Publicado: 17.07.2015 19:54 |Actualizado: 18.07.2015 01:05

La Audiencia da carpetazo a la causa por las torturas en Guantánamo

El procedimiento se dirige fundamentalmente contra el expresidente de EEUU George W.Bush, el exvicepresidente Richard Cheney y el exsecretario de Defensa Rumsfeld 

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La cárcel de Guantánamo, en una imagen de archivo. REUTERS

La cárcel de Guantánamo, en una imagen de archivo. REUTERS

MADRID.- El juez José de la Mata da por cerrada la causa por supuestas torturas en Guantánamo a cuatro expresos, uno de ellos español -el ceutí Hamed Abderraman, "el talibán español"-, "hasta que pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra las que se dirige el procedimiento".

Para De la Mata, en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la reforma de la ley de justicia universal de marzo de 2014, "no concurren en este momento las condiciones de conexión relevantes para que la jurisdicción española pueda conocer de los hechos".

Fundamentalmente que se encuentren en España las personas contra las que se dirige el procedimiento: el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld.



Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional en el auto en el que concluye la instrucción de este sumario y lo eleva a la Sala de lo Penal para que, "tras los trámites oportunos, dicte la resolución que considere pertinente".

Sin embargo, de la Mata ya propone que "al no ser ya competente la jurisdicción española", de acuerdo con la nueva ley de justicia universal y la interpretación efectuada por el pleno del la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el llamado caso Tíbet, procedería su archivo "hasta que pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra las que se dirige el procedimiento".

Esta salvedad viene dada porque, al igual que su antecesor Pablo Ruz, De la Mata entiende que los delitos investigados, torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.

En este sentido, recuerda el auto, el IV Convenio de Ginebra establece que "todos los Estados firmantes deben buscar a las personas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquier infracción grave, si estas personas se han refugiado u ocultado en su país" para hacerlas "comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad y el lugar donde se cometió la infracción".

De modo, añade el juez, que el nuevo sistema de justicia universal "aunque es muy restrictivo", no vulnera los tratados internacionales y se limita "a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que se encuentre en España".

De la Mata decide concluir este sumario pese a que Ruz decidió mantenerlo abierto a la espera de que Estados Unidos contestara a la comisión rogatoria que libró en enero para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta por estos hechos.

Hamed Abderraman, "Hmido", fue entregado a España tras permanecer recluido en Guantánamo y en 2006 el Tribunal Supremo le absolvió del delito de pertenencia a Al Qaeda por el que la Audiencia Nacional le había condenado a seis años de cárcel.

De la Mata constata que han "pasado más de seis años sin que se haya recibido el esperado auxilio judicial internacional pese a los sucesivos recordatorios" y "más de un año desde el último" y si bien "ello no sería óbice" para seguir insistiendo conviene "revisar, por razone de economía procesal" si a la vista de la sentencia del Supremo cabía mantener abierta la causa.

Acorde con esta idea, el juez rechaza en otro auto la petición de la acusación de averiguar la identidad de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se desplazaron a la prisión de Guantánamo "con el fin de interrogar a varios de los allí detenidos los días 22 y 23 de julio de 2002" para citarles en calidad de imputados.