"Cuando te ocurre la primera vez, te asustas. Pero cuando se vuelve costumbre, lo terminas asimilando". Con esa frase, la activista colombiana Doris Rivera se refiere, nada más y nada menos, que a las amenazas de muerte que pesan sobre su cuerpo. A ojos de los paramilitares de aquel país, su "delito" no ha sido otro que defender los derechos de las mujeres. Ahora está en Bilbao, acogida por el Programa Vasco de Protección Temporal para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Al menos durante los próximos seis meses, nadie podrá matarla.

La historia de Fabián Torres es trágicamente similar. Uno de sus compañeros de militancia en el Congreso de los Pueblos –un colectivo que reivindica "una vida digna y con justicia social" para Colombia-, Carlos Pedraza, fue asesinado en enero pasado. Su cuerpo apareció tirado en un descampado, con un disparo en la cabeza. Llevaba varios días desaparecido. A partir de entonces, las amenazas contra Fabián y otras personas de su entorno se recrudecieron. "Me llamaban por teléfono y me decían que me iban a asesinar. También tenía furgonetas con gente sospechosa cerca de mi casa", recuerda Torres a Público.

Con estos antecedentes, Doris Rivera y Fabián Torres fueron seleccionados para participar en la presente edición del programa de acogida temporal en Euskadi, auspiciado por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y respaldado por varias organizaciones que trabajan en ese ámbito. Desde su puesta en marcha en 2011, esta iniciativa –que cuenta con antecedentes similares en Asturias y Cataluña- ya ha permitido que 11 personas –tres por cada edición- se instalen durante seis meses en Euskadi.

"El objetivo es que puedan construir redes de apoyo, tanto a nivel institucional como de movimientos sociales, de manera que cuando tengan que regresar a sus países, la comunidad internacional que ha conocido sus historias también les sirva de protección", explica Leire Lasa, coordinadora de este programa en CEAR Euskadi, una de las organizaciones que trabaja de manera activa para permitir que los amenazados latinoamericanos -aunque sea por seis meses- dejen de serlo.

"Me llamaban por teléfono y me decían que me iban a asesinar", cuenta Fabián Torres, acogido al Programa Vasco de Protección Temporal para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Hasta ahora, la mayoría de los participantes ha venido de Colombia, un país marcado a sangre y fuego por el terrorismo paramilitar. Sin embargo, las puertas también están abiertas a otros amenazados de América Latina. "El año pasado hubo un participante guatemalteco –señala Lasa-, mientras que este año contaremos con una militante indígena de Perú". Se trata de Obdulia Guevara, una de las principales impulsoras de la formación del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDHMEH). "Una de sus principales reivindicaciones ha sido la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada durante el mandato de Alberto Fujimori", explica la responsable de CEAR Euskadi.

“Te vamos a matar”

El avión que trae a Guevara aterrizó ayer en Bilbao. Aquí compartirá su testimonio con Doris y Fabián, los dos refugiados colombianos de este año. En el caso de Doris, se trata de la segunda vez que pisa la península ibérica. En 2010 estuvo en Barcelona, donde participó en otro programa de acogida temporal a personas amenazadas. Aquella estancia en tierras catalanas le permitió denunciar su caso y, al mismo tiempo, "descansar" de las habituales amenazas. Sin embargo, las cosas volvieron a complicarse cuando regresó a Colombia. "Ya te tenemos ubicada, a ti y a tu familia. Te vamos a matar", fue uno de los contundentes mensajes enviados por el Bloque Meta, uno de los grupos paramilitares que operan impunemente en ese país.

Obdulia Guevara, principal impulsora de la formación del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDHMEH), en Perú.

En lugar de obtener la protección del Estado, Doris acabó –paradójicamente- en sus calabozos: en febrero pasado, esta mujer fue capturada por la Policía colombiana. "En ningún momento mostraron una orden de captura, por lo que el juez acabó reconociendo que todo era ilegal y me pusieron en libertad", señala. Aún hoy no sabe por qué la detuvieron, aunque puede intuirlo. "Como trabajamos en aquellas zonas donde hay más presencia del conflicto –argumenta-, el gobierno nos quiere vincular con los grupos que funcionan al margen de la ley".

"La ultraderecha y la oligarquía le tienen miedo al pueblo colombiano, por eso nos matan. A quienes no tenemos las armas, nos acusan de terroristas y nos asesinan vilmente", añade Fabián, su compañero de estancia en Bilbao. Su testimonio se ampara en las cifras más horrendas e impunes del territorio colombiano: en lo que va de año, ya han sido asesinados 34 defensores de derechos humanos. Desde que gobierna el derechista Juan Manuel Santos, las víctimas alcanzan el espeluznante número de 317. Si los paramilitares cumplen sus amenazas –y el Estado, como ya es habitual, no hace nada por impedirlo-, Doris y Fabián podrían acabar en ese horrendo listado.