El abogado Alfonso Díaz Moñux fue asesinado a tiros el 18 de diciembre de 2008 cuando entraba en el garaje de su casa de la Colonia de El Viso, en Madrid. Díaz Moñux era conocido por representar legalmente a miembros de la mafia georgiana, como al famoso Zakhar Kalashov, y los narcos gallegos. De hecho, el día de su asesinato y sentada junto a él en el coche, estaba la exnovia del hijo del capo Laureano Oubiña, Tania Varela, que salvó milagrosamente la vida y, desde entonces, está en paradero desconocido.

El juicio que se está celebrando en el Tribunal del Jurado (TJ) –con nueve miembros de jurado popular que costó encontrar, por miedo a las represalias de las mafias– en realidad es el segundo juicio, ya que el anterior fue uno de los mayores escándalos judiciales que se recuerdan en España. En aquella vista –enero de 2013– los ocho acusados fueron condenados (de veinticuatro años y seis meses de cárcel a tres años y nueve meses de prisión) por el asesinato del citado abogado; pero todos fueron puestos en libertad provisional por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en diciembre de 2014, ya que todos los acusados, en el momento de dictarse sentencia, habían superado el plazo máximo de la prisión provisional establecido legalmente.

El juicio se consideró nulo y se ordenó repetir, por un cúmulo de irregularidades y quebramientos de garantías procesales del que fue responsabilizado el magistrado presidente del tribunal, el juez Eduardo Cruz Torres, al que se le abrió un expediente disciplinario y hoy se encuentra de baja. Durante la libertad provisional, el autor material y principal acusado del asesinato alevoso, Miguel Ángel Durán Abad, huyó y no se le podrá interrogar en el juicio que se está celebrando estos días. Curioso, ¿no?

Es en este juicio donde el abogado de los acusados, los hermanos Fernando y Javier González Hernáiz, solicitó que se admitiera una prueba pericial del posicionamiento de unos teléfonos móvil que podían exculpar a sus defendidos. A pesar que el ministerio fiscal calificó esta prueba como redundante, ya que existía otra pericia igual ya presentada por la defensa para exculpar al padre de los citados acusados, Francisco González Álvarez, el magistrado presidente del TJ estaba dispuesto a admitir el informe y hacer declarar a los peritos firmantes del mismo, aunque después, ante los reparos del fiscal y, sobre todo, de los abogados de la acusación particular, decidió no admitir el peritaje.

El informe estaba firmado por Luis Enrique Hellín y por su hijo, Jesús Hellín Asensio. El abogado Jaime Sanz de Bremond, que representa al hermano de la víctima, alegó que la defensa había tenido tiempo suficiente para presentar esta pericia, en cinco momentos procesales anteriores, pero además recordó que el primer firmante del informe, Luis Enrique Hellín, es en realidad Emilio –se cambio el nombre– Hellín Moro, condenado –en 1982– por el secuestro y asesinato de la joven estudiante antifascista Yolanda González, de 19 años de edad, asesinada el 1 de febrero de 1980.

Emilio Hellín, acusado también de depósito de armas, falsificación de documentos de identidad y pertenencia a banda armada, era miembro del partido de extrema derecha Fuerza Nueva y del Batallón Vasco Español. Precisamente un comando del fascista Batallón –banda parapolicial–, compuesto por Hellín y otros cuatro secuaces, asesinaron a la joven.

En fin, está visto que los antiguos contactos con los aparatos armados del Estado le siguen dando trabajo a Emilio Hellín y a su empresa, Net Computer Forensics S.L. (pericias.es o cienciasforenses.com). Claro que en esta empresa, que dirige Emilio Hellín desde 1998, no aparece su nombre, sino el de su hermano, Juan José Hellín Moro, cuyo texto de presentación dice: “Miembro de la Guardia Civil y Militar de Carrera en la reserva”.

Jesús Hellín Asensio, como su padre, también tuvo y tiene problemas con la justicia. El abogado Sanz de Bremond reveló que el otro firmante del informe, el hijo de Hellín, había sido condenado el 10 de octubre de 2011 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid a dos años y un día de prisión como autor de abusos sexuales a una menor.

Claro que todo este pasado criminal quizá no convenció al juez, sino el hecho que contaría el otro abogado de la segunda acusación particular. El letrado Manuel Alonso dijo que de aceptar el informe pericial y la declaración de sus firmantes, se vería en la obligación de recusarlos por “enemistad manifiesta de ambos peritos”, ya que él forma parte de la acusación particular que pide pena de cárcel para Jesús Hellín Asensio en un proceso penal por impago de pensiones.

En el tardofranquismo, las bandas parapoliciales como a la que pertenecía Hellín campaban a sus anchas dando palizas y asesinando a opositores políticos o protagonizando atentados de falsa bandera según las necesidades políticas del momento. La Triple A, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, Comandos Antimarxistas o los Grupos Armados Españoles (GAE)... En fin, que como algún antiguo militar declaró a la prensa en aquellos años, eran siglas y “nombres que iban saliendo según se necesitaban”, a merced de los intereses de los servicios de inteligencia, como el Servicio Central de Documentación (SECED) y otros servicios que, o se encuadraban directamente en estos grupos, o manipulaban a los militantes de extrema derecha para que actuaran en operativos cuyos últimos motivos o intereses políticos no llegaban a alcanzar.

