BERLÍN.- La concesión de ayudas sociales es cada vez más difícil en Alemania debido a las modificaciones legislativas que se han implantado para frenar el cobro de los mismos. A partir del 1 de agosto los cambios introducidos incluirán la obligación de informar a los servicios sociales, en caso de que pregunten personalmente, sobre los vecinos o los inquilinos si no se quieren recibir sanciones de hasta 5.000 euros. Si se determina que el solicitante de la prestación ha “provocado” su propia situación de necesidad económica, se le concederá la ayuda por doce meses pero en forma de crédito a devolver al estado.

Esta norma puede llegar a ser arbitraria, puesto que sólo hace falta que una madre soltera no informe a las instituciones (o Job Center) de quién es el padre de su hijo para que pueda ser considerada como persona causante de su propia necesidad. Según la Ministra de empleo, la socialdemócrata Andrea Nahles, estas nuevas normas servirán para agilizar la burocracia al solicitar las prestaciones.

1 de cada 4 receptores de la ayuda social no procede de Alemania. Quienes más solicitan la prestación social siguen siendo los propios alemanes.

Concha Álvarez es una voluntaria de la Oficina Precaria, grupo de trabajo del 15M Berlín que funciona como asesoría para aclarar dudas burocráticas y servir de escuela a quien lo necesite. Cada miércoles atienden durante tres horas a migrantes que deseen que sus contratos de trabajo sean revisados, tengan problemas con el seguro médico o quieran saber cómo solicitar la ayuda social, entre otras opciones. Concha cree que “el estado no debería obligar a los ciudadanos, bajo multa, a que hagan de “policías”. Tienen derecho a evitar abusos del sistema, pero utilizando otro tipo de tácticas, como cruzar datos entre diversas instituciones. Involucrar a personas cercanas, amenazándoles con una sanción si no delatan, puede ocasionar informaciones sesgadas o denuncias falsas por miedo a la multa. Me parece un horror porque hay casos muy delicados”, afirma.

Otro de los motivos que siempre ha rondado los debates parlamentarios ha sido el freno que la Gran coalición de Merkel quería hacer a la constante solicitud de ayudas por parte de la población extranjera. Según datos del periódico Frankfurter Allgemeine, 1 de cada 4 receptores de la ayuda social (más conocida como Hartz IV) no procede de Alemania. Es decir, que quienes más solicitan la prestación social siguen siendo, por el momento, los propios alemanes.

Este subsidio comprende el pago de la vivienda, el seguro médico (no gratuito en Alemania y por el que hay que pagar un mínimo de 160 euros al mes a pesar de ser desempleado) y dinero de bolsillo para alimentación u otros gastos mensuales. Hasta ahora, su concesión para los extranjeros estaba condicionada al desempeño de una ocupación laboral actual, ya fuese un minijob o trabajo por cuenta propia, así como haber tenido trabajo en los seis meses anteriores. En el caso de ser nativo no hace falta estar trabajando.

El Hartz IV se adjudicaba por espacio de seis meses, renovables en el caso de que el solicitante hubiese cumplido con los objetivos impuestos desde la institución pertinente. Éstos eran la búsqueda activa de empleo, aprendizaje del idioma o asistencia a cursos subvencionados. Con la nueva ley, quienes rechacen una oferta de trabajo serán penalizados con el 30 % de la dotación económica de los tres meses venideros. Dos negativas costarán el 60 % y en la tercera ocasión, ésta será retirada en su totalidad. Si se es menor de 25 años y se incurre en esta incidencia, el estado dejará además de abonar los gastos de alquiler y calefacción de esa persona.

La presión por aceptar cualquier ocupación llevará a los parados de larga duración a tener que realizar “Eurojobs”, por los que se cobra 1 euro por cada hora trabajada, que se sumará a lo obtenido con la ayuda social. Este tipo de “trabajos” suponen un gran alivio fiscal para los empresarios, así como una rebaja en las estadísticas, pues los receptores del subsidio social Hartz IV no figuran en las listas de desempleo.

El otorgamiento de los subsidios sociales se incrementó con la puesta en marcha de la Agenda 2010 del ex-canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, que liberalizó el mercado laboral con la aprobación de los llamados “minijobs”. En este caso, los minijobs sólo pueden desarrollarse por un máximo de 20 horas semanales y no se puede cobrar por ellas más de 450 euros al mes. Constituyen un buen maquillaje de las cifras de desempleo, pero provocan, además de precariedad, que mucha gente se vea obligada a solicitar la prestación estatal.

“La ayuda social es la ‘contraprestación’ del estado a la política neoliberal. Es necesaria porque los salarios son tan bajos que una parte de los trabajadores no gana lo suficiente para vivir. Puede ser una solución de supervivencia, pero en realidad enmascara que hay muchas personas que no reciben un salario justo que les permita una vida digna”, sostiene Concha.

Las cifras dan cuenta de la situación. Mientras que en Alemania hay 2,7 millones de desempleados (el 6,1 %), los receptores de las ayudas sociales se sitúan en 5,9 millones. De éstos, aproximadamente 2,79 millones llevan más de cuatro años obteniendo apoyo económico mensual del estado, según los datos de la Agencia federal de empleo. La prestación social media alcanza los 400 euros, pero normalmente se calcula para que cada persona reciba en total unos 950 euros mensuales, por lo que a la prestación se le descontará el sueldo que se perciba.

A inicios de 2015 el gobierno alemán aprobó su salario mínimo, establecido en 8,5 euros por hora y 1440 euros al mes por jornada laboral completa. Ésta era una de las condiciones imprescindibles que el Partido socialdemócrata exigió a los democristianos de Angela Merkel para formar gobierno conjunto. En 2016 se ha revalorizado, pasando de 8,5 euros por hora a 8,84 euros. Pero, según denuncia el partido de la Izquierda, en su puesta en marcha no se han establecido mecanismos de control para que se haga realmente efectivo, por lo que hay gente que todavía no cobra el mínimo requerido por ley.

La economía sumergida también juega un gran papel, puesto que en datos del Instituto de economía alemana (IW), el 80 % de las personas que trabajaban como empleadas domésticas lo hacen en negro. Esto se debe a que por un lado se les suele ofrecer contrato de minijob (por el que prácticamente no cotizan, pero con el que tienen seguro en caso de accidente), lo cuál no basta para llegar a fin de mes. Por eso, la mayoría prefiere trabajar en más casas o no declarar una parte de su salario total.