Publicado: 29.05.2012 22:30 |Actualizado: 29.05.2012 22:30

El Ejército de Uribe cometió crímenes de lesa humanidad

La Federación Internacional de Derechos Humanos pide a La Haya que abra una investigación contra los altos mandos, impunes por los "falsos positivos" en Colombia

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Entre 2002 y 2008 se produjeron en Colombia 3.345 ejecuciones extrajudiciales. La mayoria de las víctimas eran hombres jóvenes, algunos sin trabajo, otros campesinos o habitantes de zonas rurales y todos de familia con escasos recursos económicos. Gran parte de los casos seguían un patrón parecido: a los meses de abandonar sus casas, convencidos por terceros de que un trabajo o un futuro mejor les aguardaba en algún lugar lejano, aparecían muertos vestidos de guerrileros o con armas en las manos.

Son los llamados "falsos positivos", los asesinatos de civiles que se han usado para inflar los buenos resultados falsamente obtenidos en la guerra del Ejército colombiano contra las guerrillas y, en especial, en la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

En un informe presentado en La Haya, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado los casos que de manera "sistemática y generalizada" ocurrieron bajo la presidencia de Álvaro Uribe. La ONG es rotunda y pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación por crímenes de lesa humanidad contra los altos cargos militares que han quedado impunes.

El texto, de más de 50 páginas y elaborado en conjunto con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), documenta cómo "se reclutaba a las víctimas con información falsa para que después el Ejército se encargara de la ejecución de los civiles y de simular la baja en combate". "Estos actos estaban apoyados por los más altos mandos del Ejército, quienes no solo no ejercieron el necesario deber de control sino que promovieron estos hechos", añade el informe La guerra se mide en litros de sangre (pincha aquí para ver el documento en PDF).

Los "falsos positivos" se han producido de manera "sistemática y generalizada"

Aunque el escándalo saltó en 2008 con la desaparición de una quincena de jóvenes en Soacha, localidad cercana a Bogotá, en 2006 la oficina del fiscal de la CPI anunció un "examen preliminar" para determinar si era necesario abrir una investigación ante la incapacidad de la justicia colombiana para juzgar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o actos de genocidio. Para las organizaciones denunciantes fue algo insuficiente ya que, según destacan, ha quedado demostrado que los juicios no son llevados a cabo con imparcialidad porque es la justicia penal militar y no la "ordinaria" la que lleva los casos.

El estudio denuncia además que las investigaciones en Colombia por los falsos positivos se limitan a juicios a soldados de poca categoría. "No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los altos mandos militares, máximos responsables de las ejecusiones", sentencia el texto, que añade que los crímenes se enfocan como "casos aislados" en los que pocas veces se acusa por "desaparición forzada (...) no se investiga la tortura, ni la violencia sexual o la detención arbitraria".

Los falsos positivos de Colombia vienen de lejos -de hecho EEUU sabía de su existencia desde 1990-, pero ha sido durante la etapa de Uribe cuando han salido a la luz pública la mayoría de los casos. En 2010, Wikileaks destapó las presiones que ejercía la cúpula militar para ocultarlos "intimidando a testigos para evitar que declaren". En un cable diplomático, el embajador estadounidense William Brownfield, el general designado para investigar los crímenes, narra lo que le llegó a contar el general de división Carlos Suárez, nombrado inspector general por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

"No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los altos mandos"

Suárez cuenta cómo comandantes del Ejército colombiano se oponían a iniciar una investigación y, lo más grave, no duda en calificar las ejecuciones de "fenómeno generalizado". El inspector cree que la insistencia por parte de algunos mandos militares en usar el número de cadáveres como medida de éxito es la causa de los falsos positivos. Algo que "no sólo mina la legitimidad del Ejército, sino que crea una falsa ilusión de éxito y, como resultado, los falsos positivos han hecho que se desvíen fondos y atención de la lucha contra las FARC", defendía Suárez en su relato.

A la presión por obtener resultados, el informe de la FIDH añade otro elemento como impulsor del fenómeno: el sistema de incentivos. La ONG hace hincapié ya no sólo en el pago a civiles y exinsugentes para facilitar información al Ejército, sino también en la existencia de recompensas para los militares, que iban desde licencias a ascensos o condecoraciones.

Los falsos positivos son sólo una pequeña muestra de los 32.000 desaparecidos que existían en Colombia cuando Uribe abandonó el cargo en agosto de 2010 quemado por el escándalo de los servicios secretos del país (DAS): un antiguo reponsable del DAS, bajo control directo del expresidente, terminó en prisión acusado de facilitar datos a los paramilitares sobre líderes sociales y sindicales que después fueron asesinados.

Uribe dejó la presidencia colombiana con 32.000 desaparecidos

La cifra de personas cuyo rastro se ha perdido en Colombia durante las últimas décadas asciende a 51.000, según un estudio del Grupo de Trabajo para América Latina y la Oficina para Colombia de EEUU. Más de la mitad han sido víctimas de desapariciones forzosas cometidas por guerrillas, paramilitares o miembros de los cuerpos de seguridad, cifras que colocan a Colombia a la cabeza de este tipo de crímenes en todo el mundo, incluso por delante de las terribles dictaduras chilena y argentina de los años 70 y 80.  

El estudio de la FIDH pone nombres y apellidos a los autores de las ejecuciones. En la presentación del informe, la ONG ha anunciado que junto a sus denuncias ha enviado a la CPI una lista confidencial con los principales presuntos criminales. Ahora, sólo espera que la Corte con sede en La Haya recoja el guante e inicie una investigación que, hasta ahora, no ha visto necesaria.