Parecía escrito que Partido Socialista (PSOE), Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) aprobarían la ley de amnistía este martes, sin sobresaltos, con el voto favorable del resto de los partidos incluidos en bloque de investidura, excepto Coalición Canaria, pero las aguas en Junts están revueltas. Amenaza tormenta. A pocas horas de que se celebre el pleno, la formación que dirige Carles Puigdemont abre la posibilidad de tumbar el dictamen de la Comisión de Justicia y devolver la ley, precisamente, a ese paso previo.

"La sorpresa mañana será que se apruebe la ley de amnistía y no lo contrario", apuntan, en una nueva vuelta de tuerca, desde el entorno jurídico de la negociación de Junts con el Gobierno, insinuando que hay sectores que preferirían que el grupo parlamentario optara por tumbar la ley este martes y retornarla a la Comisión de Justicia para continuar negociándola y volverla a presentar.

El actual redactado de la ley dista mucho de contar con el consenso de PSOE, Junts y ERC. "El texto es más completo que el original que presentó el PSOE", reconocen fuentes de Junts, "pero nosotros queremos el diez". Sin embargo, la puerta del PSOE a realizar cualquier cambio parece cerrada. Al menos, eso es lo que ha dado a entender Esther Peña. La portavoz socialista ha calificado el texto, este lunes, de "robusto" e "impecable", en la línea de lo que lleva trasladando durante varios días Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.

La portavoz, no obstante, ha especificado que el PSOE seguirá hablando con todos los actores, lo que, a priori, podría convertir esa puerta cerrada en una puerta simplemente entornada. Fuentes del entorno de Esquerra deslizan, en conversación con Público, que no hay nada descartable a tenor de cómo han ido ocurriendo las cosas. En Junts no se resignan a dar su "sí" a una ley que consideran que tiene un "agujero negro" por el que caben demasiadas personas. A la vez, los de Puigdemont ponen contra las cuerdas al PSOE otra vez, en lo que ya se va convirtiendo en una tónica en este legislatura que el resto de socios de Sánchez no aprueban.

Aunque hay varios puntos del texto que los partidos independentistas catalanes querrían enmendar, su principal incomodidad, como es sabido, tiene que ver con la inclusión del concepto "terrorismo" en el artículo 2 de la proposición de ley, el relativo a las exclusiones de la amnistía. Sin duda, es el tema más sensible y el que, según ha podido saber Público, mantiene a Junts a un paso de oponerse mañana al dictamen de la Comisión. 

Se trata de una parte del texto de la amnistía que ya se ha enmendado y que, tras la incorporación de los últimos retoques, excluye de la ley los delitos de terrorismo que "hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Pero Junts quiere que desaparezca por completo cualquier referencia al terrorismo en ese apartado de Exclusiones.

El abogado Gonzalo Boye, uno de los negociadores de la ley de amnistía por parte de los junteros, abunda, en una entrevista publicada este lunes en el diario Vilaweb, en que "si el texto queda como ahora, evidentemente hay un agujero negro o una brecha por la que jueces como García-Castellón intentarán no solo introducir a las veintiséis personas de Tsunami y los CDR que ahora estarían afectadas, sino a todo el que puedan". Señala, así, algo que también han deslizado en el entorno del PSOE en las últimas horas: una forma de actuar de algunos sectores del poder judicial que consiste en adaptar sus planteamientos judiciales a las modificaciones que se aplican a la ley de amnistía.

Las palabras de Boye cobran más importancia una vez ha saltado la liebre y Junts avisa de que su voto favorable no está asegurado.

En los últimos días, el juez Manuel García-Castellón confirmó la personación en la causa de Tsunami de dos policías que resultaron heridos durante las protestas de los CDR en las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 en Barcelona. Además, el magistrado no descarta el ánimo homicida. Se trata de un planteamiento que podría esquivar esa redacción de la ley de amnistía, que excluye de la misma los delitos de terrorismo que hayan violentado de forma grave los derechos humanos.

Durante este lunes, dos jueces —el propio García-Castellón y Joaquín Aguirre— han prorrogado seis meses las investigaciones tanto del caso 'Tsunami Democràtic', como de la llamada 'Operación Voloh', en referencia a las presuntas relaciones de dirigentes independentistas con los servicios secretos rusos.

Estructura del pleno de este martes

El pleno empezará a las 15 horas. Fuentes parlamentarias confirman a Público que se alargará hasta las 17 o las 17.30 horas, habida cuenta de que la votación de la ley de amnistía, en rigor Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, es el único punto del orden del día. Fuentes del PP también confirman a este medio que pedirán el voto por llamamiento.

La estructura del pleno contempla un primer turno de intervención de 12 minutos a cargo de un diputado de la Comisión de Justicia, en la que ha tramitado la ley, que presentará el dictamen. A continuación, un turno a favor de las enmiendas, por siete minutos; otro turno también de siete minutos para que cada uno de los grupos parlamentarios exponga su posición y, por último, tres votaciones: la de las enmiendas, la del dictamen de la Comisión y la del conjunto del texto.

La amnistía llegará al Senado

Después del trámite de este martes, si finalmente Junts no tumba el dictamen de la Comisión, la ley continuará su recorrido parlamentario en el Senado. Ahí, el Partido Popular (PP) cambió el reglamento para poder decidir cuándo la Cámara Alta tramita una iniciativa legislativa por la vía de urgencia y cuándo no. Antes, si el Congreso escogía la vía de urgencia, el Senado tenía veinte días para enmendar, por ejemplo, una proposición de ley. Desde que se modificó el Reglamento, en cambio, el Senado decide cuándo lo hace.

La Mesa de la cámara que preside Pedro Rollán elegirá la vía de urgencia para tramitar la ley de amnistía con lo que la proposición de ley, previsiblemente, se entretendrá dos meses en el Senado. Alberto Núñez Feijóo ha dicho, por activa y por pasiva, que el PP trataría de obstaculizar la amnistía tanto en las calles (la última demostración fue la concentración de este fin de semana en la plaza de España de Madrid), como en las instituciones.

El líder popular cuenta con el apoyo de sus cuadros internos y también de los territorios, aunque, en el Senado, el PP tendrá que conformarse con entorpecer la iniciativa y ganar tiempo, toda vez que en ningún caso tiene competencias para frenarla.

Una vez transcurridos esos dos meses, el Congreso tendrá la última palabra. Eso sí, cuando la amnistía vuelva a la Cámara Baja tras su paso por el Senado solo se podrán modificar las enmiendas que hayan surgido del propio Senado, pero no retocar el texto de la ley que emane de la votación de este martes. Por eso, Junts no renuncia a lograr, en el tiempo de descuento, el remache que persigue desde hace semanas: eliminar los delitos de terrorismo de las exclusiones de la ley.