BARCELONA.- La conocida como ley Wert (Ley Orgánica 8/2013) fue la propuesta del Partido Popular en educación. La LOMCE se creó sin diálogo con la comunidad educativa y está marcada por diferentes medidas polémicas. Desde quien la tacha de ideología, con mayor peso a la religión católica y desprecio a las humanidades, hasta su tendencia a favorecer la educación privada y concertada. Pero junto a la ley también vinieron recortes sociales. Un cóctel que provocó una Marea Verde que alertaba de esta situación. En lugar de atender a sus peticiones, algunas comunidades autónomas incluso iniciaron una campaña de descrédito hacia los profesores.

Han sido tres años de cambios, con presión para profesorado y alumnos. Les exigen alto rendimiento y buenos resultados. ¿Cómo conseguirlos? Complicado, según sus afectados, porque no va a ser fácil recuperar lo perdido. Y, todo ello sin olvidar una universidad pública en busca de rentabilidad y marcada por la subida de tasas. La educación en España sigue siendo la asignatura pendiente y por ahora, no tiene perspectivas de mejora.

“La educación se ha trasformado en ideología y política. Hasta que no se haga un pacto educativo que deje la ideología al lado no se va a convertir en una prioridad. Aunque tuvieran mayoría absoluta, la LOMCE no fue negociada”, sostiene Sonia García, de ANPE.

Para María Acaso, profesora e investigadora, la marginalización de las asignaturas relacionadas con las artes en general tiene un claro origen político. Aún recuerda cuando el ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo la frase: “La educación artística distrae de las demás asignaturas”. Para ella, esa declaración resume la política educativa del PP sobre las humanidades en general. Esta profesora refleja investigaciones que demuestra la necesidad de que los alumnos, sobre todo en Secundaria, aprendan “a leer imágenes en un mundo audiovisual, y con capacidad crítica. Cuando los consumidores no son capaces de descodificar las imágenes y tomar decisiones, los estados y las corporaciones nos tienen en sus manos. Sólo las asignaturas relacionadas con las humanidades, como Filosofía o Historia, son las que generan un conocimiento propio sobre lo que nos rodea. Por esta razón la LOMCE las suprime, para impedir el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela y formar consumidores ávidos. Digamos que, con la LOMCE, el PP lo que está haciendo es formar a sus futuros votantes y futuros consumidores de las multinacionales”, concluye.

Los cambios con más impacto fueron el aumento de las ratios, del horario lectivo, retirar la paga extra a docentes, congelación de sueldo, y la paralización del empleo público. El sindicato ANPE añade que se han perdido unos 26000 profesores en la escuela pública y que ha aumentado el número de interinos, ante la falta de oposiciones. “Tenemos tasas de interinos superiores al 20%, cuando no deben superar el 6%. Luego, un dato importante… En la memoria del Consejo Escolar se detalla que más del 35% de los profesores tienen más de 50 años, así que en diez años se jubilarán más de 200.000 profesores. Si queremos que la educación sea una prioridad debe centrarse en estas prioridades”, relata Nicolás Fernández, presidente de ANPE.

“Hay más de 70.000 puestos precarios, con jornadas parciales, no se aumentan profesionales y se recorta en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, lo que supone la precariedad de la red de educación especial, de las ACES y de la aulas de enlace que casi han desaparecido”

Colectivos más vulnerables también padecieron recortes en servicios de orientación, logopedia o pedagogía. “Se atenta contra la atención individualizada del alumno, a la vez que se ha aumentado la ratio”, mantiene García, de ANPE. “Hay más de 70.000 puestos precarios, con jornadas parciales, no se aumentan profesionales y se recorta en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje… lo que supone la precariedad de la red de educación especial, de las ACES y de la aulas de enlace que casi han desaparecido; junto con bibliotecas y proyectos de innovación. En definitiva, falta de recursos para atender la diversidad”, sentencia Sandra Villa, de Mareas por la Educación Pública.

