarias' de García y le ha instado a que 'deje de ser juez y parte en beneficio del PSOE'. En otra rueda de prensa, el portavoz del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, ha denunciado la actitud del Gobierno central del PP, que ha calificado de 'poco transparente', al 'negarse' a facilitar documentación.

De la Chica ha argumentado que el 'espectáculo' en el que el PP quiere convertir la investigación es para 'tapar y distraer' la atención sobre el septiembre 'letal' que espera a los ciudadanos con los recortes y subidas de impuestos que ha decidido el Gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que el PP pretende convertir la comisión en una operación de 'caza mayor' contra el Gobierno andaluz.

Por su parte, el coordinador regional de IU y vicepresidente del Ejecutivo autónomo, Diego Valderas, se ha mostrado confiado en que la comisión de investigación parlamentaria ERE tenga transparencia y llegue 'al fondo' de este caso, estableciendo responsabilidades si fuera necesario. En rueda de prensa, Valderas se ha mostrado 'muy satisfecho y contento' de haber cumplido uno de los puntos que IU llevaba en su programa electoral, como es la creación de esta comisión en la Cámara andaluza.