Publicado: 18.03.2016 08:49 |Actualizado: 18.03.2016 08:49

La UE pacta su posición común
para la deportación masiva de
los refugiados sirios a Turquía

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, negociará hoy con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, las condiciones del acuerdo final, haciendo equilibrios para que cumpla la legalidad internacional. 

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El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, conversando ayer en Bruselas con el primer ministro holandés, Mark Rutte. /REUTERS

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, conversando  con el primer ministro holandés, Mark Rutte. /REUTERS

BRUSELAS.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE trabajaron ayer hasta la madrugada para lograr un consenso y fijar sus líneas rojas en la negociación que mantendrán este viernes con Turquía para cerrar un pacto que suponga la deportación masiva de miles de refugiados sirios llegados a Grecia.

Así, la Unión Europea consumará un fracaso más a ya larga lista en su nefasta gestión de la crisis de los refugiados. Unos Estados, los europeos, prósperos y desarrollados que son incapaces de acoger en sus fronteras a aquellos que, huyendo de la guerra, lo han perdido todo. Hay que recordar, que Europa ha reubicado a un millar de los 160.000 refugiados que esperan en Grecia e Italia, y solo ha recolocado a 4.000 de los 22.000 que pactó directamente con Turquía, que intentará aprovecharse económicamente de la situación.



Los líderes encargaron a los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE, que negocien en nombre de los Veintiocho con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, desde primera hora de la mañana. "El acuerdo es posible, pero todavía muy difícil", reconoció Rutte a su salida de la reunión.

Los negociadores de la UE y Davutoglu trabajarán sobre la base del último borrador de la declaración conjunta para el acuerdo. Algunos Estados miembros expresaron reservas sobre la legalidad del acuerdo tal y como está planteado, así como de otros puntos del mismo, informaron fuentes comunitarias, que aseguraron que han quedado claras cuáles son las líneas rojas que la UE no está dispuesta a cruzar en su negociación con Turquía.

Varios asuntos espinosos que resolver con Turquía

Una de las cuestiones más espinosas y con menos posibilidades de progresar es la relativa a la apertura de capítulos del proceso de adhesión de Turquía a la UE, a la que se opone Nicosia a menos que Ankara reconozca a Chipre. Ambos países mantienen una disputa histórica a raíz de la ocupación turca del norte de Chipre en 1974. El proyecto de acuerdo menciona las preparaciones de una decisión para la apertura de nuevos capítulos, pero no cita cuáles específicamente ni cuándo.

Una de las cuestiones polémicas del acuerdo tiene que ver con la intención de adelantar a junio la liberalización de visados a ciudadanos turcos

La segunda cuestión polémica tiene que ver con la intención de adelantar a junio la liberalización de visados a ciudadanos turcos, a la que países como Francia se han mostrado particularmente reticentes puesto que abriría las puertas de la UE a 78 millones de personas. El presidente francés, François Hollande, recalcó que para que se produzca la liberalización de visados Turquía debe cumplir 72 requisitos ya establecidos. "No habrá liberalización si esos criterios no son respetados", aseguró.

El primer ministro belga, Charles Michel, por su parte, propuso vincular la readmisión de refugiados con el proceso de liberalización de visados, de manera que exista un "freno de emergencia" si Turquía no se ajusta al derecho internacional en materia de asilo.

3.000 millones extra por acoger a los refugiados

Según el preacuerdo del 7 de marzo con Turquía, el avance en visados y adhesión se sumaría al compromiso de la UE de agilizar el desembolso de 3.000 millones de euros de ayuda para refugiados y a considerar nueva financiación cuando este monto inicial se agote. El borrador de acuerdo apunta a que la UE está "dispuesta a decidir" sobre una ayuda adicional de un máximo de otros 3.000 millones de euros hasta finales de 2018.

A cambio, Ankara acepta la devolución de todos los inmigrantes irregulares (incluidos los demandantes de asilo) nuevos que lleguen a partir de ahora a Grecia, siempre que el bloque comunitario facilite la llegada a la UE por vías legales de un sirio por cada compatriota llegado a Turquía.

Lo que la Unión Europea pretende con este mecanismo es lanzar un mensaje de aviso a las mafias que trafican con los refugiados

Lo que la Unión Europea pretende con este mecanismo es lanzar un mensaje de aviso a las mafias que trafican con los refugiados y los inmigrantes, con el fin de disuadir a las personas de jugarse al vida en el mar Egeo, que además serían puestas al final de la lista para ser acogidas.

Su reparto entre Estados miembros se haría sobre la base del compromiso voluntario de reasentamiento de refugiados de países terceros, para los que

Muchas dudas sobre la seguridad que ofrece Ankara

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que todos los líderes "coincidieron en que hay que hacer todos los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Turquía", pero recalcó que la precondición absoluta es que se cumpla el Derecho europeo e internacional.

El acuerdo plantea serias dudas porque no está claro que Turquía pueda considerarse un "país tercero seguro" al que devolver a los refugiados

El acuerdo plantea serias dudas porque no está claro que Turquía pueda considerarse un "país tercero seguro" al que devolver a los refugiados, puesto que no cumple plenamente la Convención de Ginebra sobre asilo. Para empezar, Ankara solo ofrece protección total a los ciudadanos con pasaporte europeo y no a los refugiados. Sin embargo, la UE se muestra confiada con las promesas de Erdogan de introducir cambios en su legislación para adaptarse a los requisitos.

La devolución de refugiados generará un enorme reto logístico para Grecia, y requerirá el despliegue en el país de miles de jueces y cientos de funcionarios de los Estados miembros para tramitar las solicitudes, así como la ayuda de las agencias comunitarias Frontex y EASO, que se podría costear en parte con 700 millones de euros del presupuesto comunitario.