Publicado: 20.06.2012 00:30 |Actualizado: 20.06.2012 00:30

Izquierda Unida negocia con el Gobierno el pago de su deuda

La federación madrileña, la segunda de mayor peso, ultima el acuerdo con Hacienda y la Seguridad Social, para abonarles un impago de 2,6 millones de euros. El Estado embargó cuentas y locales

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673 millones de euros. Es el monto total de la deuda que los clubes profesionales de fútbol tienen a día de hoy contraída con Hacienda. Más otros seis millones con la Seguridad Social. En cuatro años, el agujero con la Agencia Tributaria ha crecido en 150 millones. Cifras apabullantes, nada menores en los tiempos del recorte tras recorte. Y sin embargo, 2020 es el año que, el pasado 25 de abril, fijaron el Gobierno, la Liga y el Consejo Superior de Deportes como horizonte para reducir ese desfase. O sea, dentro de ocho años

Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) también debe a Hacienda y a la Seguridad Social. En total, unos 2,6 millones de euros. Una cantidad 261 veces menor que la que adeudan los clubes de Primera y Segunda División. Sin embargo, la Administración ya le ha pasado una importante factura: ha bloqueado las cuentas corrientes de "unas 25" asambleas locales –cobrándose unos 400.000 euros– y ha embargado cuatro locales de la federación madrileña. Ahora, IU-CM, a cuyo frente se sitúa Gregorio Gordo, se encuentra inmersa en un proceso intenso de negociación de esa deuda. "Pero nos están apretando bien las tuercas, a diferencia de a otros", asegura a Público Gerardo del Val, secretario regional de Administración y Finanzas. 

El agujero de los clubes de fútbol, de 679 millones, no se reducirá, en cambio, hasta 2020

El tamaño del agujero de IU-CM no ha trascendido ahora. Ya fue objeto de polémica. El pasado enero saltó a los medios de comunicación, como una arista más de la lacerante batalla interna en el seno de la federación madrileña, avivada con el fuego de la imputación por presunto acoso sexual de Miguel Reneses, número dos de Cayo Lara e influyente dirigente de IU-CM. La polémica adquirió mayor calibre por el desgaste a efectos de imagen: resultaba "muy difícil de explicar" que IU, una formación defensora de lo público, del Estado del bienestar, de la persecución del fraude fiscal, tuviese problemas ella misma con la Administración, aseveraban aquellos días distintos dirigentes. 

Entonces, el núcleo duro de la dirección madrileña, acusado de opacidad, relató por escrito, en un informe a la Presidencia Ejecutiva Regional, el estado de las cuentas: la deuda se generó tras las elecciones municipales y autonómicas de 1999, cuando IU experimentó en toda España un brutal descalabro después de los años de vino y rosas de mediados de los noventa. Desde entonces, la "fragmentación organizativa" –IU-CM siempre ha sido un polvorín interno– complicó la gestión del agujero. Y lo fue agrandando. 

Según ese informe, del pasado febrero, la federación debía a la Agencia Tributaria 1,5 millones de euros, y otros 1,1 millones a la Seguridad Social. El problema se había agravado porque Hacienda, poco antes de las elecciones generales de noviembre de 2011, había comenzado a embargar las cuentas de varias asambleas locales –de las más afectadas, las de Arganzuela, Vicálvaro, Getafe o Moratalaz–, dejándolas prácticamente tiritando. En paralelo, el fisco tomó el control de las sedes de Alcorcón, Velilla de San Antonio y Getafe–, y la Seguridad Social, el local de Arganda del Rey. La operación continuó hasta esta primavera, cuando "gracias a la negociación se paró el embargo de cuentas y sedes", cuenta Del Val. Internamente, se creó una comisión de finanzas compuesta por diversos sectores para pilotar las conversaciones y poner en común la información, con la vista puesta en la "máxima transparencia". 

"Nos están apretando bien las tuercas, a diferencia de otros", se queja IU-CM

"El diálogo ha sido duro. Sí que ha habido exigencia. Pero soy comprensivo: la Administración mira sus intereses. Nosotros hemos demostrado voluntad de pago, queríamos llegar a una solución factible. No queríamos un trato de favor, pero evidentemente ha rondado el asunto de los clubes de fútbol", añade el dirigente regional. Descontados los 400.000 euros embargados de las cuentas, quedaba negociar cómo abonar algo más de dos millones. Sobre ellos pivota el acuerdo provisional alcanzado por IU-CM con el Gobierno, asentado en dos patas. Por un lado, el pago aplazado a cinco años de 1,5 millones a Hacienda y la Seguridad Social. Los otros 700.000 euros, aproximadamente, se pagarán a través de un crédito hipotecario a 20 años que IU está a la espera de poder firmar con una entidad financiera. Préstamo con el que poder liberar los cuatro locales bloqueados. Es decir, que bancariza parte de su deuda. La federación confía en poder cerrar todos los trámites "antes de septiembre".

