Publicado: 22.04.2015 12:31 |Actualizado: 22.04.2015 12:31

Justicia acusa de falta de democracia a Argentina para negar la extradición de ministros franquistas

El ministro Rafael Catalá asegura que "no hace falta" que ningún tribunal argentino juzgue crímenes franquistas y que en España se cumple estrictamente la ley

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Los ministros de Justicia, Rafael Catalá (i), y de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, durante la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Congreso. EFE/Zipi

Los ministros de Justicia, Rafael Catalá (i), y de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, durante la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Congreso. EFE/Zipi

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha cuestionado la decisión de Argentina de reclamar a una veintena de españoles, entre ellos varios ministros franquistas, en cumplimiento de una petición formulada por la juez María Servini que les imputa la comisión de crímenes de lesa humanidad y ha asegurado que "países con algún déficit democrático" no deberían señalar a los que sí cumplen estrictamente la ley cómo se debe juzgar a sus nacionales.

El ministro ha rechazado en el Congreso de los Diputados la petición formulada por la Izquierda Plural a través de una interpelación para que el Gobierno reconsidere su decisión de negarse a extraditar a los reclamados y ha asegurado que la solicitud "carece de fundamento" porque la decisión se adoptó "en estricto cumplimiento de la ley".

Catalá ha recordado que, en este terreno, no cabe la decisión arbitraria de los poderes públicos y prevalece la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sentencias de la Audiencia Nacional y el cumplimiento de los tratados internacionales.



Así, ha recordado que los argumentos del Ejecutivo inclinaron la balanza en contra de la entrega ya que la jurisdicción española tiene preferencia para juzgar a sus ciudadanos -"no hace falta que ningún tribunal argentino venga a hacerlo", ha dicho- algunos de los hechos por los que se pedía la extradición de los altos cargos franquistas carecen de responsabilidad penal y, en varios de los casos, se les acusaba de delitos no tipificados del mismo modo en ambos países.

Además, ha recordado que pese a que en la actualidad la pena de muerte nos parece una condena "execrable", no era el caso en el momento en que algunos de los responsables de Gobiernos de Franco firmaron penas capitales. "Juzgar con ojos de hoy hechos del pasado puede llevar a cometer errores gravísimos", ha dicho.

El ministro se ha defendido de la acusación formulada por el encargado de defender la interpelación, el diputado de EUiA Joan Josep Nuet, que ha sugerido que podrían existir "vínculos morales" entre el Gobierno del PP y "esos verdugos franquistas que asesinaron a nuestros compatriotas".

"Nada más lejos de nuestra intención", ha asegurado y ha recordado al miembro de la Izquierda Plural que muchos ilustres miembros de la cámara baja que pertenecen a partidos de izquierda "colaboraron en la labor" para alcanzar una recuperación y superar "etapas difíciles de nuestra historia reciente".

Nuet ha planteado al ministro que entienden la negativa a entregar a ciudadanos nacionales pero no pueden compartirla si no se acompaña de un juicio en España por sus acciones. "Queremos saber si el Gobierno va a apostar por la Justicia o por la impunidad", ha indicado.

"Nuestros muertos están enterrados en las cunetas"

El miembro de la Izquierda Plural ha recordado que la Ley de Amnistía española no constituye una ley de punto y final y no puede aplicar a delitos de lesa humanidad, como nos ha reprochado Naciones Unidas y Amnistía Internacional. "Tenemos a nuestros muertos enterrados en las cunetas y las tapias de España y por ello no somos una democracia normalizada", ha indicado.

El Consejo de Ministros denegó el pasado mes de marzo la entrega con los mismos argumentos señalados este miércoles por el titular de Justicia. Todos aparecen recogidos tanto en la legislación nacional -la ley de extradición pasiva de 1985- como en los acuerdos internacionales, en particular el tratado de extradición que España tiene con Argentina desde 1987.

Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa.

La interpelación planteada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, provocará que el Pleno de la cámara baja vote la próxima semana sobre su propuesta.