Teresa Rodríguez, presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, publicó el 2 marzo de 2018 este tuit: "Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen nosotr@s también".

La familia del exministro del dictador Francisco Franco y exsecretario general del Movimiento Utrera Molina la denunció, junto a Alfredo Díaz Cardel, dirigente de Podemos en Castilla La Mancha, quien había puesto, en la misma fecha, este otro tuit: "Hoy hace 44 años asesinaron, con garrote vil, Salvador Puig Antich. El ministro de Franco que ordenó ese asesinato fue José Utrera Molina. Vean la opinión que de él tiene el ex ministro de Justicia del PP. Alberto Ruiz Gallardón. juzgen la catadura de estos fascistas".

La jueza de primera instancia María del Rosario Campesino Temprano le dio la razón a la familia y los condenó a ambos a pagar 5.000 euros por una intromisión en el derecho al honor y a retirar el tuit. Se pusieron los recursos, que la Fiscalía apoyó, y que, en una sentencia la Audiencia de Madrid ha decidido ahora rechazarlos.

El argumento de los magistrados para ratificar las condenas es que Utrera Molina, dicho en términos coloquiales, pasaba por allí, y, por tanto, no cabe responsabilizarle del "asesinato" de Puig Antich, con toda el "contenido y la carga ofensiva" y "vejatoria" que conlleva el uso de esa palabra. Así lo expresan en la sentencia, a la que ha tenido acceso Público: "Ni Utrera Molina intervino en el dictado de la sentencia que condenó a aquél [Puig Antich] a pena de muerte, ni pudo decidir sobre el posible indulto del mismo en tanto que la prerrogativa del derecho de gracia era facultad exclusiva del Jefe del Estado en ese momento". El jefe del Estado en ese momento era el dictador Francisco Franco. Por tanto, sostienen los jueces, "hacer a aquél [Utrera Molina] responsable de su asesinato, no tiene justificación en la libre crítica que puede y sin duda debe realizarse de determinados momentos históricos o regímenes políticos".

Teresa Rodríguez, según las fuentes consultadas por Público, tiene la intención de recurrir en casación al Tribunal Supremo. Díaz Cardiel lo está pensando, pero deja a Público la siguiente reflexión: "Es paradójico que condenen en democracia a una persona que señala crímenes del franquismo cuyo padre estuvo casi diez años en las cárceles franquistas por el delito de querer que en España hubiese democracia. Mi padre es Víctor Díaz Cardiel, fue dirigente del PCE en la clandestinidad y luego también en IU. El franquismo pervive en democracia consiguiendo que se condene a quienes hablan de sus crímenes, incluso a hijos de quienes los sufrieron".

Los razonamientos de los fiscales

La Fiscalía de Madrid, al contrario que la Audiencia, que ha rechazado sus argumentos en la sentencia, consideró que Utrera Molina tuvo una responsabilidad de tenor "político" en la condena a muerte –avalada por el Gobierno del dictador al que pertenecía Utrera Molina– de Salvador Puig Antich en 1974.

Así lo recoge el Ministerio Público en el escrito enviado al juzgado: "La participación y responsabilidad de Utrera Molina en la ejecución a muerte de Puig Antich se colige de que como miembro del consejo de ministros –en su calidad de vicepresidente y ministro del movimiento– revisó la pena de muerte de Puig Antich por mandato legal […] y, resultando que el Gobierno no condonó la pena de muerte y por ello no usó de la prerrogativa, […] la pena de muerte se ejecutó".

La fiscal Carmen Palomar añadía el siguiente razonamiento: "La responsabilidad de los acuerdos adoptados en los Consejos de Ministros se regula[ba] en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Estado […]: El presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en los Consejos de ministros".

Y en este punto introduce la participación de Utrera Molina: "[De ello] se colige la responsabilidad, que entendemos política, –precisa la fiscal– de Utrera Molina en la ejecución a muerte de Puig Antich por cuanto fue responsable de la decisión adoptada […] y por ello participó con una responsabilidad política siendo el último eslabón por el cual la condena a muerte de Puig Antich se cumplió".

"Claro está que la no aplicación de la prerrogativa de gracia no era una obligación, como por dos veces señala la sentencia que impugnamos [la que condenó a Rodríguez], pero […] era una opción a tomar y, por ello, la no condonación de la pena de muerte […] tiene una carga intencional", razona la fiscal.

La Fiscalía también consideró que imponer penas a cualquiera hoy por valorar las condenas a muerte franquistas supondría instaurar "una suerte de censura".