SEVILLA.- A la espera de que se concreten los términos del Pacto de Estado contra la violencia machista, el Gobierno andaluz trabaja ya en la modificación de la Ley para la Promoción de Igualdad de Género, que data de 2007.

El borrador de esta reforma legal pone especial énfasis en el capítulo dedicado al mercado laboral, un “espacio de discriminación contra la mujer” que se ha agigantado en los últimos años de la crisis.

El Ejecutivo de Susana Díaz va a regular por ley “auditorías periódicas a empresas privadas para detectar diferencias retributivas entre hombres y mujeres”, con objeto de sancionar y eliminar la brecha salarial de género.

En Andalucía, las trabajadoras cobran de media 5.875 euros menos al año que sus compañeros (6.161 menos a nivel nacional), según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La Junta introducirá una horquilla de multas que van de los 6.000 a los 120.000 euros contra las empresas privadas (y entes públicos) que incumplan las medidas de igualdad que recoge la ley.

En Andalucía, las trabajadoras cobran de media 5.875 euros menos al año que sus compañeros

El problema es que ahora es la Administración andaluza quien incumple su propia legislación en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, según ha revelado el reciente informe de impacto de género que acompaña a los Presupuestos Autonómicos de 2017. Este año, como novedad, dicho informe incorpora un análisis de la distribución de retribuciones y permisos de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, que revela una notoria brecha salarial de género.

En la Administración andaluza, a pesar de que las retribuciones están reguladas por ley, de que existen convenios colectivos, a pesar de contar con sistemas de acceso y promoción a la función pública más reglados, controlados y objetivos, los funcionarios hombres cobran en conjunto un 12,1% más que las mujeres, según consta en el citado informe. En cuanto al personal laboral, que es la categoría profesional más numerosa con el 51,3% de la plantilla, existe una brecha salarial de género más reducida, del 4,6% (aunque en la categorías superiores de este grupo los hombres cobran hasta un 10% más que sus compañeras).

La desventaja en el salario de las funcionarias andaluzas nace de algo que los expertos denominan “discriminación indirecta”, es decir, no cobran menos por el hecho de ser mujeres, pero sí como consecuencia de serlo. “La discriminación indirecta se produce cuando una ley, la política o el programa no parecen discriminatorios, pero tiene efectos discriminatorios en su aplicación”, reza el informe.

En el caso de las funcionarias andaluzas, estas se encontrarían en desventaja respecto a los hombres por dos factores extra que afectan más a las mujeres: la edad y la descendencia. La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres del conjunto de la Administración general crece con la edad del personal, alcanzando su máximo entre los efectivos mayores de 55 años, donde los hombres ganan un 16,2% más que las mujeres sobrepasando la brecha media de toda la Administración general.

Pero más significativo aún es cómo repercute el número de hijos en el sueldo del personal. En ausencia de descendientes se registra una diferencia de ingresos entre hombres y mujeres (ganando más los hombres) del 9,5% y la brecha va creciendo a medida que aumenta el número de hijos, siendo un 14% cuando se tiene un crío, y del 18,1% ante dos o más hijos.

Esta última brecha, según el informe, es la más alta observada en todos los datos analizados de la Administración general de la Junta de Andalucía, apuntando a “la conciliación de la vida familiar y laboral y al cuidado de menores como uno de los factores más significativos en la desigualdad salarial de las mujeres”. Se diría que la responsabilidad del cuidado de los hijos y la casa sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, y esto determina radicalmente la carrera profesional y los tipos de puestos por los que optan las mujeres con hijos.

Las mujeres representan el 64,5% de los empleados públicos de la Administración andaluza, frente al 35,5% de hombres

Esto explica también por qué, aunque las mujeres representan el 64,5% de los empleados públicos de la Administración andaluza (frente al 35,5% de hombres), el equilibrio se invierte cuando se observa al personal directivo de los entes instrumentales de la Junta: de los 185 altos cargos, el 66,5% son hombres y el 33,5% mujeres.

En los últimos años, la crisis ha obligado a reestructurar varias veces las consejerías del Gobierno autonómico, dando lugar a “un aumento de la sobrerrepresentación de los hombres en los equipos directivos”. En el primer Ejecutivo andaluz presidido por una mujer (Susana Díaz), los cambios organizativos “han provocado una menor presencia de mujeres entre el personal alto cargo respecto del año anterior”, dice el informe. “Únicamente en la Consejería de Cultura y en la de Igualdad y Políticas Sociales se registra un mayor protagonismo femenino en los puestos de categorías superiores”.

Las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de acceder a los puestos de mayor responsabilidad dentro del funcionariado se reflejan en la menor presencia de estas cuanto más aumenta la edad del personal. A más edad, el funcionario ostenta más responsabilidad laboral, y la mujer menos. “La edad media de los hombres que ocupan los niveles retributivos superiores (51,3 años) sigue siendo en 2016 mayor que la de las mujeres (48,8), como reflejo de una distribución equilibrada en las edades más tempranas y altamente masculinizada entre el personal de más edad, en un contexto donde el 56% del personal de los equipos directivos de la Junta supera los 50 años.

Entre el personal que cubre los puestos de los niveles superiores todavía se observa que la existencia de hijos limitan la presencia femenina en estos cargos. No obstante, la categoría laboral con un equilibrio más igualitario entre hombres y mujeres es precisamente la de los altos cargos, resultando prácticamente paritaria y con menor segregación horizontal, donde se observa una brecha salarial de género menor y de signo invertido. Aquí, las retribuciones de las mujeres directivas son superiores a las de los hombres.

Otro factor que evidencia la brecha salarial en la Junta de Andalucía son los permisos, mucho más utilizados por las funcionarias (sobre todo en edades fértiles y con dos o más hijos) que por sus compañeros. El permiso de reducción de jornada, por ejemplo, lo solicitan un 44% más las mujeres que los hombres, y si tienen dos o más hijos, la brecha supera el 50%.

Además de multas, la Junta quiere vetar el acceso a subvenciones y convenios a las empresas que discriminen a sus trabajadoras

Toda esta realidad, por tanto, choca con las expectativas de la futura Ley andaluza para la Promoción de Igualdad de Género, una norma que quiere atajar la discriminación salarial en el sector privado, cuando aún existe en el público. La futura ley prevé la elaboración de un plan autonómico específico que actúe en la reducción y eliminación de la desigualdad salarial, para lo cual se articulará un proceso de vigilancia y seguimiento por parte de todas las administraciones.

Además de multas económicas, el Gobierno andaluz quiere vetar el acceso a subvenciones públicas y convenios a aquellas empresas que discriminan a sus trabajadoras. Desde la Consejería de Empleo aseguran que la Junta de Andalucía ha exprimido al máximo su nivel de competencias en el ámbito laboral para endurecer el régimen sancionador, aunque esperan que las multas ejerzan un efecto disuasivo a comportamientos machistas en el sector privado empresarial. Entretanto, la asignatura pendiente seguirá siendo la propia Administración pública, donde las mujeres reciben salarios menores, no por una discriminación directa (que prohíbe la ley), sino como resultado del conjunto de prácticas y dinámicas sociales aparentemente neutras que les afecta a ellas en su carrera laboral, posicionándolas en una situación de desigualdad y desventaja.

Según Eurostat, la brecha salarial de género para España en 2014 fue del 18,8%, diferenciándose el sector público donde se cifraba en 14,7% frente al 21,8% del sector privado.