En 1980, pero un mes antes de matar a Yolanda, la joven de diecinueve años Ana Teresa Barrueta Álvarez fue violada y asesinada. Primero la acuchillaron y luego la estrangularon con el cinturón de su abrigo. Nunca se esclareció el crimen de esta profesora que enseñaba euskera a niños. La abogada Ana Ereño se interesó por el caso y un día, al llegar a su piso, lo encontró destrozado y con una pintada que rezaba: “Marxista. Cerda. Te vamos a violar”. Iba firmada con las siglas FN, Fuerza Nueva.

Atribuido al GAE fue el asesinato del miembro de Gestoras Pro-Amnistía Carlos Saldise Corta, el 15 de enero de 1980. También llevaba la firma del GAE el atentado con bomba en el bar Aldama de un barrio de Barakaldo, el 20 de enero y que segó cuatro vidas. Y así llegamos al fatídico 1de febrero de 1980.

Yolanda González Martín era una dirigente estudiantil madrileña de origen vasco que militaba en el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST). La joven fue secuestrada por un comando del Batallón Vasco Español. A Yolanda le enseñaron unas placas de policías falsas, la interrogaron y la torturaron mientras registraban su piso. Por miedo a que llegaran otros jóvenes que compartían el piso con Yolanda, la metieron en un automóvil donde la siguieron maltratando. Llegaron a un descampado y allí, Emilio Hellín Moro le descerrajó dos tiros en la cabeza con balas del calibre 9 milímetros Parabellum. Aún con vida, el tiro de gracia se lo dio Ignacio Abad Velásquez, compañero de militancia de Emilio Hellín, en Fuerza de Nueva. Fueron colaboradores necesarios y condenados por ello: Félix Pérez Ajero; David Martínez Loza, que entonces era Jefe Nacional de Seguridad de FN, y Juan Carlos Rodas, agente de la Policía Nacional.

Emilio Hellín fue condenado a 43 años de cárcel, pero sólo cumplió 14, además de protagonizar una famosa huida al Paraguay tras un permiso carcelario al que se opusieron el fiscal y las autoridades penitenciarias, claro que algunos jueces eran muy “benevolentes” cuando de presos de extrema derecha franquista se trataba. Hellín en la cárcel siempre fanfarroneaba que sus “amigos” de la inteligencia militar le ayudarían y que tenía contactos en la Brigada Operativa de la Policía, además de que su hermano era Guardia Civil. Lo que está claro es que llegó a Paraguay con buenas cartas de recomendación, ya que fue protegido y trabajó para la dictadura militar de Alfredo Stroessner.

El diario El País, en un reportaje titulado La vida oculta del asesino de Yolanda -24 de febrero de 2013-, sacó a la luz que el antiguo asesino y terrorista, como si fuera una macabra broma, trabajaba para la Guardia Civil y la policía en temas de terrorismo y crimen organizado.

¿Se imaginan a este tipo investigando, por ejemplo, al GAL de la época de Felipe González, cuando Hellín formó parte de un grupo similar de terrorismo de Estado? ¿O investigando, como así lo hizo, en el caso de José Bretón con la muerte de dos chiquillos por medio cuando él segó la vida de una joven? Claro que lo más incomprensible es que muchos de sus trabajos y encargos se estaban pagando con dinero público, porque Emilio Hellín, según se vio forzado a declarar el Ministerio del Interior al salir esta información, fue contratado por dicho ministerio para dar cursos especializados a agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y a militares, durante los años 2006, 2008, 2010 y 2011, que nos hayan contado.

También se supo que a estos cursos llegaron a acudir miembros de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) y de la policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra). Además, Emilio Hellín era profesor de la Escuela de Policía de la Comunidad de Madrid, de la que se nos dijo que se dio de baja voluntaria.

En junio de 2013, uno de los hermanos de Yolanda, Asier González, vino a Barcelona formando parte de una comisión que se reunió con Ramón Espadaler, en aquel entonces Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquel día Asier González nos dijo a los periodistas que él y su familia creen que toda persona que haya cumplido pena de cárcel tiene derecho a volver a reinsertase en la sociedad, pero Hellín nunca cumplió su pena, tuvo trato de favor y, además, nunca ha expresado su arrepentimiento.

Los familiares se preguntan cuáles son los protocolos de seguridad de las administraciones para contratar a un criminal para que asesore a servicios de criminalística. “Si no es ilegal - dijo Asier- si nos parece a los demócratas que es inmoral”. Trato de favor… ¿Qué pensarán las víctimas de la represión del franquismo y del posfranquismo que han tenido que acudir a la justicia argentina para que por lo menos se les escuche?