Una de las novedades de la LOMCE tuvo que ver con la religión católica. Se convirtió en una asignatura optativa y evaluable. El año pasado, sindicatos como CCOO, ya mostraban que el número de los alumnos que elegían religión había aumentado un 150%. ¿Las razones? “Cuenta para la nota media y percibe como una asignatura fácil, y eso cuenta para todo, como becas o promoción”, según Beatriz Quirós, de la confederación STEs. Y añade una consideración: “Según datos de la propia Iglesia, hay unos 15000 profesores de religión católica. Si lo multiplicas por unos salarios de 30000 euros al año, salen 450 millones de euros que se destinan sólo al pago del profesorado de religión católica. Es una cantidad mareante si tenemos en cuenta todos los recortes educativos y vemos cuánto cuesta el adoctrinamiento del alumnado”, remarca. También incide en que la asignatura cuenta con algunos atractivos para los estudiantes como viajes o que las calificaciones suelen ser elevadas.

Fernando Arribas, de la asociación Yo Estudié en la Pública, explica cómo clases de secundaria han pasado de 30 a 36 alumnos; o en bachillerato de 36 a 42 alumnos. “Esto genera desigualdad y masificación en las aulas, incluso con el cierre de algunas como Getafe o Vallecas. Y deriva a la concertada. La libertad de elección no se aplica, sino que se restringe, lo que obliga a otros alumnos a tener que marchar a la concertada”.

Beatríz Quirós, de STEs, recuerda que los recortes han ido a parar sólo a la red pública educativa porque “en la privada y concertada se ha aumentado de manera exponencial, donde se han mantenido los conciertos. Un 70% de los alumnos está en la escuela pública, y el resto en la privada–concertada. Es anómalo en Europa porque incrementa la desigualdad y la exclusión del alumnado más desfavorecido”, mantiene.

Otro apunte: los recortes han paralizado la construcción de centros de alumnos de 0 a 3 años, o la ausencia de mantenimiento de otros centros, más envejecidos; donde “sólo la voluntad del profesorado permite paliar una pequeña parte de esas deficiencias”, subraya Quirós.

Para llevar a cabo una nueva ley de educación, hace falta un plan económico. Excepto la última subida en los Presupuestos Generales del Estado de cara al año electoral, el colectivo de la educación en España ha sufrido un fuerte hachazo en los últimos años.

Se han perdido unos 7 mil millones de euros de inversión en educación. Respecto al PIB nos mantenemos en unos niveles medios del 4,6% pero Bruselas pide el 3,9% y eso no es una buena noticia”

“Los cambios ya empezaron en el año 2010. Calculamos que se han perdido unos 7 mil millones de euros de inversión. Respecto al PIB nos mantenemos en unos niveles medios del 4,6% pero Bruselas pide el 3,9% y eso no es una buena noticia”, comenta Fernández, de ANPE. Reclama, ante todo, que junto a la ley educativa se aplique “una ley de financiación paralela”. Sin una financiación real, que no sea una simple “memoria” no se podrán enfrentar los retos del sistema educativo.

Como excusa para estos cambios, siempre se ha llevado a discusión el polémico informe PISA, que critica el nivel educativo de los alumnos españoles. Pero diversos colectivos cuestionan este baremo. Primero, por cuestiones socioculturales. Segundo, por la pura inversión en el sistema. “Con un gasto en educación de poco más del 4% del PIB, y nos iremos al 3.9 de Bruselas, y con las ratios marcadas, no podemos pretender estar bien en ese ranking y mejorar el fracaso escolar”, matiza Arribas, de la asociación Yo Estudié en la Pública.

Desde este colectivo piden crear un observatorio en educación que mida con otras variables, más allá de la calificación de unas asignaturas concretas. Y, que en ello, existan otros agentes en el debate. “José Antonio Marina fue nombrado por el ministro de Educación y se le acredita como el salvador de este tema. Creemos que no tiene legitimidad y pedimos que el verdadero dialogo no caiga en una sola persona, sino en un pacto global”, afirma.

Las reválidas de secundaria van suponer un obstáculo para la continuidad de los alumnos en estudios superiores, porque “es una prueba única para todos y no se valora procedencia ni nivel sociocultural”

“Primero habría que matizar que no todas las reválidas deben llamarse así. En sexto no hay reválida. Es una prueba externa sin efecto académico y la compartimos, pero no para hacer ranking de centro. Sí existe en 4º de la ESO, donde creemos que la evaluación continua debe ser en el centro; y en 2º de Bachillerato, y esa sí nos parece razonable”, determina Fernández, de ANPE.

