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El juicio contra Zaplana por el 'caso Erial' comenzará en enero

El expresidente de la Generalitat se sentará en el banquillo de los acusados junto con otras 14 personas más. Se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos.

El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras acudir a firmar al Juzgado de Guardia, a 18 de febrero de 2019.
El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras acudir a firmar al Juzgado de Guardia, a 18 de febrero de 2019. Francisco Martínez / EP

El juicio contra el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, y otras 14 personas más por el caso Erial arrancará en enero de 2024 en la Audiencia Provincial de València y se extenderá hasta mayo.

Se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al 'expresident'.

La sección cuarta de la Audiencia de València y los abogados de las defensas y las acusaciones han celebrado este viernes una reunión en la que han cuadrado agendas y han acordado un calendario para el juicio, que se celebrará del 9 de enero al 10 de mayo de 2024.

Se han previsto un total de 40 sesiones para este juicio, si bien podrían ampliarse debido al gran número de testigos que las distintas partes han solicitado que declaren, que superan los 200.

En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

Según señalaba el auto que puso fin a la instrucción, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, facilitaron la obtención de contratos públicos, con beneficios económicos para todos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.

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