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Consuelo Madrigal, una fiscal conservadora y discreta para un tiempo convulso

Es la primera mujer al frente del ministerio público. Tiene un año por delante para llevar la acusación de asuntos como Gürtel o la querella de la consulta del 9-N

Consuelo Madrigal es la próxima Fiscal General del Estado y la primera mujer en acceder a la cúpula del ministerio público. Foto: FGE

JULIA PÉREZ

Madrid.- Su nombre, Consuelo Madrigal, comenzó a sonar ayer jueves con fuerza en los aledaños del poder judicial. Fiscal de prestigio, de tendencia conservadora aunque no adscrita a una asociación y discreta, ya había sido barajada como número 2 de la Fiscalía por su ahora antecesor, Eduardo Torres-Dulce.

Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal afrontará un año trepidante y de alto voltaje político, como el fin de la instrucción de la trama corrupta de Gürtel o la querella presentada contra Artur Mas y dos consejeras de la Generalitat por organizar la consulta alternativa del 9 de noviembre.

El Gobierno no quiere que transcurra mucho tiempo de interinidad tras la dimisión, ayer, del fiscal general. Desde el momento en que acepte la renuncia hasta la designación de la sucesora asumirá el cargo el número 2, Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha iniciado este viernes los trámites para culminar su designación: la propondrá al Consejo de Ministros y el lunes se someterá su idoneidad al Consejo General del Poder Judicial, que enviará su informe con la propuesta a la Comisión de Justicia del Congreso, para ser aprobada el 8 de enero.

Una vez culminado este proceso en enero, Madrigal será la nueva Fiscal General del Estado, para lo cual tomará posesión ante el pleno del Tribunal Supremo tras jurar o prometer el cargo ante el rey.

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Segovia, 1956) cumple los requisitos: lleva 34 años de ejercicio profesional cuando la ley exige que sea un jurista de prestigio con más de 15 años de experiencia.

Madrigal está situada en la máxima categoría de su carrera -ser fiscal de Sala- desde febrero de 2008. Su responsabilidad abarca la coordinación del ministerio público en toda España para la protección de los menores en situación de riesgo o desamparado y ante las infracciones que cometen los menores. Fue designada para este cargo a propuesta de Cándido Conde-Pumpido, el entonces fiscal general.

Designación histórica

Madrigal ejerció de fiscal del Tribunal Supremo (1993-2008) y es profesora de Derecho Penal desde hace 22 años en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). A la vez, ha dirigido cursos de posgrado, así como de formación de fiscales y ha coordinado la edición de una guía práctica sobre el tratamiento del menor en España.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en 1978, Madrigal ingresó en la carrera fiscal en 1980. Ha estado destinada en las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como la del Tribunal de Cuentas. En la Fiscalía General del Estado fue fiscal de la Secretaría General Técnica durante el mandato de Carlos Granados.

Su designación es histórica, ya que hasta ahora nunca una mujer había alcanzado la máxima responsabilidad del ministerio público.

Madrigal ha llevado la acusación pública en causas de renombre. Entre ellas figuran:

Caso Sokoa.-
 Una de las operaciones policiales de renombre contra ETA militar, en donde se descubrió armamento y papeles sobre el cobro de extorsiones a empresarios. El Supremo libró del juicio que luego se celebró en la Audiencia Nacional al dirigente José Antonio Urriticoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, porque ya había sido juzgado en Francia por los mismos hechos

Repetición de juicio con jurado, caso Otegui.- fue la fiscal en el caso que juzgó el Supremo en 1997, donde ordenó la repetición del juicio con jurado de la absolución de Mikel Mirena Otegui Unanue por dos delitos de asesinato.

Caso Intelhorce.- En la privatización de esta empresa, el alto tribunal elevó en 2004 las condenas a altos cargos socialistas por los delitos de estafa, falsedad, malversación, a los que añadió el cohecho.

Escuchas del CESID.- Fue la fiscal de este caso, donde se confirmó la condena del excoronel Juan Alberto Perote por grabar conversaciones telefónicas de políticos, empresarios y periodistas.

Clan de los Monchines.-  El Tribunal Supremo condenó a doce miembros de esta familia que dominó la venta de droga en La Esperanza (Valladolid), el famoso gueto del noroeste de España y principal enclave de adquisición de heroína y cocaína en la década de los años 90.

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