MADRID.- El Tribunal Constitucional de Alemania ha impuesto algunas condiciones a la firma del CETA, pero hasta la fecha su homólogo español no ha tenido que pronunciar una palabra sobre acuerdo comercial entre Canadá y la UE.

El grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados defenderá este martes ante el Pleno una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno que lleve el tratado de libre comercio, pendiente de ratificación por parte de la Eurocámara y por los parlamentos nacionales de los 28, hasta el Alto Tribunal "para comprobar que no existe contraposición entre el texto del CETA y la Constitución Española".

Además, el texto de la PNL, recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) del 11 de noviembre, enumera otras 9 propuestas de Unidos Podemos en relación al polémico Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés), entre ellas la de recurrir también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (como recientemente respaldaban 258 de los 700 eurodiputados que votaron una moción en ese sentido).

Podemos explica que parte de la redacción de esta PNL ha sido actualizada, pero en esencia planteará las mismas exigencias al Gobierno de Mariano Rajoy: que rechace la aplicación provisional del acuerdo tras haber sido ratificado por el Consejo de la UE; que exprese algunas reservas del Estado español para proteger el sector agrícola; que consulte con las comunidades autónomas su posición sobre el CETA - los parlamentos de Catalunya, Comunitat Valenciana y Extremadura ya han rechazado el tratado- o el compromiso de que, en caso de que el CETA finalmente entre en vigor de forma provisional, "someterán todas las decisiones en el marco de los mecanismos de cooperación reguladora al debate y aprobación en el Parlamento".

"Siempre va a haber un grupo que bloquee algo así, empezando por PSOE, Ciudadanos y PP, que siempre han estado a favor de estos tratados", afirman desde la Campaña

La PNL que firman el portavoz del grupo, Íñigo Errejón, y el diputado Pablo Bustinduy cuestiona también la inclusión en el acuerdo de los polémicos tribunales de arbitraje privado a los que pueden recurrir las multinacionales inversoras en el marco del acuerdo. Tanto la Asociación Europea de Jueces como la organización española Jueces para la Democracia la rechazan, porque a su entender estos tribunales pueden alterar "la arquitectura jurídica de la UE", debilitando "las facultades de los tribunales nacionales".

La iniciativa, que será llevada al Pleno de este martes, mantiene la línea de la que pactaron Unidos Podemos y ERC, en este caso en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a principios de octubre.

Lucía Bárcena, miembro de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, asegura que "independientemente de la posición que tomen los distintos partidos" cuando la PNL sea sometida a votación, "la opción de contar con una opinión legal de los tribunales de justicia nacionales y Europeo es una valoración extra sobre si estos tratados amenazan o no el estado de derecho y las instituciones democráticas."Si todos los tribunales pueden dar información al respecto pues mejor".

"De todas formas, si hace falta que los distintos grupos voten a favor de esa opinión lo tenemos complicado; siempre va a haber un grupo que bloquee algo así, empezando por PSOE, Ciudadanos y PP, que siempre han estado a favor de estos tratados, independientemente del impacto negativo que van a tener", apostilla.

En una carta abierta hecha pública este lunes, 455 organizaciones civiles europeas y canadienses piden a sus respectivos gobernantes que voten contra el CETA. Los firmantes sostienen que el tratado con Canadá "no es un acuerdo de comercio progresista", sino que en realidad "es aún más invasivo que lo que preveía la vieja agenda de libre comercio diseñada por y para las multinacionales más grandes del mundo". A su entender, su ratificación puede "debilitar la protección de los trabajadores y del medio ambiente y ofrecer a los inversores extranjeros herramientas para atacar regulaciones de interés público", según el comunicado elaborado por la Campaña contra este y otros acuerdos de libre comercio.

Tom Kucharz, también integrante de Ecologistas en Acción y de la Campaña contra estos tratados comerciales, explica a este diario que la Comisión de Comercio Internacional del Europarlamento previsiblemente votará el CETA entre el 23 y el 24 de enero de 2017. El Pleno de ratificación tendría lugar entre el 1 y el 2 de febrero; si diera luz verde al tratado comenzaría su ratificación provisional, y sería muy difícil darle marcha atrás.