La gestión de los recursos hídricos pasa por ser uno de los temas que ha suscitado mayores controversias entre comunidades autónomas, gobierno central y organizaciones de la sociedad civil desde la restauración de la democracia en España. Los trasvases entre distintas cuencas han causado los principales focos de conflicto. Huelga recordar los enfrentamientos aún vigentes entre Castilla – La Mancha y Murcia por el trasvase Tajo – Segura; y entre los gobiernos centrales de PP y PSOE y las comunidades de Catalunya, Comunidad Valenciana y Aragón acerca del trasvase del Ebro impulsado por el gobierno de José María Aznar en 2004.

Pero los trasvases no han sido los únicos proyectos que no han contado con el visto bueno de la población. Proyectos de obras hidráulicas como el pantano de Jánovas (Huesca) que obligó a los habitantes de localidad oscense a abandonar sus casas pero que nunca llegó a materializarse, vuelven a copar la actualidad ante la aprobación de una nueva presa en el embalse de Yesa (Navarra) destinada al regadío de arrozales en el Desierto de Las Bardenas. El pasado 23 de mayo, los activistas conocidos como los “8 de Yesa”, entre los que se encuentra el diputado de Podemos por Huesca Luis Bail, que intentaron paralizar la construcción de un recrecimiento comparecían ante el Tribunal Supremo acusados por la Fiscalía de atentado y resistencia a la autoridad. Varias organizaciones como Ecologistas en Acción vienen alertando del grave riesgo geológico, ambiental y social que conlleva este proyecto que ya ha obligado a desalojar dos urbanizaciones contiguas debido al riesgo de inundaciones y a la inestabilidad de las laderas donde se pretende apoyar la presa. A esto se suma el riesgo La rotura de la presa de Yesa que sumergiría media Zaragoza bajo 7 metros de agua según el geólogo Carlos Revuelto.

A pesar de contar con el mayor número de embalses por superficie y población en el mundo, ascienden ya a 1150, el aprovechamiento del agua almacenada en forma de energía no se corresponde con esas cifras récord. Aunque los sucesivos gobiernos han justificado la construcción de nuevos embalses y presas para aumentar su contribución al sistema energético español, la generación de energía hidráulica en España registró un 6’7% del total, lo que supone una disminución del 28’2% respecto al ejercicio anterior (según los datos del Informe Anual de Red Eléctrica). Tal es la situación que desde las organizaciones ecologistas apuntan a una motivación mercantil detrás del almacenamiento de los recursos hídricos.

Recogiendo denuncias como la mercantilización del agua, diecisiete organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace o World Wide Foundation presentaban el 21 de abril en el Congreso de los Diputados una hoja de ruta encaminada a adoptar urgentemente un nuevo rumbo en la gestión hídrica. España es, desde la aprobación de la nueva Ley de Aguas en 2001, el único país del entorno europeo donde la ley ampara y legitima el desarrollo de un mercado hídrico mediante la compra-venta de derechos del agua. Desde Esquerra Republicana, Xavier Eritja -diputado por Lleida durante la última legislatura- apunta en la misma dirección: “Nosotros siempre decimos que si el pequeño y mediano productor se pueden beneficiar con su dotación de agua no habría objeciones. Venimos criticando que las grandes reservas alojadas por todo el territorio español no son para su aprovechamiento agrícola sino que detrás hay un gran juego especulativo en torno al agua. Como la política de trasvases ha provocado grandes discrepancias en la población, las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria están comprando dotaciones de agua y éstas son las que utilizan como venta de derechos para venderlas a otras cuencas. Esa es la nueva política camuflada de trasvases, y eso no tiene absolutamente nada que ver con los pequeños y medianos productores sino con un intento sistemático de privatizar un recurso que nos pertenece a todos”.

Pese a la problemática existente, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobaba 16 nuevos planes hidrológicos recién iniciado el año 2016 (el 8 de enero) que han pasado prácticamente desapercibidos para los españoles, envueltos en el panorama político postelectoral. Estos nuevos planes vuelven a recoger el trasvase Tajo – Segura, triplicando la cantidad de los mismos, y abre el viejo fantasma del trasvase del Ebro enterrado por el gobierno de Zapatero a su llegada a La Moncloa. La oposición a esta nueva aprobación legislativa se hizo evidente con manifestaciones celebradas en Amposta (Tarragona) que reunieron a 50.000 personas y el anuncio por parte del Gobierno de Castilla – La Mancha de la impugnación ante el Tribunal Supremo de los trasvases del Tajo, Segura, Guadiana y Júcar.

Uno de los planes más controvertidos vuelve a ser el Plan Hidrológico del Ebro. Una de las organizaciones de la sociedad civil que ha mantenido una lucha emblemática contra el trasvase es la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE). La plataforma junto a diversos ayuntamientos locales como el de Amposta y Deltebre presentaban un recurso ante el Tribunal Supremo para la derogación de un plan que consideran contrario a la Directiva Marco Europea del Agua. Esta directiva de la Unión Europea, de obligado cumplimiento para los estados miembros, topará contra los planes del gobierno de Rajoy según apuntan desde la Plataforma en Defensa del Ebro: “El Gobierno vuelve a hacer caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto al cumplimiento de unos caudales mínimos, la protección del hábitat natural y de aves, así como el establecimiento de nuevas hectáreas de regadío (465.000 según recoge el nuevo Real Decreto) y la construcción de nuevos embalses (hasta 50 con el nuevo plan)”, sostiene la portavoz Matilde Font. La PDE elevó ante la Comisión Europea sus discrepancias en torno al nuevo Plan del Ebro, haciendo suyas el organismo europeo las 50 recomendaciones de la organización para dirigirlas al Gobierno de España.

