Lo presupuestado eran 41,3 millones de euros pero, de momento, se han gastado 76,9. Son los sobrecostes de uno de los edificios que construye el arquitecto Santiago Calatrava para la Generalitat Valenciana. Las cuentas fueron hechas públicas ayer por la Sindicatura de Comptes el equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas en su informe relativo al año 2010. La Sindicatura también critica que las obras tenían que estar acabadas en julio de ese año, pero todavía no han terminado, sin que se hayan justificado 'debidamente las causas del retraso'.

El Ágora es el último edificio que se está construyendo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Casi todos los inmuebles han sido diseñados por Calatrava y los sobrecostes son la tónica común a todo el complejo. Según denuncian los partidos de la oposición, hasta ahora la Administración autonómica ha gastado en torno a 1.300 millones de euros en su construcción, frente a los aproximadamente 300 millones que el PP planeó invertir cuando alcanzó la Generalitat.

Pese a las peticiones de la oposición, el Gobierno regional no ha hecho público el contrato por el que se encargaron las obras del Ágora a Santiago Calatrava. Sí se conocen, sin embargo, los contratos por los que se le han adjudicado otras obras, como el Centro de Convenciones de Castellón, o las llamadas Torres de Calatrava. En ellos, la tónica general es que el arquitecto cobra a la Administración Pública un porcentaje del precio de cada fase de la obra. En virtud de este cobro por porcentaje, cuanto más se encarece la obra, más cobra el arquitecto.

Ignacio Blanco, diputado autonómico de EUPV (IU en el País Valencià) criticó ayer que esta manera de trabajar de Calatrava, aceptada por la Generalitat, provoca que el arquitecto sea el primer interesado en que las obras multipliquen su coste inicial: 'Es conocida la falta de concreción de sus presupuestos. Por tanto se conoce cuál es la cifra que pone en el contrato pero no la que se acabará pagando'. Por su parte, el grupo Compromís ha criticado en muchas ocasiones el Ágora debido a que no se ha definido con claridad el uso final que tendrá. De momento, se ha usado para eventos como un torneo de tenis o la Campus Party.

EUPV ya denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano los acuerdos entre el arquitecto y la Administración. Aportaron la documentación que demuestra que la Generalitat pagó 17,5 millones a Calatrava por proyectos de obra que nunca se hicieron. La Fiscalía provincial de Valencia archivó la denuncia. Argumentó que no había delito en las actuaciones, ya que no existe 'la figura delictiva del dinero público por parte de los gestores de ese dinero'.