El Tribunal Supremo de Wisconsin ha confirmado la ley antisindicatos promulgada por el gobernador republicano del estado, Scott Walker, a principios de año y que despoja a los funcionarios públicos de su derecho a la negociación colectiva.

La ley que el gobernador propuso el pasado febrero y que fue aprobada por la mayoría conservadora del Senado local en marzo recorta los salarios de los empleados públicos, les hace pagar 12% de su seguro médico y la mitad de su plan de pensiones y sobre todo elimina su derecho a llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no sea estrictamente salarial.

La ley provocó semanas de protestas. Miles de personas se manifestaron contra ella ante el Capitolio durante semanas y los senadores demócratas huyeron del estado para evitar participar en una votación adversa, convirtiendo Wisconsin en el foro del debate nacional sobre los derechos sindicales.

En una decisión de 4-3 que mostró las virulentas diferencias que dividen el estado, el Tribunal Supremo de Wisconsin dictaminó que una jueza federal rebasó su autoridad cuando anuló la ley a finales de mayo.

La magistrada dio la razón a una demanda judicial de los sindicatos que acusaban a los republicanos de no haber convocado con suficiente antelación la reunión que finalmente, en ausencia de los demócratas, les permitió aprobar el proyecto de ley.

El gobernador Walker alabó la decisión del Supremo por 'dar a Wisconsin la oportunidad de avanzar', mientras que Phil Neuenfeldt, presidente de la agrupación de sindicatos AFL-CIO, calificó el fallo de 'una afrenta a la democracia'. En Madison, la capital, algunos manifestantes han decidido acampar frente al Capitolio en lo que llaman Walkerville para protestar contra las medidas republicanas.

Wisconsin se ha convertido en el centro de la lucha conservadora contra los sindicatos, aprovechando la mala coyuntura económica. Otros estados, como Ohio y Iowa, también han aprobado normativas parecidas.