No hay suficiente personal. Algunos de los centros de tutela de menores gestionados por organizaciones privada de la Comunidad de Madrid tienen apenas el 50% de la plantilla en activo debido a las bajas. En otros, la situación no es tan extrema, pero el número de trabajadores no alcanza el mínimo del cupo establecido por contrato y está muy lejos del requerido para la correcta atención de los menores. Así lo denuncia el sindicato Comisiones Obreras, que ha recibido quejas de los trabajadores de distintos centros que acogen a menores tutelados por la Comunidad de Madrid.

"No es un problema nuevo", afirma a Público Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de este sindicato en Madrid. "Viene siendo tradicional que las bajas que se dan en estos centros que gestionan empresas privadas gracias a un contrato con la administración regional, no se sustituyan o que se haga con mucho retraso. Pero esto se ha agudizado de forma exponencial en los últimos meses debido a los contagios por la covid y estas bajas se vienen a sumar a las otras que son habituales".

No se trata de simplemente de un problema laboral. La falta de personal afecta directamente en el bienestar de los menores tutelados en estos centros y provoca situaciones de desprotección "muy preocupantes", según el sindicato. 

Madrid tiene un total de 4.000 menores bajo su tutela, de los que el 60% viven en entornos familiares y el resto lo hace en la red de 83 centros de distintas características que tiene la comunidad de Madrid. La mayoría de ellos (el 60%) gestionados por empresas o fundaciones privadas. 

La pandemia exacerba los problemas

"La pandemia ha puesto de manifiesto fallos y errores en estos centros, que tienen que como consecuencia la desprotección de menores y la precariedad de los trabajadores. En condiciones normales estos centros funcionan con el personal justo, lo que repercute en la protección de los usuarios, como se ha podido ver recientemente en el caso de las niñas rescatadas por la Policía de una red de explotación sexual y tráfico de drogas", explica Rodrigo Andújar, educador social en un piso tutelado y delegado sindical de CCOO. Al menos cuatro de estas menores estaban acogidas en el centro Picón de Jarama, que regenta una fundación privada.

Este profesional añade que ahora las bajas por covid han agravado el problema hasta crear "situaciones insostenibles" y que el personal no se está sustituyendo. Bien por la dificultad de contratar a personal, o por la falta de interés por parte de las empresas que los gestionan y de la administración regional. Esta situación está teniendo tanto repercusiones en la protección de los menores, como en la salud mental de los trabajadores, que en ocasiones tienen que doblar turnos si hay un trabajador de baja. "Si se ponen de baja dos el esfuerzo que recae sobre el personal mucho mayor, y si son tres la situación se vuelve imposible", abunda este educador.

La apuesta por la externalización de servicios

El problema principal radica en la apuesta que se ha hecho en la región por un modelo que está externalizado, es decir, cedido a fundaciones y empresas que consiguen las contratas acudiendo a conciertos y licitaciones en los que lo que prima es el menor coste y los conciertos a la baja, denuncian desde el sindicato. Esto acaba en condiciones de licitación que se consideran "temerarias" y que "van a mínimos, tanto en relación a las plantillas, como en los costes de atención a los menores acogidos".

Un problema añadido que tiene este modelo, al menos en la Comunidad de Madrid, es "la dejación absoluta de sus funciones que hace el Gobierno regional en estos casos. Esta es una marca de la casa, pero se ha agudizado con la presidencia de Ayuso. La empresa consiguen el servicio y a partir de ahí hace lo que quiere sin que la consejería encargada vele por que se cumplan los convenios", afirma Galvín. 

La precariedad en las condiciones del personal que debe atender a los menores tutelados tiene como consecuencia, además, que estos centros carezcan de equipos cohesionados y permanentes. "Que haya un equipo profesional y asentado es una de las claves para una buena atención a los menores, porque éstos necesitan estabilidad y referentes. Sin embargo, la precariedad laboral obliga a los trabajadores a buscar condiciones mejores y a moverse con mucha frecuencia y esto repercute de forma negativa en la intervención y en estos recursos. La falta de personal es un problema de la precariedad en la que vive este sector", añade Andújar.

Por eso, desde el sindicato exigen que la Comunidad de Madrid "debe garantizar el cumplimiento de los contratos públicos y velar por la protección, atención y cuidado de los menores que están bajo su tutela. Pero lejos de responsabilizarse de esta situación tan problemática, permite ataques indiscriminados de los sectores ultraderechistas y mediáticos a estos centros y a los niños y niñas que los habitan", concluye Galvín.