MADRID.- El primer acuerdo que comienza a perfilarse entre cargos pablistas, errejonistas y anticapitalistas para Vistalegre II no tiene nada que ver con la estrategia política a seguir ni con el modelo de partido a implantar, sino con los mínimos a adoptar en la Comisión de Garantías Democráticas, el tribunal interno de Podemos. 

Más de 60 cargos y excargos públicos y orgánicos del partido morado han respaldado el manifiesto Una Comisión de Garantías independiente y eficaz: Objetivo irrenunciable para Vistalegre 2, hecho público este jueves, que reclama a las tres corrientes mayoritarias y al resto de sensibilidades en el partido un acuerdo para garantizar que el nuevo órgano de control interno, que será renovado en la Asamblea Ciudadana de febrero, sea "independiente y eficaz".  Se inspira en el consenso adoptado entre las tres grandes corrientes en el proceso en la Comunidad de Madrid para renovar la Comisión en la región, y persigue que el acuerdo afecte al organismo estatal y a los autonómicos.

Castaño, uno de los impulsores: "Estamos satisfechos de que lo haya firmado gente de sensibilidades distintas. Eso muestra que hay un consenso amplio para proteger mejor la independencia y la eficacia de Garantías"

Pablo Castaño, uno de los tres impulsores y exintegrantes de la Comisión que hoy apura los últimos días de su mandato, asegura a Público que están "muy contentos con la cantidad de firmas conseguidas, incluso antes de la publicación del manifiesto". "Pero sobre todo estamos satisfechos de que lo haya firmado gente de sensibilidades distintas, lo que muestra que hay un consenso amplio para proteger mejor la independencia y la eficacia de Garantías", apunta Castaño, antes de apostillar que el texto "está abierto a la firma de cualquiera". 

Entre quienes lo rubrican hay una veintena de diputados en distintos parlamentos autonómicos y en el Congreso, distintos cargos y excargos orgánicos y cuatro de los cinco europarlamentarios del partido. Algunos de los firmantes más conocidos son el eurodiputado Miguel Urbán y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huertas (Anticapitalistas) ; el diputado y secretario de Internacional Pablo Bustinduy, y el responsable de Discurso de la formación, Jorge Moruno (afines a las tesis de Íñigo Errejón); y las diputadas en el Congreso Rita Bosaho y Sofía Castañón, integrantes de la iniciativa Podemos para Todas, liderado por Pablo Iglesias.

"Dos años después de Vistalegre 1, los defectos de ese modelo se han hecho evidentes para el conjunto de la militancia de Podemos. Hoy existe un amplísimo consenso en Podemos sobre la necesidad de introducir modificaciones estatutarias que protejan la independencia y la eficacia de la Comisión de Garantías estatal, así como de las Comisiones autonómicas", reza el texto. 

De los "equipos de mediación" al blindaje ante el despido

En concreto, entre las modificaciones que plantean figuran la incompatibilidad de tener un cargo en la Comisión con "cualquier otro cargo externo o interno, incluida la portavocía o dirección de cualquier equipo de trabajo"; la necesidad de garantizar su independencia orgánica y "capacidad plena para actuar de oficio en todas las fases de los procedimientos", y la importancia de dotarla de "autonomía financiera".

De adoptarse esta iniciativa se permitiría la forma de "equipos de mediación" para resolver disputas internas; los miembros de esta Comisión no podrían recibir remuneración alguna por parte del partido -salvo que esté relacionada con su labor en Garantías-; estarían protegidos contra despidos o procesos de finalización de contratos durante su mandato, y tendrían la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el Consejo Ciudadano Estatal (máximo órgano de dirección del partido), además de publicar "sistemáticamente" sus "resoluciones, dictámenes, actas y cuentas".