Arribas, de Yo Estudié en la Pública, conoce estas pruebas por sus hijos: “Fueron exámenes de cuatro horas y media de duración, para niños de 8 y 11 años, y mis hijos decían que estaban agotados. Los enunciados eran de seis o siete líneas cuando pedagógicamente se sabe que no estaban adaptados para esas edades”, explica. Denuncia que las reválidas de secundaria sí que van suponer un obstáculo para la continuidad de los alumnos en estudios superiores, porque “es una prueba única para todos y no se valora procedencia ni nivel sociocultural”.

La anterior FP de grado superior tenía dos años académicos. En los últimos tres meses del curso, el alumno recibía formación práctica en centros de trabajo. Pero la LOMCE cambia estos periodos. Ahora, la parte docente se concreta sólo en el primer año. Y los tres meses de prácticas pasan a un año completo.

“Es peor porque comprimes toda la teoría de dos años en uno, y luego, aunque den un pequeño incentivo a modo de beca se pueden crear sustituciones de puestos de trabajo reales por un contrato precario, que desempeñan estos alumnos”, considera Arribas, de Yo Estudié en la Pública.

Rocío Anguita, profesora de la universidad de Valladolid, pone sobre la mesa una cifra: el descenso de un 70% de financiación en la universidad. ¿En qué se ha traducido? En profesorado afectado por los recortes, la falta de reposición, más docentes asociados sin reunir esa condición en realidad y que los propios estudiantes han debido cubrir con su bolsillo parte de ese déficit. Y eso se consigue de dos maneras.

Primero, las tasas. Diferentes decretos han conseguido un aumento del coste de los estudios universitarios de hasta un 158% entre 2008 y 2013, según la CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas). Eso crea diferencias como ésta: matricularse en una carrera en España cuesta unos 1.100 euros, mientras que en Alemania se reduce a 50 euros. Juventud Sin Futuro apunta que 100.000 estudiantes han abandonado los estudios universitarios por no tener recursos económicos. Calculan que los grados han aumentado en coste un 32%, y un 75% el máster, desde 2012.

Sólo un 29% de los estudiantes universitarios ha conseguido alguna ayuda del Gobierno

Segundo, las becas. Juventud Sin Futuro indica que España ocupa el puesto 23 de una lista de 37 países europeos en ayudas, y denuncian que el endurecimiento de acceso a esas becas y su reducción hace que muchos alumnos ni siquiera se planteen estos estudios.

“Dicen que han dado más becas, pero son de menor cuantía. Hay gente que viven en medios rurales y tienen a la universidad a 200 km y se tienen que marchar de casa obligatoriamente. Suben las tasas y bajan las rentas, y eso expulsa a las clases populares de la universidad, como antiguamente”, añade Anguita. En concreto, según un informe de CCOO, sólo un 29% de los estudiantes universitarios ha conseguido alguna ayuda del Gobierno. Un panorama que “limita igualdad de oportunidades, en un país en el que su inversión en becas es de un 0,11% del PIB, frente al 0,31% de la media de la OCDE. Los diferentes decretos han supuesto un cambio del sistema universitario sin el pueblo y de espaldas al pueblo”, añaden Gorka Martínez y Luis Cereijo, de la CREUP.

Sandra Villa, de Mareas por la Educación Pública, recuerda que también se han aumentado las tasas en FP, Escuelas Oficiales de Idiomas y escuelas infantiles, junto con el maltrato a las enseñanzas artísticas.

En estos últimos años han predominado ofertas bancarias que ofrecen productos para financiar carreras universitarias. “El Banco Santander es la única entidad que ha entrado en todas las universidades públicas españolas y latinoamericanas, de ahí esa tendencia americana de dar un préstamo al interés que ellos marcan. Sin embargo, en EEUU hay un mercado laboral que se mueve más, pero con los sueldos de aquí no puedes afrontar el pago de vivienda, comida y una cuota del préstamo. Sólo el que tenga capital económico mandará a sus hijos a la universidad y eso marcará una tendencia de privilegio para las élites”, manifiesta Anguita.

Otro dato es el futuro cierre de las titulaciones de humanidades, por lo que también dejará de existir investigación de humanidades y ciencias sociales. “Y esto se aplica porque la universidad deja de ser un servicio público y se gestiona sólo bajo criterios de rentabilidad. En diez años no nos va a reconocer nadie. La Educación Superior es una unidad de negocio, con un aumento de universidades privadas. Si el TTIP sigue adelante, esto se termina de desmantelar y entrarán las corporaciones”, concluye Anguita.