"Nadie actuó. Ni fiscales, ni fiscales de guardia, ni jueces de guardia, ni ningún tribunal" ha enfatizado Artur Mas ante el Tribunal Supremo para explicar que desde la convocatoria del "proceso participativo" del 9 de noviembre de 2014 hasta su celebración, se produjo "un gran lapso de tiempo para que alguien se acordara que ahí podía haber un delito".

"Pedimos al Constitucional que nos aclarara qué había que suspender y no contestó", ha resaltado ex presidente del gobierno catalán. En aquellos días ha señalado que sólo les llegó la providencia del Tribunal Constitucional "punto final. Ni antes ni después" se les aclaró el alcance de dicha suspensión cautelar que recibieron por correo electrónico el mismo 4 de noviembre de 2014.

La declaración de Mas se ha producido como testigo en la pieza abierta en el Supremo contra el diputado de PDeCAT y exconsejero de Presidencia Francesc Homs, acusado de desobediencia al Tribunal Constitucional en la organización de la consulta del 9N y que es juzgado desde ayer lunes.

La Fiscalía pide para Homs 9 años de inhabilitación. Mas, por su parte, está pendiente de sentencia por los mismos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSCat), por lo que el fiscal Jaime Moreno ha renunciado a realizarle preguntas.

Al término de su declaración, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha dicho que podía marcharse "y que tenga buen viaje".
- "Pues muchas gracias. Y ustedes buen juicio", ha respondido Artur Mas, acercándose al micrófono dirigiéndose al tribunal, compuesto por siete magistrados.

Insultos

Mas ha acudido al Supremo acompañado del resto de las procesadas por el 9-N y que también están pendientes de la sentencia del TSCat, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau. Los tres han sido recibidos en la calle por un reducido de personas que enarbolaban una bandera de España y con insultos y gritos de "traidor", "golpista" y "sedicioso".

El expresident de la Generalitat Artur Mas, acompañado por las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo en la segunda jornada del juicio al diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs (3i) por desobedecer al Constitucional en la consulta del 9-N. EFE/Zipi

La declaración de Mas ha durado 22 minutos y en todo momento ha intentado transmitir al tribunal que la consulta que se celebró el 9-N era "radicalmente distinta" que la que el Govern tenía planeada.

En lo único en que se parecían el "proceso participativo" que se celebró entonces y la consulta era en conocer la voluntad política del pueblo catalán que, en su opinión, era un mandato del Parlament y en ejercicio de los derechos de participación, libertad de expresión y libertad ideológica.

Las dos tenían consecuencias políticas, pero carecían de efectos legales vinculantes, ha añadido Mas. "Esta es la única similitud", ha enfatizado mientras describía las características que, en su visión, tenían ambas.

Imagen tomada de la señal institucional del expresident de la Generalitat Artur Mas, que declara como testigo en la segunda jornada del juicio al diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs por desobedecer al Constitucional en la consulta del 9-N, hoy el Tribunal Supremo. EFE/

En la consulta, convocada el 27 de septiembre, el censo de los catalanes existía, la Generalitat lo "organizaba todo" y la pregunta requería una respuesta de "sí o no".

En el "proceso participativo", convocado el 14 de octubre, el censo se construía a partir de los que se apuntaban; duró 15 días; 42.000 voluntarios "se hicieron cargo de la logística" que ponía la Generalitat, y en la respuesta se "podía expresar cualquier opinión sobre el futuro político" catalán. Participaron 942 ayuntamientos de los 947 existentes en Catalunya: "el mundo municipal se volcó", ha destacado.

La Providencia del Constitucional que suspendió de manera cautelar la consulta del 9-N fue recibida en el Govern el 4 de noviembre de 2014.

Artur Mas ha destacado que la primera respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando su gobierno suspendió la convocatoria inicial en septiembre de 2014 fue de " mofa, de reírse y sobre todo de menospreciar aquello incluso se llegó a hablar de una nueva ocurrencia de Mas... Nunca hubiera llegado a pensar que la ocurrencia hubiera acabado ante el Tribunal Supremo".

También ha resaltado que una semana después de la resolución del TC, conocieron un acuerdo de la junta de fiscales del TSJ de Catalunya en la que excluían la existencia de delito en la continuación de la consulta.

Para Artur Mas el TC no recogió "una parte fundamental" del recurso del Gobierno, que era "en lo único que tenía margen" y que para ellos era significativo. El alto tribunal no incluyó el su resolución que el Gobierno central había pedido advertir personalmente a los miembros del gobierno autónomo de los efectos legales de esta suspensión. "Esa petición expresa no nos llegó nunca".

La Providencia del TC ordenó aquel 4 de noviembre la suspensión del "proceso de participación ciudadana" y "los restantes actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no finalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta". Esta suspensión cautelar se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente.

Actos del futuro

Otro de los testigos ha sido el jurista Carles Viver, quien asesoró a Homs que debía obedecer al TC, aunque él no sabía qué decirle sobre las actividades que podía o no realizar porque "era una Providencia enormemente genérica y abstracta". También le dijo que normalmente el TC suspende leyes, "pero este era un caso distinto porque suspendía actos para el futuro".

En la reunión del día 4 de noviembre con Homs, junto a otros juristas, Viver ha reconocido que se analizó la posibilidad de que se incurriera en un delito de desobediencia si se seguía con la consulta. "Tratamos el tema, pero no llegamos a ninguna conclusión. Porque la providencia no mencionaba consecuencias penales. Sí hice hincapié en que el TC no había recogido la petición del abogado del Estado que pedía que se hiciera un requerimiento", ha aclarado.

Un alarde ante el Supremo

También ha declarado Albert Lamarca, presidente de la comisión jurídica asesora de la Generalitat, quien nada más sentarse ha exhibido sus títulos académicos y sus conocimientos de derecho político. "Está usted disertando una clase a este tribunal. Y no le corresponde. No haga un alarde de sus conocimientos", le ha parado Marchena.

El jurista se ha disculpado y ha explicado cómo asesoró a Homs en aquellos días como máximo responsable de las decisiones jurídicas de la Generalitat en su condición de consejero de Presidencia.

Lamarca le aconsejó que pidiera al TC que aclarara su Providencia y que recurriera al Supremo. Se había estudiado casos de conflicto entre administraciones y el TC, incluso la condena de Juan Jose Ibarretxe, exlehendakari del Gobierno vasco: "Le di mi opinión y él tomó sus decisiones".

Contrato verbal

Por su parte, Carles Fabró, jefe de Protocolo de la Generalitat, ha reconocido que encargó el trabajo del pabellón de prensa a Focus "verbalmente" y sin firmar ningún contrato. También ha explicado a preguntas del Fiscal que no supo que la resolución del Tribunal Constitucional prohibía la consulta. "No me llamó la atención".