Publicado: 06.04.2015 08:27 |Actualizado: 06.04.2015 11:17

La Generalitat denuncia internacionalmente una "democracia de baja calidad" en España

El Consell Assessor per a la Transició Nacional de Catalunya constata  que el 27S es la única vía para consultar a la ciudadanía sobre la independencia ante un Estado que  "pretende silenciar e impedir el voto de los catalanes".

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El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas

BARCELONA.- El Govern enviará a la comunidad internacional el informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) que constata el 27-S como la única vía para consultar a la ciudadanía ante el "rechazo total" del Estado al proceso y en el que se denuncia su "baja calidad democrática", según ha informado el ejecutivo catalán en una nota de prensa.

El CATN, según la nota, ha entregado esta semana al Govern el informe que recoge el proceso seguido por las instituciones políticas catalanas para dar respuesta a la voluntad de los ciudadanos de Catalunya de ser consultados sobre el futuro político del país. Una voluntad expresada de forma democrática y mayoritaria en las elecciones del 25 de noviembre de 2012 y que ha topado con la negativa reiterada del Gobierno de España.

El Govern enviará el documento a representantes de gobiernos extranjeros y sus embajadas, priorizando los países de la Unión Europea, para que conozcan, según el Ejecutivo catalán, "la democracia de baja calidad" que ejerce el Gobierno español, que "pretende silenciar e impedir el voto de los catalanes", y que ha llevado al president de la Generalitat, Artur Mas, a anunciar la convocatoria de elecciones para el próximo 27 de septiembre, como el único camino posible para dar la voz a los ciudadanos de Catalunya.

El informe, que lleva por título El proceso para hacer la consulta sobre el futuro político de Catalunya: un balance, se centra en el periodo comprendido entre las elecciones al Parlament del 25 de noviembre de 2012, de las que surgió una mayoría parlamentaria comprometida con el ejercicio del derecho a decidir, y termina con la celebración del proceso participativo del 9 de noviembre y los procesos penales abiertos contra el president de la Generalitat, la vicepresidenta y la consellera de Ensenyament.

Se trata de una recopilación exhaustiva de los pasos que las instituciones políticas, de la mano de la sociedad civil, han seguido durante todo este periodo para sacar adelante el compromiso con el ejercicio del derecho a decidir. Un proceso que, según el informe, "se ha realizado de manera pacífica, democrática, garantizando escrupulosamente los derechos fundamentales de las personas e incluso ampliando los derechos de participación de algunos colectivos, buscando en todo momento el diálogo y el acuerdo político con el Estado español y con la voluntad manifiesta de seguir todas las vías legales existentes en el ordenamiento jurídico vigente".

El trabajo documenta, según una nota de prensa del ejecutivo catalán, el rechazo total que las instituciones españolas han dado como respuesta a todas las propuestas que ha hecho Catalunya. En este sentido, pone de manifiesto que "el Estado ha negado de manera explícita la posibilidad de negociación; no ha dado ninguna oportunidad de hablar; se ha cerrado a considerar ninguna de las vías que jurídicamente habrían permitido hacer una consulta acordada ", alegando una "infundada inconstitucionalidad de todas las vías legales propuestas desde Catalunya, despreciando las exigencias derivadas del principio democrático y, finalmente, interponiendo querellas criminales contra el president de la Generalitat, la vicepresidenta y la consellera d'Ensenyament".