Cuando comenzó el embargo, estaba aún el PSOE en el poder. Ahora ocupa el Gobierno central el PP. ¿Existen diferencias? "¿Intenciones políticas? Probablemente las hay –responde el responsable regional–. Ni al PSOE ni al PP le interesa. Pero en cualquier caso no esperamos más facilidades que otros. Esperamos que la Administración sea equitativa con todos aquellos que le deben, que trate a todos por igual". 

El volumen del agujero podría parecer pequeño, pero hay que tener en cuenta que IU-CM, la segunda federación de más peso (tras Andalucía), maneja un presupuesto de 1,1 millones anuales (y cerca de cuatro millones la organización federal). "Sí, claro, nos va a tocar apretar los dientes estos años. Mirar prejubilaciones, ajustar por todos los lados... –aclara Del Val–. Pero al menos ahora están clarificándose las cosas y se trabaja con cierta normalidad, frente a la alarma del principio, cuando se embargaron cuentas y locales. Además, no queremos que esto sea un elemento de división interna. Nada de oscurantismos".

Se apaga el plazo a cinco años y se bancarizará parte del agujero

Aunque la paz interna queda todavía muy lejos, sí que se ha reducido el diapasón por este asunto. IU Abierta, el sector próximo a Gaspar Llamazares, reconoce que se está "haciendo el esfuerzo por resolver la liquidez y el pago de la deuda", mientras que otra minoría, En Construcción –cercana al dirigente federal Enrique Santiago–, sí dice sentirse "marginada" de esa comisión plural, pero coincide en que urge cancelar el problema lo antes posible, también "por una cuestión de imagen".

Desde la dirección federal, su secretario de Administración y Finanzas, Antonio Cortés, ha estado todo este tiempo en conversaciones con Del Val para intentar "echar una mano" y cerrar contactos con la Administración "al máximo nivel". "Creemos que es factible que IU-CM pueda pagar esta deuda", afirma. En el equipo de Lara se ve con buenos ojos que se bancarice la deuda, por cuanto "es mucho mejor deber a una entidad financiera que al Estado". ¿Y existe un trato discriminatorio? "Es vox pópuli que se han condonado deudas a partidos y a otras organizaciones. Está claro además que no somos santos de devoción de los bancos", concluye Cortés. 


Debe IU-CM. Y es así porque las federaciones más grandes o que tienen un alto grado de autonomía –Andalucía, País Valencià, Madrid...– cuentan con personalidad jurídica propia y con un CIF distinto al de la organización federal. Por tanto, los impagos que se puedan producir los afronta la federación respectiva. Los territorios más pequeños (Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias...) sí comparten CIF con el federal, así que este asume los agujeros si se producen. De hecho, a veces ha subido alguna factura de pequeño importe no pagada. 

¿Tiene deuda la dirección federal? Sí, pero es exclusivamente bancaria (no con las Administraciones Públicas), y se generó por el gasto excesivo en campañas electorales en los tiempos de Julio Anguita como coordinador general. En 2012 aún quedaban por liquidar 11,3 millones del crédito sindicado. IU va pagando una media de un millón de euros al año. "No tenemos ningún tipo de queja ni nadie puede tenerla de nosotros –expresa Antonio Cortés–. Estamos pagando religiosamente todo lo que debemos. Y no hemos generado más deuda". 

¿Cómo se financia IU?  Los militantes pagan una cuota de entre 5 y 10 euros al mes. Un euro de esa mensualidad va directamente al federal, aproximadamente. Pero la afiliación proporciona sólo una parte de los ingresos: la dirección federal recibe ayudas públicas del Ministerio del Interior a través de la Ley de Financiación de Partidos Políticos y subvenciones también del grupo parlamentario del Congreso, además de donaciones extraordinarias (muy escasas) y la aportación que hacen a la caja de IU federal los cargos públicos estatales, la llamada carta financiera (los diputados y, en su caso, senadores, el eurodiputado en Bruselas y, hasta ahora, la consejera de RTVE, Teresa Aranguren). Las federaciones grandes sí reciben más ingresos por la carta financiera, dado el mayor número de cargos institucionales regionales (diputados autonómicos, ediles, vocales vecinos...). A las asambleas locales de IU-CM más afectadas por los embargos se les ha "relajado o casi eximido" del pago de esta cantidad este año, dice Gerardo del Val.