El Consejo de Ministros "regulariza" este martes 39 expedientes administrativos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por valor de 2,5 millones de euros, provenientes de la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, del PP.

Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la que hoy depende el Imserso, trasladan a Público que el Ejecutivo convalida hoy estos contratos para autorizar el pago de servicios que no podrían abonarse sin este trámite -y los proveedores quedarían sin cobrar-, por no ajustarse estos contratos al ordenamiento jurídico. 

En concreto, según estas fuentes, que el Gobierno deba convalidar estos expedientes obedece a la "falta de previsión y planificación de las actividades necesarias para la plena implantación de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del equipo directivo del Partido Popular", al frente del organismo hasta junio de 2018, cuando tuvo lugar la moción de censura a Rajoy.

La nueva Ley entró en vigor en 2018, y el equipo directivo de entonces, liderado por Carmen Balfagón -exdirectora general del Imserso, que después pasó por Vox y abril de este año fundó una asociación de afectados por el coronavirus-, no formalizó estos contratos de acuerdo con la nueva norma, que requería el cumplimiento de una serie de requerimientos y trámites.

Así, del total de 39 contratos, 15 corresponden a servicios de vigilancia del Imserso; 8 expedientes están relacionados con trabajos de limpieza ; 5 de ellos con suministros de gas y gasóleo, y los 11 restantes corresponden otros tantos servicios, entre ellos "víveres, mantenimiento" y "gestión de la red", enumeran-. 

Fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales denuncian que, "mientras el sistema de dependencia sufría duros recortes a manos de Rajoy, la gestión del PP en el Imserso presentaba irregularidades que apuntan a la posible comisión de delitos, que tendrá que dirimir la Justicia". 

Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, Manuel Martínez Domene fue nombrado director general del Imserso. Fue bajo su mando, en noviembre de 2019, cuando se conoció un informe interno de este organismo que cifraba en 24 millones de euros el volumen total gastado en contratos irregulares, y algunos de ellos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y por el Tribunal de Cuentas.

El nuevo director general, Luis Alberto Barriga Martín, nombrado al arranque de 2020 -con la formación del Gobierno de coalición-, trabaja en este procedimiento extraordinario para poder regularizar estos contratos y pagar las cantidades comprometidas.

"Ahora lo importante es dejar que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía Anticorrupción hagan su trabajo y cooperar con ellos para depurar todas las responsabilidades", aseguran desde la Secretaría de Estado, apostillando que desde el arranque de 2020 han reclamado a la Inspección de Servicios que iniciase "la correspondiente inspección". 

"Éste es precisamente el momento para promover un cambio en el IMSERSO que permita un nuevo impulso a los servicios de dependencia en España", abundan.