El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha amenazado este miércoles con que el Gobierno podría usar con Catalunya el artículo 155 de la Constitución, que permite forzar a una comunidad a cumplir sus obligaciones, porque "está plenamente en vigor y es posible su utilización".

En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá ha reconocido que hasta ahora no se ha usado porque no se ha dado el escenario de "incumplimiento flagrante" de sus obligaciones por parte de una comunidad autónoma, pero que podría hacerse, siempre siguiendo el procedimiento que prevé el propio artículo.

El artículo 155 de la Constitución dice que si una comunidad autónoma no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o actuase "de forma que atente gravemente al interés general de España", el Gobierno, "previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones o para proteger el "interés general".

Para ejecutar esas medidas, añade, el Gobierno "podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Catalá ha incidido en que "no hay margen" para lo que están planteando los independentistas, que prevén, si ganan las elecciones del 27S, empezar un proceso de independencia. "No cabe ese escenario, es inviable e imposible", ha avisado el ministro. Además, ha rechazado la tesis de que el Gobierno esté respondiendo al proceso soberanista iniciado por Artur Mas sólo con la ley y los tribunales, y ha replicado que los miembros del Ejecutivo van con frecuencia a Catalunya con propuestas de convivencia y de integración.

Así, ha puesto en duda que un Gobierno de otro partido vaya a defender la unidad de España y la Constitución con la misma intensidad que el actual. "Otros no sé si tienen la misma firmeza de convicciones", ha dicho dirigiéndose directamente al PSOE, al que le ha reprochado que hable de "federalismo asimétrico" o que, durante la tramitación del 'Estatut', afirmase que aprobaría lo que viniese de Catalunya "sin mayor control". "Hay que tener firmeza en defender la unidad de España y la igualdad de los españoles", ha advertido.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno impugne el decreto de convocatoria de las elecciones, ha dejado claro que habrá que esperar a verlo y comprobar si tiene "algún problema de legalidad", pero no se recurrirá si simplemente convoca unas elecciones ordinarias. El Gobierno, ha aclarado, no ha solicitado aún ningún informe en particular a la Fiscalía o a la Abogacía General del Estado porque los recursos al Tribunal Constitucional (TC) son algo "cotidiano" tanto por parte del Gobierno central frente a normas de las comunidades autónomas como en sentido contrario.

Recalca que la Generalitat ha recurrido al TC el doble de disposiciones del Gobierno central que al contrario, así que "no es que el Estado persiga a la comunidad autónoma, es que es un debate natural".

Además, ha avisado de que sería "muy antidemocrático" imponer la voluntad de unos ciudadanos de Catalunya frente a otros, teniendo en cuenta que la "única vez" que se ha podido comprobar el nivel de apoyo a la independencia fue en el "simulacro" del 9N y dos tercios de los catalanes no participaron. No considera que el 9N fuese un test fiable porque fue "de poca calidad democrática".

Catalá ha insistido en que la independencia de Catalunya no cabe en el actual modelo constitucional y ha recordado que la Carta Magna puede reformarse si hay consenso para ello. No obstante, ha dejado claro que él es contrario a hacer de la reforma constitucional "un eslogan" y también a "abrir en canal el modelo constitucional". En ese sentido, ha afeado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que hable de "un nuevo pacto constitucional" sin precisar de qué está hablando y ha recalcado que cuestiones como el derecho a la vivienda o al trabajo ya están recogidas en la Carta Magna.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le ha dicho hoy al presidente catalán, Artur Mas, que "saltarse las reglas del juego conduce a la arbitrariedad o a la dictadura" y le ha pedido "volver a la racionalidad". García-Margallo ha hecho estas declaraciones durante un coloquio organizado en Casa América por el Foro Red de Casas en colaboración con la Agencia Efe al ser preguntado por la posibilidad de una declaración unilateral de secesión de Cataluña tras las elecciones anunciadas para el 27 de septiembre.

Ha alertado además de los "riesgos" que correría esta comunidad autónoma con una declaración unilateral, ya que no se vería reconocida ni por Naciones Unidas ni por la Unión Europea. El ministro ha insistido en que la independencia conllevaría para Cataluña una pérdida de riqueza de entre un 30% y un 40% del Producto Interior Bruto (PIB) y ha agregado que no podría financiar la "gigantesca" deuda que tiene.

Ha explicado la importancia de respetar la legalidad y que en el caso de España recoge la Constitución que establece en sus artículos 1.2 y 2 que la soberanía pertenece a todos los españoles y que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española.