BERLÍN.- Ya han pasado más de cuatro meses desde que la Unión Europea firmara un acuerdo con Turquía para impedir que los refugiados que tratan de alcanzar a territorio europeo lleguen a las fronteras de los países comunitarios. En virtud de este convenio, que causó gran polémica, quienes consiguen pisar las costas griegas son deportados a Turquía a cambio del compromiso de que otro país de la UE acoja en el futuro al mismo número de personas. Para que se llevase a cabo se ofreció al Gobierno turco una cantidad de 6.000 millones de euros que se irá desembolsando progresivamente.

Angela Merkel ha ejercido de interlocutora con Ankara durante todo este proceso, en el que estaban en juego un gran número de intereses. Al tiempo que la canciller alemana recibía presiones de, incluso, sus socios de Gobierno en Baviera (el CSU) por su política migratoria de "puertas abiertas", endurecía junto a los socialdemócratas los requisitos de asilo para quienes entraban en Alemania procedentes de lugares en conflicto. 

Ni siquiera el contragolpe iniciado por Erdogan tras la fallida asonada militar ha hecho que la UE se plantee abiertamente la ruptura del pacto con Anakara para expulsar refugiados

Asimismo, mientras de cara a la opinión pública se mostraba favorable a la acogida de refugiados, pactaba con Turquía para impedir las rutas que permitían a los migrantes llegar a la UE. Y así, al mismo tiempo que Merkel salía en los medios de comunicación defendiendo que el islam forma parte de la cultura alemana ─la comunidad musulmana en Alemania alcanza los seis millones de personas─, su ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, proponía que los refugiados trabajasen por un euro la hora hasta que se les aceptase su solicitud de acogida.

Una política de contrastes, como el hecho de catalogar como seguros a Túnez, Argelia, y Marruecos mientras se obvia el conflicto de Ankara con el pueblo kurdo, otro de los elementos para dudar de Turquía como garante de seguridad. Precisamente, la seguridad era una de las condiciones sine qua non para que el acuerdo con la UE. Desde Bruselas se defendía que sólo era cuestión de que el Gobierno turco solucionara un par de trámites burocráticos, que siguen sin solventarse y el pacto se mantiene.

Ni siquiera el contragolpe iniciado por Erdogan tras la fallida asonada militar ha hecho que la UE se plantee abiertamente la ruptura del acuerdo o cortar la financiación del mismo, al menos de manera pública. Sin embargo, el presidente turco sí que ha advertido a su contraparte de que el acuerdo está en riesgo, sobre todo desde que ve inviable la adhesión al bloque comunitario. Erdogan aboga por un referéndum como el de Reino Unido, donde ganó el Brexit, pero en este caso para que la ciudadanía turca decida si quiere pertenecer a Unión Europea o no. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, se mostraba alarmado por la hipotética ruptura del acuerdo migratorio, ya que “si esto ocurre, volveremos a ver a los refugiados a las puertas de Europa”. 

La Comisión Europea teme que se rompa el acuerdo con Turquía: “Si esto ocurre, volveremos a ver a los refugiados a las puertas de Europa”

Desde el intento de golpe de Estado, Turquía ha obtenido el beneplácito internacional en forma de silencio para tomar todas las medidas represivas que estime oportunas. Con una prudencia desorbitada, Alemania ha reprochado a Erdogan que si aplica la pena de muerte, tal y como parece que quiere hacer, su país no podrá anexionarse a la UE por ir en contra de los valores de los países miembros. La veracidad de esta afirmación no es cuestionable, pero sí lo es la insistencia en prometer a Erdogan imposibles, dada las políticas autoritarias que está imponiendo. Antes de la firma del acuerdo con la UE, Merkel aseguró que a partir de junio los turcos podrían viajar a Alemania sin necesidad de visado. Todavía no se ha aplicado esta medida. Todas estas endebles promesas están repercutiendo directamente en la propia población turca.

Para que su buena relación no se resienta, la canciller ha obviado incluso la falta de libertad de prensa que promulga el Gobierno turco. Así lo demostró en marzo en el caso del cómico alemán Jan Böhmermann, quien hizo un poema satírico sobre el mandatario usando lenguaje profano y acusándole de poco democrático. El enfado del gobernante turco fue manifiesto y presentó acciones penales contra el cómico. A los pocos días, Merkel se posicionó del lado de Erdogan alegando que era un poema intencionalmente dañino y aprobando su persecución penal.

Las autoridades turcas han detenido en las últimas semanas a miles de personas, muchas de ellas periodistas, como la comunicadora feminista Zehra Dogan. “Si los medios de comunicación apoyan el golpe de Estado les va a salir caro”, dejó claro Erdogan. Alemania ha respondido con las declaraciones del ministro de exteriores, Frank-Walter Steinmeyer, donde pedía que sólo se detuviese a quienes han cometido actos ilegales y no a todos los sospechosos de ser enemigos del gobierno.

