La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de prisión para el comisario José Villarejo por delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento de secretos cometido por funcionario público por un informe sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano con relación a una disputa económica que mantenía con una mujer.

Se trata de la pieza Marbella, la número 8 del caso Tándem', que se abre tras la denuncia del empresario marbellí contra Villareja al que acusa de presionarle a favor de una vecina que le reclamaba por vía judicial un dinero "prestado" siete años atrás.

En su escrito de acusación, los fiscales piden la misma condena para el comisario Enrique García Castaño, ocho años para el ex inspector jefe Constancio Riaño, cuatro años y nueve meses para el expolicía Antonio Bonilla y esa misma pena para el abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo.

Por estos hechos también estuvo imputado el que fuera número 2 de la Policía, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, lo dejó fuera de la causa al final de su investigación.

Ahora, los fiscales también renuncian a acusar al abogado David Macías, pero sí aprecia responsabilidad criminal en el resto de los encausados.

Los representantes del ministerio público sostienen que en esta pieza número 8 del caso Tándem, Villarejo y su empresa (Grupo Cenyt) recibieron un encargo de M.K. (la mujer que reclamaba a Gómez Zotano una cantidad económica) en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal con el objeto de que este le restituyese las cantidades que ella le había entregado a cuenta de una relación inmobiliaria entre ambos en Benahavís (Málaga).

Según su escrito, siguiendo los métodos habituales de este "consorcio criminal", Villarejo, con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación sobre el empresario que culminó en un informe que se presentó al juzgado en el que la mujer había presentado una querella. Durante la misma, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del empresario.

Para ello, acudieron a bases de datos y a registros que no son accesibles al público y a los que pudo entrar por la intervención de los responsables policiales investigados.

No consta, según los fiscales, que la mujer llegase a realizar ningún pago al grupo empresarial de Villarejo. 

Público investigó esta pieza concluyendo que existen muchos indicios de que, como viene sucediendo, el encargo alegado y la querella cruzada de Gómez Zotano con la mujer que le denuncia, esconde una historia diferente, la que explica la intervención de Villarejo y las acciones que realiza.