Las ayudas europeas de la Política Agraria Común en Andalucía perpetúan la desigualdad que ya existe en el reparto de la tierra. En el año 2022, el 20% más rico se llevó el 80% de los fondos. 

Estos son los números: de los 1.720 millones de euros que se recibieron en la Comunidad en el año 2022, 42.282 perceptores se embolsaron 1.375 millones, mientras que el resto, 345 millones, fueron a parar a 172.458 explotaciones.

Los datos están recogidos en un trabajo del experto en gestión hídrica Joan Corominas, titulado Apuntes sobre la diversidad y desigualdad de las explotaciones agrarias andaluzas. "La distribución de la propiedad es desigual; las ayudas de la PAC reproducen esa desigualdad y no la corrigen", afirma el autor a Público.

"Las intervenciones del sector público en la agricultura no contribuyen a reducir las desigualdades: las ayudas de la PAC y la asignación del agua y del coste de la misma las reproducen", agrega Corominas.

Así, las subvenciones millonarias de Europa no permiten, según este trabajo, "mejorar significativamente las rentas de las explotaciones familiares, reproduciendo la desigual distribución".

"Las pequeñas explotaciones y las de tipo familiar consiguen unas rentas entre 20.000 30.000 euros por unidad de trabajo, mientras que las grandes explotaciones obtienen rentas por unidad de trabajo entre 40.000 y 70.000 euros", se lee en el estudio.

El trabajo de Corominas permite hacer esta radiografía. Por un lado, "en Andalucía la agricultura familiar y a tiempo parcial representa el 89% de las explotaciones y únicamente el 27% de la superficie, el 32% de las ayudas de la PAC; el 51% de la renta agraria; el 56% de la producción y el 70% del empleo".

Y "en el otro extremo, las grandes explotaciones representan un 6,8% del total y disponen del 65% de la superficie, el 61% de las ayudas de la PAC, producen el 36% de la producción agraria, obtienen un 34% de la renta agraria y generan el 23% del empleo".

Origen de la desigualdad, agua y reformas

"Para reducir la desigualdad de rentas de la agricultura andaluza, y no solo andaluza sino española y europea, debe reformularse la PAC de manera que las ayudas remuneren el trabajo generado y no el tamaño de las explotaciones", propone el experto.

"Las reivindicaciones del modelo de agricultura familiar y profesional demandan que el modelo de agricultura europea vaya en la línea de apoyar este modelo de agricultura para que pueda producir alimentos de calidad, que asegure unos precios justos para estos productos, que sea sostenible con el medioambiente y que se evite la competencia desleal de productos importados con estándares inferiores a los europeos", añade.

De este modo, estas ayudas de la UE incumplen "su razón de ser de apoyo a la agricultura familiar europea", según Corominas. "Su misión es reequilibrar la agricultura europea favoreciendo un modelo de agricultura arraigado al territorio, que produce alimentos sanos y mantiene los equilibrios ecológicos y proporcionando seguridad alimentaria", se lee en el trabajo.

El economista Óscar García Jurado asegura a Público: "Yo lo explicaba a mis alumnos universitarios de la siguiente manera. La PAC la impulsaron los agricultores franceses. Era una suerte de renta básica para los agricultores en Francia. En Francia, la tierra está más o menos mejor repartida que aquí, y hay numerosos agricultores que son propietarios y trabajan su tierra. Esa renta básica asegura la soberanía territorial, pues garantiza un medio rural vivo".

"¿Qué pasa –prosigue García Jurado– al trasladar esas políticas a una estructura económica diferente? ¿Qué pasa cuando la PAC, creada para una estructura de reparto de la tierra determinada, se traslada a una agricultura latifundista, como en Andalucía? Pues que los efectos son completamente distintos y, efectivamente, en vez de una renta básica para quien vive y trabaja en el campo, se convierte en rentas enormes para quien ni trabaja el campo ni vive en él".

Para Corominas, el asunto no es del todo así, pero sí coincide en que el origen de las ayudas ha marcado su desarrollo y que las protestas han llevado a cambios en el nuevo marco de reparto, que está por ver el efecto que tienen cuando se pueda analizar el efecto de las reformas. "En 2023 hay cambios importantes. Se puso un límite de 200.000 euros por explotación, que se puede superar con inversiones en regadíos o al crear zonas de turismo rural. Pero teóricamente están limitadas a 200.000. Eso sí, hecha la ley, hecha la trampa. Se han empezado a dividir fincas. Hasta que no veamos los datos no podemos saber los cambios", afirma Corominas a Público. 

Con el agua, hasta ahora, sucede lo mismo. "La asignación del agua al regadío reproduce la desigualdad de la propiedad de la tierra cuando el agua es un bien de dominio público y debería utilizarse con criterios económicos, ambientales y sociales", afirma Corominas, que es presidente de la Fundación Nueva Cultura del agua. 

"Los cánones y tarifas del agua que cobran a los regantes las confederaciones hidrográficas están muy subvencionados (del orden del 70-75% del coste real de los servicios del agua de riego) y se distribuyen de forma igual a todos los regantes, produciéndose un apoyo igual a todos los regantes independientemente de su capacidad económica. Ni tienen en cuenta factores ambientales, como la contaminación difusa de nitratos y pesticidas que producen: son regresivos socialmente y ambientalmente", explica.