MURCIA.- El PP de Murcia tiene colocados en puestos de alta dirección o de confianza muy bien remunerados a al menos tres ex alcaldes, un ex concejal y un ex director general procesados o imputados en los tribunales por diversos delitos relacionados con la corrupción urbanística o ambiental en los últimos años, según datos de la administración a los que ha tenido acceso este diario.

Todos saltaron de las listas municipales y autonómicas en las pasadas elecciones, pero el partido que aún preside Ramón Luis Valcárcel, ahora uno de los 14 vicepresidente del Parlamento Europeo, les ha encontrado cómodas ocupaciones bien pagadas en dependencias del gobierno regional que dirige su delfín, Pedro Antonio Sánchez.

Un caso muy llamativo es el de María Antonia Conesa, ex alcaldesa de Fuente Álamo de Murcia durante más de una década y que está procesada por prevaricación y a la espera de apertura de juicio oral. Tras volver a encabezar la lista en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2015, tuvo que abandonar el PP, en cumplimiento del pacto de gobierno regional de los “populares” con Ciudadanos que facilitó el acceso a la presidencia en minoría de Pedro Antonio Sánchez. Pero la ex alcaldesa no renunció a su acta de concejal y sigue como edil independiente. Su sacrificio ha sido premiado con un puesto de asesora en el Servicio Murciano de Salud, con un salario anual bruto de alrededor de 50.000 euros.

Igualmente chocante es el caso de Lázaro Mellado, alcalde de Alcantarilla durante cuatro legislaturas, hasta el final de la última: lleva años procesado y pendiente de fecha para juicio oral por un delito ambiental de contaminación del río Segura denunciado por Izquierda Unida en... ¡1998!

Después de no entrar en la lista municipal popular en Alcantarilla, fue nombrado gerente del Centro Integrado de Transportes de Murcia, SA (CITMUSA), una empresa pública presidida por José Ballesta (PP), alcalde de Murcia, municipio que detenta el 39% de las acciones con otro significativo 39% en posesión del Instituto de Fomento (INFO), la agencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Otro imputado por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, Joaquín Segado, fue cómodamente recolocado como asesor eventual bien pagado (35.000 euros brutos anuales) en la Consejería de Cultura y Portavocía del gobierno regional, tras salir de la lista municipal de Cartagena por sus discrepancias con la ex alcaldesa Pilar Barreiro.

Ésta, por cierto, también fue imputada y desimputada –medida pendiente de recurso– en el caso Novo Carthago, que fue el intento de construir 20.000 viviendas con campo de golf en terrenos protegidos junto al Mar Menor en el que también fueron imputados, entre otros, el ex delegado del Gobierno y ex consejero, Joaquín Bascuñana; otros dos ex consejeros, Antonio Cerdá y Francisco Marqués; y tres directores generales.

Precisamente, uno de estos últimos, José María Bernabé, después de abandonar la dirección general de Ordenación del Territorio, ha sido fichado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Isabel García Tejerina como secretario general, puesto de nivel 29/30 en la Administración del Estado con un sueldo de alrededor de 50.000 euros brutos anuales.

Por último, el ex alcalde popular de Blanca, Rafael Laorden, imputado por permitir un vertedero ilegal en terrenos protegidos medioambientalmente, también ha encontrado su acomodo. Actualmente se desempeña como Asesor Eventual en la Consejería de Cultura y Portavocía, con un salario bruto anual de 45.000 euros. Laorden se aferró a su cargo a pesar de estar en puertas del juicio oral y consiguió que el PP fuera la lista más votada en las últimas municipales, aunque no la mayoría absoluta. Un pacto PSOE-Ciudadanos-Ganar Blanca/Izquierda Plural le arrebató la poltrona de alcalde. Como a sus otros conmilitones relacionados, esto no le causó ningún problema laboral ni de supervivencia. Antes, al contrario.