SEVILLA.- El Gobierno andaluz, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), gastó 2,3 millones de euros en la urbanización, construcción y adjudicación de un edificio de 28 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Almanjáyar, en la zona norte de Granada. Se suponía que iba a ser una zona de expansión de la capital granadina, como tantas otras zonas de expansión urbanística antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero aquellas VPO nunca se vendieron. La crisis cerró de golpe el crédito interbancario y los jóvenes no podían acceder a una hipoteca, ni siquiera con los precios ventajosos de una vivienda pública. Como el plan A no funcionó, a la Junta se le ocurrió un plan B: invirtió otros 176.000 euros para reconvertir aquellas 28 VPO en 80 alojamientos, levantando tabiques para subdividir lo que antes era un piso amplio en tres minipisos con espacios compartidos.

El objetivo era convertir el edificio de viviendas en una residencia para estudiantes y profesores pasajeros de la Universidad de Granada, con quien se firmó un convenio para que estos pudieran acceder a dichas estancias en condiciones muy ventajosas (60 euros de alquiler al mes, más los gastos de luz y agua). La Universidad había asegurado que la demanda sería elevada, porque sus facultades absorbían a muchos estudiantes de fuera, principalmente de Jaén y de Almería. La Consejería de Vivienda, entonces dirigida por IU dentro del Gobierno de coalición con el PSOE, estableció un contrato para los inquilinos de 60 euros al mes, más trabajos en beneficio de la comunidad (el bloque estaba muy próximo a un barrio deprimido de Granada). Pero el plan B tampoco funcionó. En dos años estuvo prácticamente vacío. Amueblado, pintado, con acceso a luz y a agua, con vigilancia privada para evitar que se colaran ocupas, pero vacío. Del convenio entre la Junta y la Universidad de Granada sólo se beneficiaron 13 personas en dos años, y la falta de ocupación generó un gasto añadido por mantenimiento de más de 20.000 euros. A esas alturas, la factura del Gobierno andaluz para un bloque de pisos nuevos sin apenas uso ascendía a casi 2,5 millones de euros.

IU, ahora en la oposición, ha llevado el “sangrante caso del bloque fantasma de Almanjáyar” al Parlamento para pedir explicaciones al consejero de Vivienda, Felipe López, quien respondió que la situación de este edificio era un ejemplo de “mala gestión” de su antecesora en el cargo, la ahora diputada de IU, Elena Cortés

Izquierda Unida, ahora en la oposición, ha llevado el “sangrante caso del bloque fantasma de Almanjáyar” al Parlamento para pedir explicaciones al consejero de Vivienda, Felipe López, quien respondió que la situación de este edificio era un ejemplo de “mala gestión” de su antecesora en el cargo, la ahora diputada de IU, Elena Cortés. Hace unos días, la Consejería de Vivienda finiquitó el convenio con la Universidad de Granada, reconoció que había sido un fracaso e anunció un tercer plan para dar uso al inmueble, el plan C: otro convenio de colaboración, esta vez con la asociación Faisem, para ceder los 80 alojamientos vacíos a enfermos mentales.

El mismo camino que el edificio de Almanjáyar siguieron otras dos promociones propiedad de la Junta, una en Sevilla capital, en el céntrico barrio de San Bernardo, y otra en Jerez de la Frontera (Cádiz). Estos también fueron construidos en origen como bloques de VPO, pero tampoco encontraron comprador, por lo que nuevamente se optó por reconvertir las viviendas en minipisos para estancias temporales dirigidos a estudiantes, jóvenes menores de 35 años y parejas mayores de 45 años. En esta ocasión los trabajos para levantar tabiques y subdividir las viviendas rondaron el medio millón de euros. Como resultado: 139 alojamientos en Sevilla y 128 en Jerez. Pero, al contrario que el inmueble de Granada, estos dos edificios sí están ocupados en la actualidad, probablemente porque los dos se encuentran ubicados cerca del centro de la ciudad, y no en futuras zonas de crecimiento urbano y poblacional que nunca llegaron serlo.

En este momento, el Ejecutivo andaluz gestiona un patrimonio de más de 84.343 viviendas públicas en la comunidad, de las que 46.000 están en alquiler a precios que oscilan entre 25 y 60 euros al mes