Pero Erdogan sigue con su persecución y ahora ha exigido a Alemania que extradite a los seguidores del que dice que es artífice del golpe de Estado, el influyente clérigo Fetullah Gülen. El Gobierno germano dice que no se dejará chantajear y dio muestras significativas de ello el fin de semana pasado, cuando en una multitudinaria manifestación de apoyo a Erdogan en Colonia no se le permitió hablar virtualmente a sus seguidores, en cumplimento de una prohibición expresa del Tribunal Constitucional alemán. Esto enfureció al mandatario turco, quien llamó a consultas al embajador alemán en Ankara y sigue desafiando a Merkel. Estas discrepancias han propiciado que Alemania refuerce militarmente la base aérea de Incirlik. Sin embargo, su actitud ante el golpe sigue siendo la de no posicionarse abiertamente ante el mismo.

La doble moral de la Unión Europea

Kerem Schamberger es un joven cuyo padre es originario de Karaman, en la Anatolia central. Aunque ha nacido y crecido en Alemania, sigue muy de cerca la política turca. Apoya al HDP, aunque no participa activamente en el mismo. Este partido de izquierdas pro-kurdo ha sido comparado con Podemos debido a que aglutina a muchas organizaciones progresistas y movimientos sociales. Kerem habla de la doble cara de la Unión Europea y de su país, Alemania. “Ellos saben que Erdogan no es ningún demócrata, pero no tienen ningún problema con eso. Para la Unión Europea es importante que Turquía detenga a la gente en su idea de llegar desde Siria a Europa, lo demás les da igual. Esta doble moral también se nota cuando dicen que no aceptarán que Turquía imponga la pena de muerte y, por otro lado, siguen teniendo buenas relaciones con uno de los países que aún aplica la pena capital, Estados Unidos”.

El AKP de Erdogan y el partido de extrema derecha alemana AfD "coinciden plenamente en algunas cuestiones"

Schamberger reivindica la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. También ve similitudes entre los turcos que viven en Alemania y son seguidores del partido de Erdogan (AKP) y el fundamentalismo de la extrema derecha alemana, materializado en el partido Alternativa para Alemania (AfD). “En algunas cuestiones coinciden plenamente, como en la prohibición del aborto, por ejemplo, o el mantenimiento de la cultura patriarcal”, explica. Otra de sus preocupaciones es en qué se gasta Erdogan el dinero que la UE le ha dado tras el acuerdo sobre los refugiados, ya que no existen apenas mecanismos de control para justificar en qué se emplea y no es descabellado pensar que, además de para reprimir a la población, se utilice para devolver a los migrantes a zonas de conflicto bélico como Siria.

Para Erkin Erdogan, procedente de Estambul y residente en Alemania desde hace cuatro años, su país “debería paralizar su brutal guerra contra el Kurdistán y retomar las negociaciones de paz con Abdullah Öcalan. La paz y la profundización en la democracia son las únicas soluciones al conflicto militar”, cuenta. Abdullah Öcalan es el presidente del PKK o partido de los trabajadores kurdos. Fue condenado a muerte inicialmente y, tras ser abolida la pena capital en 2004, a cadena perpetua. El PKK no sólo es ilegal allí, sino que también es considerado como grupo terrorista por EEUU y la UE. Para que se volviese a restaurar la pena de muerte Turquía debería modificar la constitución. Erkin participa activamente de la política turca desde Alemania, ya que es co-portavoz en Berlín del HDK, uno de los partidos que integran la coalición del Partido democrático de los pueblos (HDP, en las antípodas ideológicas del AKP, el partido que gobierna actualmente).

"El acuerdo entre Turquía y la UE entra en conflicto con los valores democráticos. Se basa en el ‘tráfico’ de personas de forma racista entre ambos territorios"

El presidente turco ha anunciado también la suspensión de la Convención Europa de Derechos Humanos. No es el único acuerdo internacional que no cumple. “Se debe respetar también la Convención de Ginebra sin condiciones geográficas, ya que actualmente los refugiados no tienen definidos sus derechos en ella y sólo pueden ser solicitantes de asilo quienes procedan de países europeos”, cuenta Erkin, quien añade que “el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea entra en conflicto con los valores democráticos. Se basa en el ‘tráfico’ de personas de forma racista entre ambos territorios y eso está expresamente prohibido en la Convención de los Derechos Humanos”, continúa.

Sobre la cuestión de la anexión de Ankara a la UE, este joven turco lo tiene claro. “Creo que la UE es un proyecto neoliberal que, como hemos visto con Grecia, no se basa en ayudar a las personas, sino en imponer a los países más desfavorecidos sus políticas de austeridad. Por tanto, no creo que la entrada de Turquía en la UE pueda conllevar una mejor vida para las personas turcas. Las comunidades europeas deberían desarrollarse de otra forma para promover la solidaridad internacional y los valores democráticos”, concluye.