Mario Montoya, el comandante del Ejército durante el último periodo de la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como autor de falsos positivos: asesinatos de inocentes presentados falsamente como bajas en combate.

El general retirado ha sido acusado junto a otros ocho militares de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes que ocurrieron en el noroeste de Colombia, en el departamento de Antioquia, entre enero de 2002 y diciembre de 2003. 

La JEP, el tribunal ad hoc creado por el acuerdo de paz con las FARC fundado en 2018, imputó a Montoya por "asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado" en el departamento de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Este caso marca un hito significativo, ya que es la primera vez que la JEP ha imputado a un alto comandante del Ejército colombiano por su presunta implicación en estas prácticas.

En total, la JEP estima que al menos 6.402 personas fueron víctimas de los llamados falsos positivos entre 1988 y 2014. 

Según el Tribunal de Paz, los asesinatos no fueron un caso aislado, sino una práctica sistemática: "Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate".

El general ha rechazado con vehemencia en múltiples ocasiones su implicación en los asesinatos, lo que ha llevado a la JEP a imputarle cargos por "mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación en el uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener supuestas bajas 'en combate', emplear un lenguaje beligerante que promovía la violencia, y dar órdenes para que no se registraran capturas, considerándolas resultados operacionales no deseados", según detalló la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.

¿Quién es Mario Montoya?

"Litros de sangre, tanques de sangre, a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertes en combate a como de lugar", habrían sido las órdenes de Montoya a sus soldados.

Montoya desempeñó un papel fundamental en el contexto del prolongado conflicto armado que ha influido en la historia de Colombia durante las últimas seis décadas.

Numerosos testimonios han señalado al general Montoya como involucrado en la práctica de los "falsos positivos". Este escandaloso episodio involucró a cerca de 1.500 militares, quienes participaron en la práctica de presentar falsamente como bajas en combate a civiles inocentes. Las fuerzas armadas implementaron esta táctica con la intención de mostrar resultados favorables ante sus superiores en la lucha contra las guerrillas y grupos criminales.

La mayoría de los casos de falsos positivos se dieron durante la presidencia de Álvaro Uribe, entre 2002-2010, cuando se intensificó la guerra contra las guerrillas. En el 2006, Uribe nombró a Montoya como comandante del Ejército Nacional, el punto más alto de su carrera militar. A pesar de que dejó el puesto en 2008 cuando salió a la luz el escándalo de los falsos positivos, Uribe lo ha llamado un "héroe de la patria".

Este conflicto interno llegó a su punto culminante con la firma de un acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, marcando el inicio de un proceso de paz en el país sudamericano. Como parte integral de este proceso de justicia transicional, se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de investigar y juzgar a aquellos individuos involucrados en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Montoya negado en varias ocasiones su implicación en los delitos: "Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones; no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado", le dijo el año pasado a la JEP.

Además de su reciente imputación, Montoya ya se enfrenta a múltiples acusaciones que incluyen corrupción y supuestos vínculos con el paramilitarismo. Además, deberá rendir cuentas ante la jurisdicción penal de la Fiscalía por su presunta participación en al menos 104 asesinatos, perpetrados a través de un perturbador sistema de incentivos que buscaba recompensar el desempeño de los militares.

¿De qué se le acusa en la imputación?

La imputación que enfrenta por el JEP es el crimen del asesinato de 130 personas, entre los 4 niñas, 11 niños y 3 personas con discapacidad, que corresponden a 2002 y 2003.

La JEP destacó tres modalidades en los modus operandi en estos crímenes: a algunas víctimas las sacaron de sus casas, trabajos o de transportes y luego los acusaron de ser guerrilleros; a otras personas en condiciones de vulnerabilidad las engañaron con promesas de trabajo para luego asesinarlas y, por último, también hubo asesinatos y desapariciones de posibles guerrilleros pero que fueron ejecutados fuera de combate.

Ahora los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos, tras lo cual la JEP fijará una audiencia pública (si los reconocen) y se adoptará una resolución para que el Tribunal para la Paz imponga una sanción propia, si es el caso, que podría excluirlos de ir a prisión.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.