El caso del edificio vacío de Almanjáyar es un ejemplo de cómo la crisis del sector inmobiliario ha ido siempre dos pasos por delante de las administraciones públicas. Tanto el Gobierno autonómico como los ayuntamientos se han mostrado incapaces de dar con la tecla para reconducir la crisis de la vivienda en España: en apenas cinco años se pasó de la opulencia y la especulación de inmuebles a precios disparatados al drama de los desahucios y de gente sin hogar. En este momento, el Ejecutivo andaluz gestiona un patrimonio de más de 84.343 viviendas públicas en la comunidad, de las que 46.000 están en alquiler a precios que oscilan entre 25 y 60 euros al mes. La crisis dejó colgadas cientos de VPO que no lograban vender, y en el año 2012 la Junta de Andalucía aprobó un plan para darles salida mediante el alquiler. Se cuantificaron 727 viviendas de protección oficial que pasaron de la venta al alquiler, y aún así tampoco lograron alquilar todas. La Agencia pública de la Vivienda en Andalucía aún posee 128 pisos de protección vacíos en los municipios de Olula del Río (Almería), Loja (Granada) y Andújar (Jaén). En la construcción y urbanización de las tres promociones, el Gobierno andaluz se gastó 10,2 millones de euros, y sólo provisionalmente han sido ocupados 13 pisos de la urbanización de Olula del Río; 31 en Loja y 36 en Andújar. Junto al bloque fantasma de Almajáyar, la factura de los pisos vacíos de la Junta asciende a 12,7 millones de euros. En estos casos, los registros municipales no tienen demandantes de vivienda protegida (en Loja hay también promociones vacías del Ayuntamiento y de la Diputación), o los que están inscritos en el registro no cumplen las condiciones para acceder a esas viviendas, cuyos alquileres están en una media de 150 euros, al ser viviendas nuevas (promovidas por la Junta), con mejores calidades y mayores superficies que las viviendas de promoción pública en alquiler traspasadas por el Ministerio de Fomento.

La vivienda pública vacía se ha convertido en un estigma de cualquier Administración que vea cómo sus ciudadanos son desahuciados de sus casas por imposibilidad de afrontar los recibos

La vivienda pública vacía se ha convertido en un estigma de cualquier Administración que vea cómo sus ciudadanos son desahuciados de sus casas por imposibilidad de afrontar los recibos. Por eso es tan difícil acceder a un dato tan sencillo como éste: ¿cuántas viviendas públicas vacías hay en Andalucía? Porque estas no están sólo gestionadas por la Junta, también por ayuntamientos y diputaciones provinciales que se quedaron con cientos de VPO colgadas. Hace tres años, cuando el Gobierno andaluz aprobó la polémica ley antidesahucios, que permitía sancionar y expropiar a los bancos con viviendas vacías, el número de pisos disponibles sin inquilinos se estimaba en más de 700.000. La mayoría en manos de entidades financieras.

El procedimiento para entregar una vivienda protegida es complejo. La Junta no decide quién ocupa sus VPO, se las ofrece a los ayuntamientos de las localidades donde se ubican esos pisos vacíos y son los alcaldes quienes ordenan y seleccionan a los demandantes según su perfil a través de un registro municipal de VPO. En ciertos municipios, como lo mencionados de Olula del Río o Loja, hay promociones enteras vacías, y sin embargo no hay ni ha habido registro municipal de demandantes. Se construyó para crecer, pero no se creció. La Consejería de Vivienda advierte de que hay más pisos de protección oficial vacíos en manos de ayuntamientos y diputaciones que de la Junta. Muchos municipios andaluces, sobre todo en la costa, crecieron y se enriquecieron a golpe de ladrillo, pero sin una verdadera planificación urbanística. De ahí que algunas de las promociones desiertas se ubiquen en localidades donde no existe demanda de VPO.

Críticas del Defensor

La mala gestión de las viviendas vacías en Andalucía ha llevado al Defensor del Pueblo andaluz a tirar de las orejas a la Consejería de Vivienda en su último informe anual, en el que se muestra incluso comprensivo con el hecho de que a veces aparezcan familias “ocupas”, dada la dificultad de acceder a un techo digno habiendo cientos de pisos vacíos. El Defensor, Jesús Maeztu, ha pedido a la Junta que las promociones de VPO que se han quedado sin vender por la crisis se destinen a alquileres sociales para quienes más lo necesitan y que se agilicen los sistemas de adjudicación de vivienda, primando los criterios de necesidad social por encima del sistema de sorteo. “No es admisible que en una situación como la actual de tanta necesidad de vivienda pueda haber pisos que se construyeron con recursos públicos o con ayudas e incentivos de esta naturaleza sin ocupar”, advierte.

El informe del Defensor del Pueblo andaluz sostiene que la mayoría de las VPO vacías son propiedad de la Agencia andaluza de la Vivienda, dependiente de Fomento, a quien reprocha su “lentitud” en los procesos de adjudicación, sobre todo cuando el primer beneficiario renuncia a la VPO. En ese caso, “pueden pasar meses” hasta contactar con el siguiente demandante en lista de espera para tratar de adjudicarla e iniciar de nuevo todo el proceso, lo que lleva a que “en muchas ocasiones la vivienda sea ocupada de forma irregular”. “Si estas viviendas están vacías y sin ocupar, sin que la administración tenga efectivamente controlado su patrimonio público residencial mediante la eficaz y eficiente gestión del mismo, habiendo tanta necesidad, indirectamente se incentiva a las personas y familias en situación de extrema y urgente necesidad de vivienda a que ocupen las mismas”, reza el informe.