La Delegación de Gobierno de Madrid ya está preparando su maquinaria burocrática para sancionar a los participantes en los escraches convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En concreto, según fuentes de Delegación de Gobierno, ha abierto expedientes sancionadores a 18 participantes en el escrache en el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado día 5, entre los que se encuentra el profesor Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular (AP) hasta 1996, al que Cristina Cifuentes, la delegada, considera uno de los impulsores de esta protesta. De las treinta personas que fueron identificadas en ese escrache, la Delegación del Gobierno considera que doce no han cometido una infracción que suponga la apertura de expediente.

Según ha confirmado a Efe la Delegación del Gobierno, de las dieciocho propuestas de sanción, que pueden ser recurridas, tres son por falta grave y quince por falta leve. Los expedientes por una posible falta grave se han abierto a las tres personas que se consideran organizadoras o promotoras de la protesta; una de estas tres personas es Jorge Verstrynge, según fuentes cercanas a los organizadores.

Las faltas graves serán sancionadas con 1.500 euros de multa si finalmente se resuelve el expediente en contra del afectado correspondiente, mientras que las leves conllevarán una sanción de entre 200 y 250 euros dependiendo de la infracción cometida. La Delegación del Gobierno ha abierto los expedientes basándose en la información aportada por la Policía Nacional y en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Además del escrache en la casa de Soraya Sáenz de Santamaría, la institución que dirige Cristina Cifuentes tramita todas las notificaciones que le han llegado de la Policía sobre otras concentraciones de este tipo, llevadas a cabo en domicilios de dirigentes del PP. Esta mañana, el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, ha señalado que, en el caso de no poder detectar los escraches previamente, la Policía está reaccionando convenientemente e identificando a las personas que participen en ellos, según la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana. Posteriormente envían estas actuaciones a las autoridades judiciales.

El Ministerio del Interior ha remitido una instrucción a las distintas Delegaciones de Gobierno para que en las concentraciones no comunicadas que se realicen ante los domicilios particulares de los cargos públicos, 'se adopten las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos, actuando con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones'.