El proceso por el asesinato del exprimer ministro libanés Rafik Hariri en 2005 se inició el jueves pasado en Holanda y puede tener consecuencias imprevisibles para Líbano y para la estabilidad de Oriente Próximo en general. El que será uno de los juicios de la década puede prolongarse durante muchos meses o incluso años antes de que se conozca el veredicto.

En el banquillo deberían sentarse los cinco acusados, si bien todos ellos se encuentran en paradero desconocido y con toda seguridad no abandonarán sus escondites para acudir al antiguo edificio de los servicios secretos holandeses en Leidschendam, junto a La Haya, donde tienen lugar las vistas. Sus nombres son, por orden alfabético, Salim Ayyash, Mustafa Badr al Din, Hassan Merhi, Hassan Oneissi y Assad Sabra, todos ellos miembros de Hizbolá, que aparentemente han desarrollado sus carreras en las milicias del Partido de Dios, donde alguno ha desempeñado cargos de cierta relevancia.

Los jueces internacionales pertenecen al Tribunal Especial para Líbano (TEL), un órgano creado ad hoc por las Naciones Unidas en 2007 y que está financiado por 23 países. Desde su establecimiento, el TEL se ha tragado más de 200 millones de euros y ha cambiado el sentido de la investigación en varias ocasiones hasta señalar a los cinco encausados, sobre los que pesa orden de búsqueda y captura desde 2011 y 2013.

El terrible atentado ocurrió el 14 de febrero de 2005 en Beirut, cuando una furgoneta Mitsubishi cargada de explosivos estalló al paso de la caravana en la que viajaba el sunní Hariri, causando la muerte instantánea de quien fuera primer ministro hasta 2004 y de otras 22 personas, entre guardaespaldas y viandantes. Las sospechas recayeron en un principio en Siria. Cuatro generales libaneses prosirios fueron detenidos y permanecieron tres años en prisión como sospechosos, pero al término de los tres años fueron liberados sin cargos. Esa línea de la investigación se rompió de la noche a la mañana por falta de pruebas.

La fiscalía del TEL fundamenta las acusaciones más recientes en los registros de llamadas telefónicas desde móviles que tuvieron lugar en Beirut desde poco antes hasta poco después del atentado, un rastreo que siguió el Departamento de Información de las Fuerzas de Seguridad Internas. Las pruebas se obtuvieron en coordinación con Saad Hariri, hijo y heredero político del difunto como líder de la comunidad sunní.

Durante los dos primeros días del juicio la fiscalía insistió en que el rastro de medio centenar de llamadas prueba sin lugar a dudas que los cinco encausados están implicados en el asesinato. Esta argumentación se conocía desde hace años y los fiscales no han aportado ningún dato novedoso a la espera de los interrogatorios de unos 500 'testigos' que se llevarán a cabo próximamente.

A partir de hoy intervendrá la defensa, que no se ha podido entrevistar con ninguno de los acusados que se encuentran en paradero desconocido y que por lo tanto tratará de defenderlos de una manera general. Antoine Korkomaz, uno de los abogados, ha adelantado que las líneas de la defensa girarán en torno al argumento de que las 'observaciones de la acusación no se pueden verificar, son circunstanciales' y no aportan nada con respecto al contenido de las conversaciones que, según el fiscal, mantuvieron los acusados el día de autos. Se trata, según la defensa, de puras 'especulaciones' que carecen de fundamentos contrastables y, además, la fiscalía no ha aportado ningún móvil plausible para justificar el asesinato, máxime si se tiene en cuenta que antes del crimen Rafik Hariri mantenía buenas relaciones con los dirigentes de Hizbolá.

Desde su inicio, la investigación del TSL ha estado salpicada de escándalos que le han restado credibilidad. Varios de los juristas más notables del tribunal han dimitido en el transcurso de los años alegando en su mayor parte motivos personales, lo que ha suscitado más preguntas que respuestas. De hecho, muchos libaneses sospechan que el objetivo del tribunal es político y consiste en dar un golpe de gracia a Hizbolá para desarticular el Partido de Dios y sus milicias en beneficio de Israel y de otras potencias regionales como Arabia Saudí que son abiertamente antichiíes.

Un sondeo revela que no solo los simpatizantes de Hizbolá piensan de esta manera. La mayoría de los libaneses, con independencia de su filiación religiosa y política, cree que detrás del atentado se encuentra la larga mano de Israel, una acusación que el líder de Hizbolá Hassan Narallah ha alimentado repitiéndola hasta la saciedad. Para Nasrallah incluso las ‘pruebas' que constituyen las supuestas llamadas telefónicas del día del atentado han sido manipuladas por el estado judío.

Es muy difícil que los ciudadanos libaneses cambien su opinión sea cual sea el veredicto del TEL. La población está profundamente dividida ideológica y religiosamente en un país donde la gente suele ser fiel a sus líderes sectarios más allá de los acontecimientos que se producen en el día a día de la política local. Nasrallah ha dicho que no permitirá ninguna extradición y que 'cortará la mano' de quien intente sacar a los acusados de Líbano. La prensa libanesa ha sugerido que algunos de ellos podrían encontrarse en Irán desde hace tiempo.