Publicado: 19.11.2013 10:45 |Actualizado: 19.11.2013 10:45

El Constitucional debate cómo aplicará el fallo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot

El Alto Tribunal español tiene pendiente resolver un total de 27 recursos de presos de ETA.

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) establecerá desde este martes cuál va a ser su forma de actuar respecto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anuló la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. Se verá concretamente el recurso presentado por el miembro del comando Araba de ETA Ignacio Fernández de Larrinoa. Este órgano tiene pendiente de dictar sentencia sobre un total de 29 recursos por aplicaciones de Parot.

Fuentes del TC han señalado que las consideraciones que el Pleno establezca en este caso a partir de este martes, serán tomadas en cuenta por las dos Salas que integran el tribunal de garantías, evitando con ello disparidad de criterios respecto de otros 28 recursos de presos con Parot que tiene pendiente de resolver.

La inclusión de este asunto en el Pleno del TC se produce después de que el Tribunal Supremo acordara que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia de Estrasburgo respecto de aquellos presos a los que se alargó la condena por la denominada doctrina Parot, cuya aplicación el alto tribunal da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.

Son 29 los recursos de amparo contra la doctrina Parot que tiene pendiente de resolver el Tribunal Constitucional. De ellos, 17 están pendientes de sentencia, mientras que los doce restantes aún tienen que ser o no admitidos a trámite. La gran mayoría de los recursos de este órgano son de presos de ETA, un total de 27, mientras que los dos restantes corresponden a un condenado por coacciones y detención ilegal en Valencia y a un asesino de Albacete, según fuentes consultadas en el tribunal de garantías.

En agosto de 2012, la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional rechazó el escrito presentado por el abogado Iñigo Iruín en el que se solicitaba la excarcelación de un total de 16 presos de ETA a los que se les ha aplicado la doctrina Parot, y entre los que se encontraba Ignacio Fernández De Larrinoa.

En noviembre del 1990, Ignacio Fernández de Larrinoa fue juzgado y condenado a 15 años de reclusión por el atentado cometido el 26 de julio de 1989 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad alavesa de Llodio. En el mismo mes fue condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del general retirado Luis de Azcarraga, ocurrido el 27 de marzo de 1988 en Salvatierra.

Un año después, la Audiencia Nacional le condenó a una pena de 85 años de prisión, por el atentado cometido contra un vehículo, en agosto de 1987, en el que fallecieron dos funcionarios de este cuerpo.