Lo sucedido el último viernes de septiembre en la huerta de Alboraia, localidad adosada al norte de la ciudad de València, ralla el disparate. Justo el mismo día que estaba convocada la huelga climática mundial, las excavadoras reducían a escombros el Forn de Barraca, una alquería centenaria que se había convertido en símbolo de resistencia ante el expansionismo urbanístico que se cierne sobre la huerta valenciana. Días antes, la alquería de Bayarri ya había corrido la misma suerte. Los derribos se enmarcan en las obras de ampliación de la autovía V-21, un proyecto que, a pesar de contar con un amplio rechazo popular, sigue adelante con el beneplácito del valenciano José Luis Ábalos, al mando del Ministerio de Fomento. La infraestructura prevé dejar tocados de muerte unos 62.000 metros cuadrados de huerta.

Tras más de diez días de acampada espontánea, talleres, conciertos improvisados, abrazos y solidaridad ciudadana, las máquinas se presentaron no sin antes desalojar a los manifestantes de manera desproporcionada, tal y como han denunciado los movimientos sociales. Se produjeron identificaciones, se dificultó el trabajo de la prensa y algunas personas acabaron lesionadas. Cuatro activistas fueron detenidos, siendo puestos en libertad con cargos unas horas después. La indignación provocada por tal actuación ha tenido eco en el mitin que el PSOE ha celebrado esta semana en València, donde los colectivos en defensa de la huerta fueron expulsados del acto en el momento en el que le recordaban al ministro en funciones Ábalos su responsabilidad. De nuevo, la jornada se saldó con identificaciones.  

Las entidades ecologistas recuerdan la contradicción que supone que el gobierno del Botànic sitúe la lucha contra la emergencia climática como eje de la legislatura y que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometa con una transición ecológica, al mismo tiempo que se autorizan proyectos que van en la línea contraria. Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, socios del PSOE en el Botànic, han vuelto a pedir la paralización de las obras. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha lamentado que no se les comunicase este derribo y, como en otras ocasiones, ha recordado que la ampliación de este acceso norte es competencia de la administración del Estado y que el Gobierno autonómico ha llegado donde ha podido. Una realidad, sin embargo, que lejos de hacerse valer como argumento, debería servir para replantearse los límites de las competencias autonómicas por lo que respecta a la capacidad de gestión del propio territorio e intereses.

Un PGE sin compasión

El capítulo del Forn de Barraca, a pesar de todo, está lejos de haber disuadido a aquellos que siguen empeñados en el viejo modelo de desarrollo a costa del territorio. Y no solo porque la ampliación de la V-21 conlleva dos propósitos más sobre las mismas coordenadas: la plataforma de la futura línea del AVE València-Barcelona y la estructura de acceso norte al puerto, la ampliación del cual se adjudicó a MSC también el mismo fatídico día del derribo. La plataforma Per L’Horta se lamenta que esto es solo la punta del iceberg y que los proyectos que amenazan la superficie agraria de Alboraia son mucho más extensos. El más inmediato de ellos: el nuevo Plan General Estructural (PGE) impulsado por el PSPV-PSOE de la localidad con el apoyo del PP.  

Caminata por la huerta de Alboraia realizada durante estos últimos días./ Per L'Horta

Si bien este plan rebaja algunas actuaciones respecto a la idea originaria expuesta por el PP en 2011, las dimensiones de su afectación hacen temblar a los colectivos. 264.000 metros cuadrados de huerta están en el punto de mira, cuatro veces más que la afectación de la V-21. Un PGE que el consistorio defiende como necesario para dotar de mejoras al municipio, entre las cuales se encuentran un nuevo instituto, parques públicos de ferias y eventos, el ensanchamiento de un polígono industrial, así como la optimización de las comunicaciones entre el centro histórico y el litoral. Per L’Horta denuncia que este plan prevé la construcción de 2.850 nuevas viviendas pensadas para acoger 7.130 habitantes, lo que incrementaría la población del municipio en un 30%. El litoral de Alboraia no quedaría al margen y también se vería gravemente afectado por la densificación.  