La oposición de la PDE tiene que ver con dos hechos íntimamente ligados: la transferencia de recursos hídricos a las grandes áreas urbanas de Zaragoza, Barcelona y Valencia; y la elevada proporción de hectáreas de regadío establecidas en el nuevo plan, un aumento del 50% respecto al volumen actual que supone el 70% del regadío contemplado para el conjunto del territorio español. “La realidad no es que quieran esas hectáreas de regadío porque es imposible llevarlo a cabo, lo que pretenden encubrir es la concesión de las aguas. Cuando aprueban un regadío le adjudican una cantidad de agua a los regantes, que podrán vender la cantidad de agua no utilizada beneficiando a las grandes conglomeraciones urbanas, aparte de a las industrias agroalimentarias. Esto supone una privatización del agua y el transferencia del agua que les pertenece a las pequeñas localidades”, afirma la portavoz de la PDE.

Xavier Eritja, encargado de defender en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley presentada por su partido Esquerra Republicana referente a la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, se manifiesta en la misma línea: “El plan aprobado pone en peligro la supervivencia del Delta del Ebro al reducir el caudal mínimo que marca la Directiva Marco a 100 metros cúbicos por segundo, cuando el volumen que exige la directiva está entre 159 y 223 metros. Estamos hablando de una zona que goza de todo tipo de protección ambiental y que es Reserva de la Biosfera”. Por contra, el Partido Popular, por medio del diputado por Zaragoza Eloy Suárez, fundamentaba el cumplimiento de los caudales mínimos establecidos en la Directiva Marco Europea en la sentencia del 20 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo, que da la razón al Gobierno aunque el fallo es previo a la publicación de los nuevos planes hidrológicos y el establecimiento de un nuevo caudal mínimo.

La situación que atraviesa la cuenca del Tajo es el paradigma de lo que otras organizaciones ecologistas temen que suceda en otras cuencas. A pesar de concentrar el 40% de la potencia nuclear instalada en España, que la presión industrial y urbana que recibe de Madrid es al menos 10 veces superior a la que ejerce París sobre el Sena y que los últimos estudios hablen de la extinción de todas las especies autóctonas y endémicas de peces; existe un problema mayor que es a su vez el causante principal de la destrucción medioambiental en el rio más largo y emblemático de la Península Ibérica. La cabecera y su tramo final en España están formados por 300 kilómetros de embalses encadenados que suponen la mayor privatización y estancamiento de un río por intereses energéticos de toda Europa, aseguran desde la Plataforma en Defensa del Tajo. “El río como tal está desaparecido, no tiene las características propias para ser considerado río según los científicos. Tenemos los primeros grandes embalses en la cabecera para abastecer a Madrid, cuando lo normal es que los embalses se sitúen más abajo coincidiendo con el agua que aportan sus afluentes. Esto convierte la zona de Toledo en una gran cloaca a cielo abierto que cuando recupera el caudal lo hace con agua contaminada procedente de los embalses, no es agua natural. El Tajo a su paso por Toledo tiene un nivel de 6 metros cúbicos por segundo y el Jarama (afluente del Tajo) entre 20 y 24 metros cúbicos. A esto se une, en el tramo extremeño del río, la radioactividad procedente de la central nuclear de Almaraz provocando la contaminación del Parque Nacional de Monfragüe”, relata el presidente de la Plataforma Alejando Cano.

Todo ello con el objetivo de abastecer a la comunidad de regantes del Levante en aplicación del trasvase Tajo – Segura aprobado en 1971 y que aun tiene cabida en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. “Incluyeron el Memorándum Tajo – Segura en una Ley de Evaluación Ambiental en 2013 que no tiene nada que ver con los planes hidrológicos para eludir el estudio de impacto medioambiental que va ligado a estos planes. Hecho que contraviene la Directiva Marco Europea y la competencia legislativa que la Ley de Aguas otorga a las confederaciones hidrográficas, afirman Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Tajo.

Ecologistas en Acción presentaba un informe en diciembre de 2013 que evidenciaba la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático. “La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, la subida de las temperaturas que se está produciendo han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si a ello añadimos que más del 80% del consumo de agua en España se lo llevan los cultivos de regadío, para poder recuperar un cierto reequilibrio hídrico, sería necesario no solo no crear nuevos regadíos, sino reducir la superficie existente de los más de 4 millones de hectáreas, a un máximo de 3-3,2 millones de hectáreas. Y los nuevos planes hidrológicos no van en esa línea”, asegura Santiago Martín. Para el responsable del área de aguas de la organización, España arrastra una historia de política de aguas que se remonta a inicios del siglo pasado: “Tenemos que tener en cuenta que los trasvases fueron concebidos durante la Segunda República y que los planes del 2016 no modifican sustancialmente aquella concepción inicial contando con un 20% menos de agua en España. Esos planes se hacían teniendo la idea de que el agua era infinita y era un modelo basado en el aumento de la oferta, lo que no puede ser es que un siglo después sigamos a merced del regadío y de los intereses de la agroindustria”.