Resulta paradigmático el cinismo con que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) trata el asunto de la petición por el Ayuntamiento de Moratalla, Murcia de que se retire una placa franquista conmemorativa de la inauguración del pantano del Cenajo por el dictador en 1963, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2017. Dando la callada por respuesta, extraviando supuestamente expedientes y solicitudes, mirando para otro lado con el fin de evitar el cumplimiento de la normativa que no les gusta: así es como el Partido Popular está tratando en toda España lo relativo a este asunto.

La cuestión que sigue sin resolver es si la derecha española cumple, o hace cumplir, las leyes que no le gustan. Que son, en definitiva, las hechas por otros gobiernos. Aunque la corta –a pesar de todas las alharacas y autocomplacencias al uso– trayectoria de la actual democracia española no nos dé aún datos suficientes para tener constancia de cuál es el corpus legislativo permanente.

La cuestión que sigue sin resolver es si la derecha española cumple, o hace cumplir, las leyes que no le gustan

Lo que está claro es que en los últimos tiempos la derecha desprecia, en sus periodos de gobierno democrático, las leyes hechas por otras fuerzas políticas y, sin embargo, aplica a machamartillo, contra viento y marea, sin importarle los costes sociales y humanos las que ella pare: LOMCE, reforma laboral, etc., etc., etc. Las derrotas parlamentarias son de esta forma revertidas en la práctica por la inacción, la indiferencia o la negativa a actuar, a aplicar la legislación vigente.

De esta actitud sirve de caso ejemplificador la pasividad de los responsables populares para eliminar una placa con un texto vergonzoso para cualquier ciudadano demócrata que campea en el pantano del Cenajo, sobre el río Segura. “Este embalse del Cenajo lo mando construir Francisco Franco, caudillo de España. Dominó con él las aguas turbulentas del río Segura para que fecundizaran apaciblemente unas tierras ubérrrimas. Redimió a los hombres que las trabajan del milenario temor a las inundaciones y a la sequía. Con su presencia se inauguró el día 6 de junio de 1963”.

Con ese texto se puso punto final a la obra hecha fundamentalmente por unos 800 presos y represaliados políticos del régimen de Franco entre los años 1947 y 1963. La resultante instalación hídrica está gestionada desde entonces por el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente entonces del Ministerio de Obras Públicas; ahora, del Ministerio de Fomento.

Hace ahora dos años y medio, en noviembre de 2014, el Pleno municipal de Moratalla acordó que se pidiera la retirada de la placa conmemorativa y así lo solicitó a la CHS mediante escrito presentado a través de registro. “Desde entonces, no han hecho nada, ni han contestado el escrito”, asegura la alcaldesa de Moratalla, Candi Pérez, cuyo partido (IU) gobierna en coalición con el PSOE desde las pasadas elecciones municipales de 2015.

¿Cuál sería la figura delictiva que se produce cuando un funcionario público actúa en contra u omite hacer cumplir la normativa legal?

Tras la salida del PP del gobierno municipal, las gestiones ante la CHS para la retirada de la placa se intensificaron mediante llamadas telefónicas y nuevos escritos a partir de la toma de posesión del nuevo consistorio de PSOE-IU, en junio pasado. “Nos dijeron, después de tiempo, que no encontraban en el expediente; entonces fui personalmente, como alcaldesa, el pasado 22 de abril a entregar nueva copia de lo presentado anteriormente a la secretaria personal del secretario general de la CHS”, José Antonio Martínez Díez de Revenga.

Nunca se produjo respuesta formal en un sentido u otro por parte de la CHS, presidida desde marzo de 2012 por Miguel Ángel Ródenas Cañada, nombrado por Ana Pastor, ministra de Fomento de Mariano Rajoy. Así que finalmente, el pasado lunes, la alcaldesa encabezó un grupo de 25 ciudadanos que fueron a la sede de la CHS, en el centro de Murcia, a entregar solicitudes individuales para que sea retirada la placa franquista de la discordia.

La reacción del organismo de cuenca no ha podido ser más cínica y raya en la falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Y no ha sido oficial, sino solo una respuesta a este medio. Veamos. Preguntado al respecto, un portavoz de la CHS dijo a Público el martes que “se ha abierto un expediente y se va a aplicar la ley en sentido estricto”. El mismo portavoz no supo explicar por qué ese “expediente” no había sido puesto en marcha antes, después del acuerdo municipal de hace dos años y medio, ni por qué motivo no se había aplicado ya lisa y llanamente la ley pertinente.

Es decir, la CHS que preside Miguel Ángel Ródenas Cañada por mandato de la ministra Ana Pastor ha tardado 17 meses en darse por enterada de un asunto que le fue comunicado vía Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un ayuntamiento de su ámbito de jurisdicción. Y es ahora cuando asegura que se pone en marcha el mecanismo necesario para aplicar la ley. Eso sí, “en sentido estricto”.

Inaudito. Vergonzoso. ¿O estamos hablando, quizá, de un incumplimiento consciente por parte de funcionarios públicos de la legislación vigente? Es decir, de la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, o Ley de la Memoria Histórica. ¿Cuál sería, pues, la figura delictiva, en este y otros muchos casos, que se produce cuando un funcionario público actúa en contra u omite hacer cumplir la normativa legal? Doctores tiene… la derecha.