Una de las primeras dudas que surge ante esta intervención urbanística tiene que ver con el marco legislativo desarrollado por el Botànic, que supuestamente establecía la protección del suelo agrícola tras años de “pelotazos” que hipotecaron el paraje milenario valenciano. Tanto la Ley de la Huerta como el Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH) —aprobados en la legislatura anterior— fueron considerados avances muy necesarios, si bien mejorables, por parte de los colectivos ecologistas. Sin embargo, en su día ya se advirtió que había algunos descosidos. Y estos descosidos llevan el nombre de “zonas rurales comunes” o "zonas de reserva", es decir, los terrenos que se dejaron fuera de protección específica en aquellos términos municipales en que los ayuntamientos pujaron por ellos durante las negociaciones con las autoridades autonómicas. La reserva que se consiguió en Alboraia coincide plenamente con la actuación actual: 264.000 metros cuadrados excluidos de la normativa.  

"Es un fraude", califica Marc Ferri, miembro de Per L’Horta. Y añade: “Y más aún cuando la de Alboraia es una de las huertas más productivas actualmente. No es una cuestión romántica, es que hay familias que viven de la tierra y sus ingresos regulares dependen de ella”. Ferri subraya que la oposición al PGE ya está creando sinergias organizativas entre los agricultores, que tomarán forma de plataformas en cuestión de semanas. Decenas de organizaciones locales y comarcales se encuentran en alerta ante la operación. Per L’Horta, de momento, ya ha presentado alegaciones al plan. Su alternativa: la retirada del proyecto y la aprobación de un Plan de Participación Pública, que contemple las mejoras del municipio sin que ello implique arrasar huerta.  

Estrechar el cultivo

Alboraia es conocida como la capital de la horchata. Saliendo o entrando por la avenida de Catalunya de València, se pueden vislumbar los caballones de sus fértiles campos de chufa, el tubérculo que vino con los musulmanes, clave en la elaboración de la típica bebida valenciana. Es uno de los dieciséis pueblos de la comarca de L’Horta Nord en los que se cultiva esta planta. Actualmente, en esta extensión, se producen unos 5,3 millones de kilos de chufa seca al año, de los cuales un 90% están amparados por la Denominación de Origen. 

Los dos jóvenes que se han encaramado al tejado de la alquería Forn Barraca, en el término de Alboraia, para impedir su derribo, se abrazan antes de ser detenidos por la Guardia Civil. EFE/Manuel Bruque

Precisamente, otro de los organismos que se ha pronunciado públicamente en contra del PGE es el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de València. “Si nos restan superficie, nos quitan capacidad de producción”, razona Antonio José Gimeno, presidente de la entidad. En la alegación al proyecto, el Consejo Regulador ha dejado constancia de que no pueden mostrarse favorables a un plan que ocupa la huerta con fines urbanísticos y residenciales, teniendo en cuenta que el terreno para el cultivo ya es de por sí restringido. Gimeno pone el acento en la dificultad con la que ellos sí han topado cuando han propuesto la ampliación o la construcción de edificaciones dedicadas necesariamente a la práctica del cultivo tanto de la chufa como de las hortalizas que se producen en rotación (lavaderos, secaderos, almacenes…). Para el presidente, hay otras formas más transparentes de consensuar las dotaciones que el municipio requiere desarrollar, las cuales no deberían dificultar más las condiciones de los trabajadores de la tierra. 

La historia se repite

Y es que, en Alboraia, llueve sobre mojado. Desde principio de milenio, las operaciones inmobiliarias y otros despropósitos han sobrevolado intimidatorios sobre su tierra más preciada. Muy reciente en el tiempo —en verano de 2016— se sitúa la intentona de celebración del macrofestival de música electrónica Marenostrum encima del emblemático paraje de Els Peixets; un entorno, por cierto, amenazado también por el actual PGE a pesar de que, en teoría, la Lei de la Huerta garantiza su carácter agrario.  

Dos personas subidas en el techo de la alquería de Forn Barraca. / EFE (Manuel Bruque)

Una lectura atenta al capítulo correspondiente del libro La batalla de l’Horta (Sembra Llibres, 2016), del periodista Enric Llopis, muestra algunas de las luchas de los labradores locales afectados por las diversas ofensivas en el contexto del boom urbanístico. En la memoria colectiva resisten las fructíferas movilizaciones a partir de 2005 contra el traslado del centro comercial Alcampo a l’Horta de Vera y las recalificaciones del espacio liberado que dejaba la gran superficie con vistas a construir un gran puerto deportivo, hoteles y viviendas de lujo. La acción popular fue clave entonces para paralizar una depredación que se ensañaba, justo como ahora, sobre las venas abiertas del territorio.